El Ejecutivo poblano actuó para satisfacer la venganza de Kamel Nacif, señala
Marín concertó con autoridades contra Lydia Cacho, dictamina el ministro Silva
El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de encabezar el “concierto de autoridades, las inconsistencias, contradicciones y falsedades” en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, señaló el ministro instructor Juan N. Silva Mesa, al iniciarse ayer la discusión sobre este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Silva señaló que las acciones fueron concretadas por instrucciones u órdenes de Marín Torres para dar satisfacción a la venganza del empresario textil Kamel Nacif.
Responsabilizó al gobernador poblano de la existencia de irregularidades, alteraciones, falsedades, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de particulares “en todas las etapas de proceso legal” radicado en Puebla contra la periodista.
Por su parte, Genaro Góngora Pimentel evidenció la conducta de Marín durante la pesquisa, al ser el único que compareció por escrito, que se negó a responder verbalmente y que cuando fue requerido por Silva para que se condujera con verdad durante su comparecencia, el gobernador al verse “acorralado” contestó “con un poco categórico ‘desde luego’”, evadiendo así la solemnidad que debería tener su respuesta, pues de ésta depende ser responsable de declarar “con falsedad”.
A diferencia del ministro instructor, quien dijo que la conversación entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que éste prometió una “botella bellísima” a Marín por haber dado un “coscorrón” a la periodista, no había sido considerada como prueba de culpabilidad del funcionario, sino como base para la hipótesis de la acción concertada, Góngora convalidó el uso de dicha conversación para inculpar al poblano de violar los principios democráticos de federalismo, división de poderes e independencia judicial.
Sostuvo que la autora del libro Los demonios del Edén fue torturada sicológicamente durante el trayecto de 20 horas, desde su detención ilegal en Cancún, Quintana Roo, hasta la ciudad de Puebla.
Góngora inició su intervención con una “pequeña historia”: leyó completa la transcripción de la conversación entre Marín y Kamel Nacif, reproduciendo cada palabra del lenguaje soez de ambos personajes.
“No cito autor ni título de esta historia, porque es del dominio popular, todo México la conoce. Es más, muchos celulares no suenan con timbres o campanitas, sino con esta conversación.” Y en alusión a sus compañeros que no comparten su opinión, añadió: “Todos escucharon esa conversación, pero algunos opinan que nosotros tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia”.
Reivindicó el derecho a la verdad y criticó la intención de Marín de provocar “un efecto amedrentador” contra la libertad de expresión para acallar la información de interés público, como son las redes de pederastia.
“¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar libros por temor a una represalia como la que sufrió Lydia Cacho, máxime viendo que a casi dos años de los sucesos los responsables siguen impunes?, es algo que nunca sabremos y por ello es una tragedia para la libertad de expresión.”
Silva asentó en su dictamen, cuyo contenido adelantó este diario el miércoles pasado, que el Congreso de la Unión es competente para actuar en el caso Marín (sobre la procedencia del juicio político en su contra); las legislaturas de Puebla y Quintana Roo; el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; el Ministerio Público de Puebla y el de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados para abordar el asunto de la existencia de redes de pederastia, y los poderes ejecutivos federal y estatales.
En amplia exposición inicial, detalló las razones por las que determinó la responsabilidad del gobernador poblano. Apuntó que “se identificaron claramente las irregularidades” en la averiguación previa de la demanda que Kamel Nacif interpuso contra Lydia Cacho por los delitos de calumnia y difamación por la publicación del libro de la periodista sobre las redes de pederastia; la doble radicación y trámite en el juzgado penal, la ejecución de la orden de aprehensión y el recurso de reclamación de la periodista ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Dejó claro que en la investigación que encabezó “se hizo uso de todos, sí, de todos los medios legales a su alcance” para realizar la indagatoria; además de la declaración de 117 personas y la revisión de expedientes.
Los hechos, subrayó, demuestran la hipótesis a verificar en el sentido de que las acciones fueron llevadas a cabo por instrucciones u órdenes del Ejecutivo poblano, para dar satisfacción a la venganza de Kamel Nacif, quien se sintió agraviado por la publicación del libro citado. Todo se hizo “para vulnerar los derechos de la indiciada, a fin de beneficiar al querellante, amigo del gobernador del estado de Puebla”.
Puso énfasis en las contradicciones en que incurrieron los funcionarios involucrados ante la Comisión Investigadora, aspectos “plenamente demostrados en el curso de la investigación”, que tuvieron el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la pesquisa ordenada por la Corte.
Lo anterior corrobora la hipótesis a verificar, derivada de la conocida conversación voluntaria, cuya veracidad no fue puesta en duda por Marín. Concretamente en la frase de Marín: “ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón” a Cacho Ribeiro, y la expresión de Nacif: “yo te hablé para darte las gracias, de lo que hiciste”.
Respecto de los telefonemas entre subalternos de Marín con personal de la procuraduría y del tribunal de Puebla, antes y después de momentos clave para el caso de la periodista, Silva dijo que “no se explica por qué algunos funcionarios negaron haber tenido esas conversaciones”, siendo que las empresas de telecomunicaciones confirmaron la existencia de las mismas.
En cuanto a la pederastia, el documento que leyó Silva Meza advierte que lo relevado en el libro en cuestión, “sólo es una mínima parte de los abusos que sufren menores de edad en el país”, y que la pederastia y la explotación infantil son “un grave problema que motiva a actuar y responder”.
Sostuvo que, pese a la insistencia del pleno de que se le concediera la garantía de “audiencia” a Marín y a los otros 18 funcionarios responsables de la violación de garantías, éstos en sus alegatos no desvirtuaron los señalamientos en su contra. Lo que ratificó el sentido de su informe del 26 de junio pasado, que fue rechazado por la mayoría, porque a los funcionarios involucrados no se les habían respetado sus derechos constitucionales.
Tras las intervenciones de Góngora y Silva, ayer en la Corte había incertidumbre sobre el sentido del voto de los otros ministros, aunque para muchos se antoja difícil que el pleno adopte una decisión que sería histórica contra la impunidad. La sesión continúa hoy.
Principales implicados
Principales funcionarios involucrados en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho:
Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla; Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado del gobernador; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Blanca Laura Villeda Ayala, procuradora de Puebla; Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla; Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Rosa Celia Pérez González, juez quinto penal con sede en Puebla, y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, procurador de Quintana Roo.