“Hay que cumplir proceso para homologar normas”
Demanda ONG que se publique reglamento de ley contra maltrato
En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio demandó la publicación del reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que se cumpla el proceso de armonización legislativa en los estados, ya que hay una “insultante impunidad” porque las autoridades no investigan, persiguen ni sancionan “suficientemente” los delitos que vulneran la seguridad de éstas, quebrantando así sus derechos humanos.
El Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad en México indica que la probabilidad de que el Ministerio Público –local o federal– integre efectivamente una averiguación previa y, en consecuencia, se detenga a un delincuente y sea presentado ante un juez es de aproximadamente 1.8 por ciento. Es decir, por lo cual la impunidad en cualquier tipo de ilícito en México es de aproximadamente 98.2 por ciento, sostuvo la agrupación, en la cual participan organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos.
La agresión institucional es la más grave, ya que las mujeres afrontan discriminación por actos omisos de algunos servidores públicos, dilación en la atención de la violencia y obstaculización de la verdad histórica en los feminicidios. “La violencia se expande como cáncer social, con la que se trata de despojar a las mujeres de espacios vitales. Eso sucedió con las violadas de Atenco, Castaños, Oaxaca y Michoacán, donde han sido tomadas como botín de guerra no declarada, producto de la inconstitucional militarización”, abundó el Observatorio Ciudadano.
Agregó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en 2006 se presentaron 30 millones de casos de violencia contra las mujeres y no se ha estudiado a profundidad el “tipificado suceso” de la desaparición de mujeres. “Las autoridades no investigan, persiguen ni sancionan suficientemente los delitos que vulneran la seguridad de ellas”, resaltó.
Por ello, apremió a que se apliquen en el país las recomendaciones jurídicamente vinculantes que han sido emitidas por organismos internacionales de protección de los derechos humanos; se asignen las partidas presupuestales necesarias para llevar a cabo las acciones establecidas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se cumpla el proceso de armonización legislativa en los estados, ya que, por ejemplo en Nuevo León, Chihuahua y Chiapas, se han aprobado normas locales fuera del contexto y del espíritu de la citada ley, contraviniendo derechos y omitiendo responsabilidades de las autoridades estatales para prevenir y erradicar la violencia de género y el feminicidio.
La ley, destacó la agrupación en un comunicado, no se puede ejercer debido a la indiferencia, omisión e indolencia gubernamental ante la realidad que viven las mujeres en el país, y se convierte en un acto más de agresión institucional contra todas ellas, lo cual “no debe quedar impune”, añadió.
Por su parte, la presidenta de la Red de Mujeres de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social, Rocío Bedolla Tamayo, comentó que 47 por ciento de quienes viven en pareja sufren violencia conyugal, física, sexual o patrimonial. Por ello, apuntó, continúa vigente la exigencia de justicia.
En el país, abundó, hay 75 municipios considerados “focos rojos”, entre ellos algunos ubicados en el estado de México, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Chihuahua y Sinaloa, donde la violencia contra las mujeres registra alto nivel.