Poderes fácticos o poderes constituidos
Los propietarios de los medios de comunicación de radio y televisión piensan que por haber contribuido tan eficazmente en favor de Felipe Calderón, para que éste asumiera, a pesar del fraude electoral, la Presidencia de la República, están ahora autorizados para desafiar a la ley y a los poderes constituidos. Es por eso que, especialmente los agrupados en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, se han lanzado en contra de las modificaciones a la legislación electoral que pretenden evitar sus abusos durante las campañas políticas.
No es posible que la sociedad y los partidos en que se agrupan sus integrantes puedan aceptar cruzados de brazos que los grandes consorcios de radio y televisión sean los árbitros de la política nacional, los que decidan quién debe ganar y quién debe perder las elecciones, y los que tachen de bueno o malo, de peligroso o de inofensivo a uno u otro candidato, como hicieron impunemente en los comicios de 2006.
Durante la campaña de ese año no sólo pudieron llenar al tope sus arcas, con el alto costo de los anuncios pagados por partidos y candidatos, si no que atemorizaron a tal grado a los políticos que lograron que les aprobaran entonces una ley que los favorecían en forma injusta y desproporcionada.
Fueron unos pocos ex senadores, encabezados por Javier Corral y Manuel Bartlett, quienes lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echara abajo las disposiciones inicuas; sin embargo, hoy que se están modificando ya algunas que todavía se conservan de la que con razón fue llamada la ley Televisa, ponen el grito en el cielo y se enfrentan al Poder Legislativo, constituido legalmente y representante de la nación, como si ellos tuvieran autoridad legal o moral para hacerlo.
Alegan que hay un atentado en contra de la libertad de expresión y se rasgan las vestiduras porque los legisladores pretenden conferir al Instituto Federal Electoral la facultad de supervisar y vigilar el papel que desempeñen las poderosas cadenas de radio y televisión en los procesos electorales.
Lamentablemente han sido en buena medida los mismos políticos y sus partidos quienes han permitido que los empresarios hayan incrementado su poder, al grado de que se atreven a desafiar tanto a la ley como a las autoridades que la representan; no hay que olvidar que uno de los altos funcionarios de Tv Azteca es senador por el PRI y por supuesto en el ejercicio de su mandato constitucional tendrá que tomar en cuenta los intereses, los criterios y las finalidades que persigan sus patrones cuando participe en la discusión o en la votación del proyecto.
No hay que olvidar tampoco que la teoría del sistema parlamentario y legislativo del mundo moderno y los principios políticos y jurídicos que lo rigen, establecen con toda claridad que los legisladores son representantes de la nación, ni siquiera de sus propios partidos, ni de sus distritos electorales o de sus entidades; tampoco son representantes de su clase social o de su sector económico, mucho menos pueden serlo de sus empresas; ya tuvimos bastante con los senadores litigantes que aprovechaban sus escaños para obtener resoluciones favorables a sus clientes, para que ahora aparezcan legisladores convertidos en gestores de las empresas que los comisionaron a participar en la vida pública del país.
Está el país, sin duda, en un momento muy importante en que se verá si las presiones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión tienen más fuerza que la nación entera representada por sus legisladores; sería muy lamentable que éstos se dejaran envolver o intimidar y doblaran las manos ante este poder fáctico que si no es frenado, seguirá creciendo sin medida.
Ya no se trata, como decía uno de los dueños de las televisoras en el pasado, de ser soldado del presidente, ahora parece que las grandes cadenas pretenden tener dentro de sus tropas obedientes y disciplinadas de soldados, cabos o sargentos, no sólo a presidentes de la República, sino a senadores y diputados.