Este martes los ministros definirán su posición respecto al dictamen de Silva Meza
Poco probable, que la Corte señale a Mario Marín como autor del acoso a Lydia Cacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dispone este lunes a iniciar la discusión del caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, y aunque el nuevo dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza propone señalar al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, como responsable directo de la violación grave de las garantías individuales de la autora de libro Los demonios del Edén, por haber violentado los principios de federalismo y división de poderes, hasta este fin de semana el proyecto apenas alcanzaba el aval, en su totalidad, de dos ministros, revelaron funcionarios de primer nivel del máximo tribunal.
Es probable que otros dos ministros se adhieran de manera parcial al dictamen, lo que sería insuficiente para que pueda prosperar.
Se prevé que el martes sea la votación final, en la cual la mayoría de ministros coincidan en que no existen elementos suficientes para señalar al llamado gober precioso como el responsable de la violación de las garantías individuales de la comunicadora.
Trascendió que quienes no correrán la misma suerte serán funcionarios de los gobiernos de Puebla y Quintana Roo, entre ellos los procuradores de ambas entidades, Blanca Laura Villeda y Bello Melchor Rodríguez, respectivamente; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido; la juez del fuero común Rosa Celia Pérez –quien ordenó aprehender a Cacho–, así como los policías que detuvieron en Cancún a la escritora –en diciembre de 2005– y la trasladaron a una cárcel de Puebla.
Es probable que sobre estos funcionarios sí recaiga un señalamiento del pleno de la Corte de que se confabularon para afectar las garantías individuales de la comunicadora.
En tanto, los penalistas Xavier Olea Peláez y Alonso Aguilar Zínser –el primero defensor de Lydia Cacho y el segundo asesor legal del gobernador Marín Torres– aseguraron ayer a La Jornada que desconocen el sentido en que votarán los 11 ministros, pero aseguraron que respetarán el fallo del máximo tribunal.
De su lado, ministros y funcionarios de la Suprema Corte consultados por este diario revelaron que un elemento que abona a favor del criterio mayoritario –respecto a no señalar a Mario Marín como el responsable de los hechos investigados varios meses por la Corte– es que en el documento que se discutirá a partir de hoy en el pleno no hay una referencia directa de algún funcionario poblano en el sentido de haber recibido la encomienda directa del titular del Ejecutivo de Puebla para afectar a Lydia Cacho.
El contenido del segundo dictamen elaborado por Silva Meza lo reveló La Jornada el pasado miércoles. Según las fuentes consultadas por este diario, el ministro ponente considera que existen elementos suficientes que demuestran la confabulación de autoridades de procuración e impartición de justicia de Puebla y Quintana Roo en la violación de los derechos de la periodista, y que Mario Marín es el principal artífice de estos hechos.
Aunque el informe final del ministro Silva Meza no cambió en lo esencial, lo cual está plasmado en los “considerandos” del resolutivo, sí fueron modificados los “resultandos”.
De hecho, el objetivo de la nueva redacción busca evitar que los ministros –la mayoría– que consideran que la Corte no debe asumir funciones de Ministerio Público cuando ejerce su facultad de investigación, impulsen y aprueben el proyecto con mayoría simple.
Esta situación fue la que hace cuatro meses entrampó el dictamen preliminar durante su discusión en el pleno. La mayoría de los 11 ministros –sólo Genaro Góngora Pimentel y Sergio Valls Hernández apoyaron las conclusiones– consideró un “exceso” los planteamientos expuestos por Silva Meza, además de que determinó que no se podía concluir el informe sin haber garantizado el derecho de audiencia de los funcionarios investigados.
La oposición mayoritaria al dictamen preliminar se dio porque la comisión investigadora proponía que el mandatario poblano fuera sometido a juicio político en la Cámara de Diputados federal, por ser quien presuntamente organizó la confabulación de servidores públicos de esa entidad para detener e iniciar acción legal contra la comunicadora.