Diputados perredistas denuncian que ambos partidos son presionados por cabilderos
Pactan PRI y PAN congelar iniciativa que endurece sanciones a monopolios
La propuesta fue presentada por el PRD y modifica la Ley Federal de Competencia Económica
En acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN), el coordinador del Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón, determinó impedir que se votara en el pleno el dictamen de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, que pretendía incrementar las sanciones a las empresas que ejercieran prácticas monopólicas en el país.
Gamboa operó para que la Junta de Coordinación Política solicitara a la mesa directiva no someter a votación la reforma, aun cuando el dictamen había sido considerado en primera lectura, y lo mismo hizo la presidenta de la Comisión de Economía, Adriana Rodríguez Vizcarra, en un oficio enviado a la presidenta de la Cámara, Ruth Zavaleta Salgado.
Ante ello, el diputado perredista Alejandro Sánchez Camacho –autor de la iniciativa– afirmó que Gamboa y la diputada panista están sometidos a las presiones de las grandes empresas, “porque quieren encubrir y resguardar los intereses de las grandes corporaciones monopólicas en México”.
Tanto Gamboa como Rodríguez Vizcarra regresaron a comisiones el dictamen que había sido aprobado el 23 de octubre pasado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y dos días después se presentó al pleno en primera lectura, pero el 30 del mismo mes ya no apareció en la Gaceta Parlamentaria para ser sometido a votación ese día.
Ello ocurrió debido a que el 29 de octubre los ocho coordinadores parlamentarios enviaron –por presiones de Gamboa– una comunicación a Ruth Zavaleta para solicitar “posponer la segunda lectura, discusión y votación del siguiente dictamen registrado en el orden del día de la sesión del 30 de octubre de 2007: de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica”.
El documento incluye la firma del coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Lázaro, Javier González Garza.
A pesar de que el dictamen se devolvió a la comisión sin que el pleno ni Sánchez Camacho fueran notificados, Rodríguez Vizcarra envió el 20 de noviembre pasado el oficio CE/1034/07 a Ruth Zavaleta, para “solicitar de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a efecto de que sea retirado del trámite de segunda lectura y se devuelva con sus firmas originales” a la comisión el mismo dictamen.
El argumento que la panista esgrimió fue el siguiente: “lo anterior, en virtud de que se desea realizar algunas correcciones al proyecto referido”.
Debido a que, denunció Sánchez Camacho, la solicitud de la Junta de Coordinación Política y de la legisladora de Acción Nacional es ilegal, Rodríguez Vizcarra envió un nuevo oficio a la presidenta de la mesa directiva y reculó en su propuesta: “me permito solicitar de la manera más atenta que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que no sea atendido (el oficio CE/1034/07), toda vez que se trató de un error”.
Sin embargo, aun cuando el 22 se llevó a cabo la sesión ordinaria, no se consideró el dictamen a votación.
Sánchez Camacho refirió que la presidenta de la comisión avaló y firmó el dictamen, pero lamentó que “cediera a los caprichos de los poderes fácticos para resguardar los intereses monopólicos, en contra del interés de todos los consumidores mexicanos. Lo que hizo fue ilegal”.
Denunció que tanto Rodríguez Vizcarra como Gamboa fueron “convencidos” de retirar el dictamen por empresas de cabilderos que actúan irregularmente en San Lázaro, entre ellas Políticas Públicas SC, así como por los negociadores que envió la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León.
Carlos Huerta, asesor económico de la diputación perredista, explicó que hasta el momento las grandes compañías en México persisten en prácticas monopólicas debido a que las sanciones vigentes “son ridículas, si se comparan con sus enormes ganancias”.