Editorial

Colombia: el intercambio no tendrá lugar

La mediación del presidente venezolano, Hugo Chávez, con la que se pretendía lograr un intercambio humanitario de prisioneros entre el gobierno de Bogotá y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), terminó en medio de una nueva crisis diplomática entre ambos países, luego de que Chávez ignoró los límites impuestos a su tarea por su homólogo colombiano, Álvaro Uribe, y éste dio por cancelada la negociación.

Como se recordará, ante las presiones domésticas y externas para que se llevara a cabo el intercambio mencionado, la intervención del mandatario de Venezuela fue solicitada por el propio Uribe en agosto pasado, y contó con el beneplácito del gobierno de Francia e, incluso, con el de Estados Unidos, países interesados en el canje porque hay ciudadanos suyos –la franco-colombiana Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, así como tres asesores militares estadunidenses– entre el grupo de secuestrados.

A pesar de las trabas y cortapisas establecidas por el Palacio de Nariño, en donde la gestión de Chávez fue asumida como un mal menor, e incluso como una necesaria concesión a la opinión pública nacional e internacional, la negociación mostró avances significativos. Ejemplo de esa renuencia es la férrea negativa de Uribe a retirar al ejército de un punto del territorio, por pequeño que fuera, para que pudiera tener lugar el canje. Con todo, este mes se llevó a cabo, en Caracas, una reunión del presidente venezolano con algunos de los más importantes líderes de la guerrilla colombiana, y se avizoraba incluso un encuentro entre Chávez y el máximo dirigente de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo. Con esos antecedentes, el intercambio de prisioneros parecía una posibilidad concreta.

El optimismo se vino abajo cuando Uribe anunció el fin de la gestión, luego de que el mandatario venezolano se puso en contacto telefónico –a instancias de la senadora de oposición Piedad Córdoba, también involucrada en la mediación– con el general Mario Montoya, jefe del ejército colombiano, supuestamente para solicitarle precisiones acerca de los secuestrados. Ello, pese a que días antes Uribe le había pedido a Chávez que se abstuviera de establecer cualquier contacto con los mandos castrenses de Colombia.

Sin duda, el venezolano se extralimitó y quebrantó una regla elemental que impide a un mediador, en cualquier circunstancia, realizar acciones expresamente vetadas por una de las partes. El colombiano, por su parte, en vez de expresarle su malestar a Chávez por conductos discretos, encontró el pretexto perfecto para acabar con una negociación a la que, a juzgar por los antecedentes, no deseaba que tuviera éxito. Y Chávez, en lugar de dar por terminado el episodio, respondió con la virulencia que le es habitual.

En efecto, Uribe ha dicho en todos los tonos que no quiere resolver por la vía pacífica la violencia política que padece Colombia desde hace décadas y que su objetivo en esta materia es el aplastamiento militar del adversario. Más aún, cuando se han abierto posibilidades del deseado intercambio de presos por rehenes, el mandatario colombiano las ha torpedeado y ha ordenado intentos de rescate siempre fallidos y casi siempre cruentos, hasta el punto de dar la impresión de que el gobierno de Colombia preferiría muertos a los secuestrados, a fin de usarlos como pretexto para una ofensiva en gran escala contra la organización guerrillera.

Chávez, por su parte, ha dado una muestra más, en un terreno particularmente desafortunado –porque en él se juega la vida de muchos colombianos– de su carácter atrabiliario y de una incontinencia que ha causado varios dolores de cabeza a su gobierno.

Ambos pierden, en el terreno político, con este final lamentable y exasperante de una gestión que pareció estar muy cerca de su objetivo, y pierde también la comunidad latinoamericana, forzada a atestiguar un enésimo duelo verbal y una crisis diplomática más entre gobiernos de la región. Pero los principales afectados por los desfiguros de los gobernantes son, por supuesto, los rehenes en poder de las FARC, los integrantes de esa organización que se encuentran presos y los familiares de unos y otros.