Editorial

Guerrero: necesidad del diálogo

Una nueva escalada de represión gubernamental en contra del movimiento normalista de Guerrero ha recorrido esa entidad en las últimas semanas. Los egresados y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa demandan, entre otras cosas, la asignación de 75 plazas, la no desaparición de la licenciatura en educación primaria y la permanencia del sistema de internado en la institución. Ante el reiterado rechazo gubernamental a sus peticiones, los normalistas han intensificado sus formas de protesta: han tomado casetas federales, han organizado marchas y plantones y han tenido conatos de enfrentamiento con elementos de la policía local.

Por su parte, el gobernador de la entidad, el perredista Zeferino Torreblanca Galindo, ha exhibido una clara falta de disposición para dar respuesta a las demandas de los inconformes y poner fin al conflicto. El mandatario se ha limitado a descalificar el movimiento y a cerrar los cauces de negociación entre las autoridades y los inconformes: ante la solicitud de una audiencia con los dirigentes del movimiento, Torreblanca aseguró que su gobierno “no negocia con vándalos”, y después condicionó el diálogo a que los normalistas se entrevistaran primero con autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta cerrazón sistemática del gobernador guerrerense se ha combinado con una ola de hostigamiento y represión contra el movimiento, que alcanzó su punto máximo –por lo menos hasta ahora– con el desalojo del Congreso de Guerrero, efectuado el pasado 14 de noviembre, cuando elementos de la policía estatal arremetieron violentamente contra centenas de normalistas, agredieron a representantes de los medios de comunicación y noquearon al legislador local Ramiro Solorio Almazán. El secretario de Gobierno guerrerense, Armando Chavarría Barrera, aseguró que el uso de la fuerza pública “fue porque había una actitud de linchamiento hacia los diputados y diputadas” y afirmó que “nadie fue lastimado de gravedad”, no obstante la evidencia gráfica de las agresiones que sufrieron los normalistas.

La represión contra los estudiantes de Ayotzinapa es un hecho inadmisible que pone de manifiesto, en añadidura a la falta de disposición de las autoridades guerrerenses para dialogar, su tendencia –similar a la de otros gobiernos– a criminalizar expresiones legítimas de descontento social. Al respecto, cobra especial relevancia el reciente punto de acuerdo emitido por el Senado de la República, en el cual, a instancias de los legisladores Rosario Ibarra y Lázaro Mazón Alonso, se exhorta al gobierno de Torreblanca “a renunciar al uso de la violencia y buscar la conciliación de intereses por la vía del diálogo”.

Por lo demás, es sencillamente absurdo el argumento para no dar plazas, habida cuenta de que Guerrero es una entidad que tiene fuertes problemas respecto a la falta de maestros.

En suma, ante la escalada represiva oficial que se vive en Guerrero, el gobierno estatal debe cobrar conciencia de la necesidad de un diálogo efectivo y respetuoso con las partes involucradas en el conflicto. Zeferino Torreblanca debe entender que la represión gubernamental en contra de los movimientos sociales, y el desconocimiento y descalificación de sus demandas, tienden a desembocar en escenarios de violencia, de consecuencias lamentables para la sociedad.