El trauma de la matanza es superado pronto por el gobierno, no así por las comunidades
El camino de la impunidad oficial
Desplazar a unas 10 mil personas conduce a problemas alimentarios y de salud
Una década después siguen sin castigo los promotores y autores intelectuales
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Mujeres de la organización Las Abejas recuerdan el primero de noviembre pasado a los 45 indígenas muertos en Acteal
Foto: Moysés Zúñiga Santiago
La última semana de diciembre de 1997 es para las comunidades de Chenalhó tan difícil como la anterior a la matanza del día 22. Seguirían en estado de emergencia por meses. Años. Los zapatistas del municipio de Polhó, y sus simpatizantes perredistas y Las Abejas, pagan cara su rebeldía. La militarización de unas 15 comunidades y la permanente condición de desplazados de la tercera parte de la población de Chenalhó (unas 10 mil personas al terminar el año) genera graves problemas alimentarios, de salud, de trauma social, desempleo (por despojo de cafetales y milpas) y seguridad. Aún después de la matanza, sordos al escándalo mundial por sus acciones, los paramilitares siguen disparando, amenazando, secuestrando comunidades enteras. Hoy sabemos que además nunca fueron desarmados, aunque muchos estén en la cárcel.
La PGR monta inmediatamente la teoría del “conflicto intercomunitario” y de familias “que se disputan el poder” desde “los años 30” (*27 de diciembre). Ahora sí que Shakespeare en Chenalhó. La investigación que concluye con el Libro blanco de Acteal en 1998 se sujeta a la hipótesis que el procurador Jorge Madrazo Cuéllar divulga inmediatamente después de la matanza. Con ello se asegura un “control de daños” del lado gubernamental. La responsabilidad no llega más allá de los mandos policiacos; los funcionarios estatales no tocan la prisión. Contra los discursos y trastabilleos del presidente Zedillo, su gabinete, los legisladores del PRI y lo que queda de gobierno en Chiapas, para los indígenas el drama continúa.
El rescate
El día 27 llegan a Polhó tres mil 500 desplazados de X’Cumumal, y otros 400 que desde hace un mes son retenidos a la fuerza por grupos priístas en Pechiquil y Los Chorros. Este último grupo es “rescatado” por una brigada de organizaciones de derechos humanos y la Cruz Roja, reforzada con autoridades de la PGR y del Ejército federal.
Primero llegan los desplazados de distintas comunidades que habían permanecido sitiados por desconocidos armados en X’Cumumal, a ocho horas a pie. Un río de indígenas agotados, silenciosos, entra a Polhó enmedio de una valla de seguridad de ONG diversas. Más tarde arriba otra columna con los retenidos de Pechiquil. Entre la espesa neblina, la pertinaz lluvia y el lodo, la gente invade la carretera entre Polhó y Pantelhó. Llanto y felicidad se mezclan durante la entrada al poblado donde vivirán por un largo tiempo. En el camino, las escenas son de niños sufriendo frío y calentura, viejos descalzos apoyados en bastón, mujeres con uno o dos niños en su espalda o su pecho, hombres cargando costales de café.
El escudo de protección para los tzotziles que abandonan su refugio en X’Cumumal está integrado por la Cruz Roja Mexicana, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, legisladores federales perredistas, organizaciones civiles por la paz y actrices como Ofelia Medina y Ana Colchero, informa La Jornada. Diez años después, la primera sigue apoyando a los desplazados en sus campamentos.
En tanto, en una operación sorpresa organizada por la PGR, el Ejército federal, organismos de derechos humanos y la Cruz Roja, unos 400 indígenas secuestrados por priístas en Los Chorros y Pechiquil son rescatados y llevados a los nuevos refugios. El convoy arriba a Los Chorros, principal centro de los paramilitares, a las 8:30 del día 27. Ante el asombro de los militares, las personas secuestradas y obligadas a trabajar y entregar cooperaciones para comprar armas rebasaban las 300. El número de vehículos es insuficiente para trasladar a todos los indígenas. Los legisladores piden al mando militar llevar en sus camiones a los liberados (28 de diciembre).
El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, acepta que el gobierno federal tuvo información de “grupos civiles armados” en Chiapas, y sabía de la situación en Chenalhó, pero que un ataque como el de Acteal “escapa a cualquier sistema de información” (27 de diciembre). El señor secretario por lo visto no lee los periódicos y por una vez no le creyó a la televisión. El dirigente perredista Andrés Manuel López Obrador y decenas de ONG acusan a Madrazo y Chuayffet de “maniobrar” con las investigaciones, buscando exonerar a las autoridades involucradas. Los abogados democráticos hablan de “genocidio” (28 de diciembre).
La PGR realiza infructuosos cateos en busca de armas (30 de diciembre), mientras las enfermedades y el hambre se apoderan de los desplazados en Polhó, Xoyep y otros campamentos. En el país se realizan movilizaciones de protesta, que se incrementan la primera quincena de enero de 1998. Unas 50 ONG de la Red Nacional Todos los Derechos para Todos demandan investigar al gobernador Ruiz Ferro por su “responsabilidad” en los crímenes (31 de diciembre).
Protesta internacional
En el mundo se suscita la serie de protestas más extensa de la historia, antes de las movilizaciones antiglobalización del siglo XXI. Del 23 de diciembre al 22 de enero de 1998 se reportan 249 acciones en 22 países; 118 en Estados Unidos, donde la respuesta es generalizada; 21 en España; 20 en Italia y 11 en Canadá. (Un amplio análisis del fenómeno está documentado en “La red transnacional de solidaridad con la rebelión indígena de Chiapas y el ciclo de protestas contra la globalización”, investigación de Giomar Rovira, UAM-X, 2007). Un gran número de las acciones internacionales ocurren el 12 de enero de forma simultánea a la marcha de 80 mil personas en el Distrito Federal, 2 mil en San Cristóbal de las Casas y movilizaciones en diferentes ciudades de México. Toda Europa, Bolivia, Australia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua.
En Italia y Alemania (11 de enero de 1998) se destaca que desde el papa Juan Pablo II hasta estrellas de rock como Jovanotti y Modena City Ramblers, los grupos autónomos, partidos políticos, las grandes cadenas de televisión y los principales periódicos se refieren al tema con voces de reprobación contra el gobierno mexicano e iniciativas en favor de los zapatistas. Embajadas y consulados de México son sitiados y a veces ocupados por manifestantes en todo el mundo. Decenas de intelectuales y personalidades se pronuncian con indignación. El Parlamento Europeo recuerda al gobierno mexicano que “el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación firmado en diciembre de 1997 aporta una cláusula democrática, que en su primer artículo basa el acuerdo en el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales”.
Desde Togo, la Internacional Sur-Panafricana difunde “su gran preocupación” por la situación. “Enviamos nuestro pensamiento y plegarias a nuestros hermanos chiapanecos muertos. Denunciamos la falta de respeto a los derechos humanos con que se pretende hundir al pueblo de Chiapas, que sufre para no caer en el olvido”.
Continúa la violencia
Estados Unidos y Canadá, socios comerciales de México, también le aprietan algunas tuercas al gobierno zedillista, pero nada más. El trauma de Acteal sería “superado” pronto por el gobierno; no así por las comunidades (y hasta los grupos paramilitares: fue tal el shock, que desistieron de la violencia por un bien tiempo). El gobierno debió continuar la guerra de baja intensidad con sus propias fuerzas. A lo largo de 1998 son “desmantelados” violentamiente los municipios autónomos San Juan de la Libertad (donde hubo otras masacres en Unión Progreso y Chavajeval en junio), Tierra y Libertad y Ricardo Flores Magón; sobre Polhó pendió siempre la amenaza de un ataque, sin concretarse.
Con nuevo gobernador interino (el senador priísta Roberto Albores Guillén) y nuevos mandos policiacos y militares al frente de una renovada ocupación de Chenalhó y el resto del territorio indígena, el gobierno federal no sólo no repliega su estrategia de guerra sino que la generaliza. Pero ese es otro capítulo de una historia donde los terribles acontecimientos de Acteal son sólo un episodio. La impunidad institucional fue la regla. Una década después lo sigue siendo. El gobierno de Felipe Calderón mantiene intocados a los promotores, organizadores y autores intelectuales de la masacre, y además reactiva el esquema paramilitar en las comunidades y municipios autónomos.
¿Otra vez se “desbordarán” conflictos “entre familias y parajes”, aunque sean denunciados y documentados? ¿Toparemos nuevamente a funcionarios con cara de “yo no fui”? El horror prefabricado no termina en Acteal. Sin embargo, la verdad sobre la masacre es ya un triunfo cultural, como se dice (se dijo siempre) del 2 de octubre de 1968. Cualquier “rescritura” resulta vana, aunque podría servir para refrendar la impunidad del gobierno mexicano, esa “tradición” política que sigue siendo impermeable a la justicia.
Créditos finales
Este reportaje fue elaborado fundamentalmente a partir de la información enviada desde las regiones indígenas de Chiapas entre mayo y diciembre de 1997 por los reporteros Juan Balboa, Elio Henríquez y quien firma este trabajo, así como por Ángeles Mariscal, corresponsal en Tuxtla Gutiérrez.
También se emplearon crónicas y notas de Blanche Petrich, Jesús Aranda, Alma E. Muñoz y Jesusa Cervantes. Algunas informaciones adicionales se deben a Juan Manuel Venegas, Andrea Becerril, Triunfo Elizalde, Matilde Pérez, Jaime Avilés, José Gil Olmos, Salvador Guerrero Chiprés, David Aponte y Martha García. Los artículos de opinión de diversos autores y los comunicados del EZLN que se citan aparecieron originalmente en las páginas de este diario. Fue invaluable el respaldo brindado por Juan Martínez, responsable de la hemeroteca de La Jornada.
Además resultaron de gran utilidad las investigaciones inéditas de Dolores Camacho, Arturo Lomelí y Jesús Ramírez Cuevas, testigos presenciales del periodo, así como los reportes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y su documento Camino a la masacre: Informe especial sobre Chenalhó (diciembre de 1997). Otras fuentes se especifican en el texto.
* Todas las fechas entre paréntesis corresponden a citas de notas publicadas en La Jornada.