Las comunidades se organizan pese a que las autoridades criminalizan el activismo

Alertan sobre riesgo de alzamiento en la Montaña, por abandono oficial

Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)

Tlapa, Gro., 22 de noviembre. Los gobiernos federal y estatal están orillando a los pueblos indígenas a organizarse “de manera no tan pacífica. Aunque sabemos que ése no es el camino, los están llevando a manifestarse de manera violenta. Son muchos siglos de opresión. Ya están cansados”. El diagnóstico no es de un dirigente político, sino de Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, quien ha recorrido la zona de la Montaña durante más de 15 años.

Los servicios de salubridad están por los suelos. “No hay médicos ni medicinas ni centros de salud; es triste y lamentable. Por eso hay inconformidad, que se ha manifestado de diferentes maneras”, dice el religioso sobre la situación que salta a la vista en comunidades mixtecas y tlapanecas de los municipios de Tlapa, Metlatónoc, Atlamajaltcingo del Monte y Cochoapa el Grande.

En Tlapa, cabecera municipal, el recién inaugurado Hospital del Niño y la Madre “apenas funciona medianamente; no se cuenta con médicos especialistas, no está como se dijo; prácticamente se emplea la medicina preventiva. No es posible”, señala Casarrubias.

El poblado mixteco de Plan de Guadalupe, de 500 habitantes, está peor: no hay médico ni enfermera y el centro de salud está abandonado. En San Miguel Zilacayotitlán –a unos 20 kilómetros de Tlapa–, donde viven 600 personas, hace cuatro años no ven un doctor. “Dicen que no vienen porque el pueblo está muy feo y porque no hay de comer. Si una mujer va a tener hijo se va a Tlapa. Ahí le cobran 8 mil pesos por parto”, se quejó el comisario Sixto Bravo.

En San Pedro Acatlán, comunidad de Tlapa con 150 habitantes, no hay médico ni centro de salud; lo mismo ocurre en Lindavista, donde habitan 370 personas, según el comisario Antelmo Oropeza.

En Santa María Tonaya el médico va cada dos meses, pero no hay medicamentos para los casi 500 habitantes, quienes deben pagar 400 pesos para que los lleven al hospital general de Tlapa. Las enfermedades más comunes son vómito y diarrea. “Cada semana hay más de 20 enfermos. Nos mandan pasantes”, dice Nazario García Chávez, autoridad municipal.

En Huehuetepec, localidad del vecino municipio de Atlamajaltcingo del Monte, el enfermero Anastasio de los Santos Cano explica que en la llamada “unidad auxiliar de salud” se atiende a un promedio de 70 pacientes de lunes a viernes, y cada dos meses se surten medicinas. La mayoría de los enfermos son niños desnutridos, con diarrea, que padecen enfermedades respiratorias o fueron mordidos por víboras. “No atendemos partos porque la gente quiere parteras; aquí el médico gana casi 5 mil pesos a la quincena”.

En San Lucas, poblado del municipio de Cochoapa el Grande con 650 habitantes, a 3 mil metros sobre el nivel del mar, “cada dos meses viene una brigada médica”, dice Alberto Leonardo Ortiz, que apenas llegó de Estados Unidos, adonde se fue de bracero.

Lo mismo ocurre en la cabecera municipal de Metlatónoc, donde los dispensarios que entregó el ex presidente Vicente Fox están cerrados por falta de médicos.

Antolín Casarrubias, vicario general de la diócesis de Tlapa, insiste: “Ahora los pueblos indígenas se están organizando. Puede haber una explosión social pese a que los gobiernos dan paliativos” como pensión para adultos, pisos de cemento, láminas y becas. “Al final eso no resuelve nada. Es para calmarlos y controlarlos. Hasta hay un proyecto para atender a algunos municipios pobres. Así nunca va a funcionar, porque no es para organizarlos, sino para que se lo gasten”, indicó.

“Todas las carreteras están en pésimas condiciones, para Metlatónoc o Marquelia, y ni qué decir de las comunidades que quedan incomunicadas. A las compañías no les importa hacer bien las cosas”.

Otro problema grave, añade, es el narcotráfico: “Lamentablemente no dejan otra alternativa a los indígenas. ¿De dónde van a sacar el dinero? Pues de los enervantes. La gente sabe que es un delito, pero se arriesga porque la necesidad es grande; aquí en Tlapa hay mucha drogadicción y prostitución”.

“La mera verdad yo sembré (mariguana) en un terrenito. Sólo así pude comprar tres cargas de maíz”, comenta un indígena de Cochoapa el Grande.

Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que los gobiernos estatal y federal tratan como criminales a los luchadores sociales indígenas, que hacen énfasis “en el fortalecimiento de derechos reivindicativos, como los de vivienda, salud, educación y trabajo”.

La ONU, recuerda, “comparó a los municipios más pobres de México, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, con los más pobres de África y Asia, que tienen los mismos niveles de desarrollo. En la Montaña de Guerrero 44.4 por ciento de los niños en edad escolar no tienen acceso a la educación y 21 por ciento ni siquiera terminan la educación básica, principalmente por falta de maestros”.

Los habitantes de estas comunidades fortalecen su organización “a pesar del endurecimiento del gobierno perredista de Zeferino Torreblanca Galindo, que encarceló a dirigentes indígenas por exigir maestros y carreteras para sus comunidades. Lejos de erigirse como gobierno de cambio, sigue los mismos vicios de los peores gobiernos priístas”.

A esto se suma la militarización. Los soldados “invaden el tejido comunitario con violaciones a los derechos humanos, robo de cosechas, de agua y de animales para sus campamentos, y han llegado a violar a mujeres indígenas en los municipios de Ayutla de los Libres, y en la zona de la Costa-Montaña. Por eso, que a nadie le extrañe que los pueblos indígenas se estén organizando para defender sus derechos”, concluyó Patrón.