Amenazan con desalojarlos si no les entregan dinero
Antorchistas, acusados de extorsionar a colonos
Habitantes del fraccionamiento Paraíso 300, ubicado en la comunidad de Coatlinchan, municipio de Texcoco, estado de México, acusaron a líderes de la organización priísta Antorcha Popular (AP) de extorsionarlos para que se afilien.
Hace más de dos años los departamentos de dicha unidad habitacional fueron ocupados ilegalmente por habitantes de Coatlinchan, quienes actualmente se encuentran en negociación con la empresa Edycon para adquirir las viviendas.
Los colonos afirmaron que esta situación ha sido aprovechada por los dirigentes de AP, quienes exigen a cada uno depositar 13 mil pesos en la cuenta número 4009684994 de HSBC, a nombre de Mónica Hernández Castillo, con la amenaza de desalojarlos.
Explicaron que los integrantes de AP se han arrogado la función de “enlace” entre la inmobiliaria, el gobierno mexiquense y los colonos.
“Con el pretexto de que van a ser regularizadas nuestras casas pretenden cobrar 13 mil pesos y que nos integremos a su agrupación. Incluso han presentado un documento que dice que el nombramiento de enlace se los dio una tal licenciada Leticia Montemayor Medina, pero no se dice de qué dependencia”, agregaron.
Debido a las amenazas, las 200 familias del fraccionamiento formaron la organización civil Fuerza Tláloc y pidieron la intervención de las autoridades estatales.
Mientras, la organización priísta Antorcha Campesina acusó al ayuntamiento perredista de Texcoco de haber emprendido una campaña de persecución y linchamiento en su contra.
Gloria Brito Nájera, dirigente de AC en Texcoco, exigió instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto que se generó luego que la agrupación adquirió un predio de 40 hectáreas de lo que era el rancho Santa Martha.
En una conferencia de prensa efectuada en el municipio de Nezahualcóyotl, la dirigente sostuvo que el gobierno de Texcoco se niega a otorgarles el cambio de uso de suelo y otros permisos para poder construir en mil 900 lotes.
“No estamos fraccionando clandestinamente, porque la organización compró legalmente el predio”, apuntó Brito Nájera, quien señaló que el edil, Constanzo de la Vega Membrillo, se ha negado a recibir a una comisión de AC.
Sin embargo, Aristóteles Ayala Rivera, secretario del ayuntamiento, informó que los terrenos son de uso agrícola y hay una veda para construir unidades.