Economía Moral
La democracia traicionada
No. 24 de Desacatos critica con dureza el papel del IFE en las elecciones de 2006
La “Convocatoria para la Integración del Consejo General del IFE”, que ha puesto en marcha ya la primera fase de sustituciones de consejeros ciudadanos del IFE, se deriva de la reforma constitucional más importante en mucho tiempo (cambios en nueve artículos constitucionales), publicada en el Diario Oficial el 13 de noviembre pasado, que entre otras cosas parece acabar con los ‘espots’ pagados y con la propaganda gubernamental en épocas electorales, disminuyendo notablemente el negocio para las televisoras y estaciones de radio, lo que llevó a éstas a una cuasi-sublevación y a grotescos espectáculos. En el artículo transitorio del decreto de reforma constitucional se dispone que en diciembre deberán ser nombrados un nuevo consejero presidente en lugar de Ugalde, y dos nuevos consejeros adicionales. Tres serán sustituidos en agosto de 2008 y los últimos tres en octubre de 2010. Esta sustitución escalonada fue impuesta por el PAN como condición para aceptar la reforma electoral.
Al conocer que sería expulsado (con los demás consejeros) de su muy bien pagado hueso, Ugalde señaló que hacer eso equivalía a declarar que las elecciones fueron fraudulentas. Si no, ¿por qué correr a un equipo que la hizo tan bien? En la entrega pasada (16/11/07) comenté el libro de Pedro Martínez (Las huellas del fraude) y anuncié que abordaría la película de Mandoki y el n° 24 de Desacatos coordinado por Aziz Nassif. Hoy abordo éste y me centro en la conducta del Consejo General del IFE en las elecciones del 2006. El artículo de Jorge Alonso, aunque referido a Jalisco contiene muchos elementos de interés general y el título de su artículo lo he adoptado hoy para esta columna.
José Antonio Crespo (JAC), destacado analista político-electoral, señala que “como parte de la evaluación del proceso electoral y su baja calidad, está el cómputo de los votos por parte del IFE y la posterior calificación por el TEPJF. En ambos casos hubo deficiencias, errores, contradicciones, omisiones y, en general, un comportamiento que, al menos, puede fácilmente aparecer como parcial a favor del PAN” (p.188). Aunque JAC supone que la no aclaración del IFE que el PREP no contenía las 11 mil casillas inconsistentes pudo no haber sido de mala fe, en cambio señala con dureza:
“Menos disculpable es la postura del IFE durante su conteo oficial del 5 de julio, cuando por ley tenía que haber recontado aquellos paquetes cuyas actas registraban anomalías aritméticas, es decir, alguna diferencia entre la columna de ciudadanos registrados, las boletas encontradas en las urnas y la suma total de votos a los partidos y los anulados (o emitidos por candidatos no registrados). Cerca de la mitad de las actas registraba alguna anomalía de ese tipo, por lo que, por ley, tenían que haber sido recontadas por el IFE el 5 de julio” (p.188).
JAC narra que sólo se abrió el 5 por ciento de los paquetes que deberían haberse abierto y recuerda que la primera sentencia (5 de agosto) del TEPJF reiteró que, de acuerdo con el artículo 247-c del Cofipe el Consejo Distrital está obligado de oficio a realizar de nueva cuenta el escrutinio y cómputo de los paquetes en esa situación. Pero recuerda que los consejos distritales no actuaron solos, que un comunicado del Consejo General del IFE a todos ellos les “advertía del riesgo de abrir paquetes en exceso, pues existía el precedente en Tabasco de anulación de la elección a gobernador (de 2000) porque la autoridad electoral había abierto cierto número de paquetes sin que hubiera justificación legal para ello”. Pero JAC dice certeramente que en este caso no “había tal peligro, toda vez que la ley establecía que el recuento era no sólo posible sino obligado”, y añade que este comunicado fue usado por los representantes del PAN para inhibir la apertura de los paquetes con la ayuda, en algunos casos, de los vocales ejecutivos del IFE”.
Rafael Loyola Díaz (RLD) en su artículo pone mucho énfasis en el origen viciado del Consejo General del IFE. La decisión quedó en manos del PRI y el PAN, con el desplazamiento del PRD no sólo del acuerdo, sino de la posibilidad de sugerir integrantes. También añade, con razón, que no se cumplieron requisitos para ser consejero ciudadano como los de conocimiento del tema, prestigio y no pertenencia a algún partido político. En consecuencia, concluye, los elegidos se caracterizan por haber sido cercanos, de haber estado comprometidos o haber trabajado para el PRI o el PAN”. Además explica que la búsqueda de un grupo así “no fue fortuita; en el ánimo de los partidos pesaba la independencia con la que había operado el Consejo saliente. Particularmente les incomodaban las multas que se les aplicaron específicamente al PAN y al PRI…” Se podía añadir algo que RLD no escribe, pero que está en la punta de su pluma: se designaron peleles para que no les volvieran a hacer lo que los independientes les habían hecho, al PRI no sólo la multa por el Pemexgate, sino sobre todo haber dejado que les arrebataran la Presidencia de la República. Concluye así RLD un texto que debieran leer y meditar con cuidado los diputados, sobre todo los integrantes de la Junta de Coordinación Política, en cuyas manos estará la designación de tres nuevos consejeros (incluido el Presidente):
“La manera como se resolvió la integración del Consejo General del IFE pesaría en la certidumbre del proceso y explicaría los desaciertos y torpezas con los que condujo el proceso…el principal problema que se ocasionó fue la vulneración de la independencia y legitimidad que debió haber conservado el Consejo… Por otra parte se puede señalar el costo político que tuvo para el país el descuido de los partidos y de los diputados en la conformación de un órgano, el Consejo General, que había sido fundamental para construir la incipiente democracia electoral…al no hacerse… se ensució lo poco avanzado y se construyó un escenario de ilegitimidad del proceso y de quien fue ungido como presidente constitucional” (pp.61-62).