Usted está aquí: jueves 22 de noviembre de 2007 Capital Araiza: “acto de justicia”, los altos sueldos y bonos en el Contencioso

Rechaza el presidente de ese órgano autónomo del Distrito Federal que sean un exceso

Araiza: “acto de justicia”, los altos sueldos y bonos en el Contencioso

Son un reconocimiento por los años como servidores públicos, afirma

Carga a la Secretaría de Finanzas y a la Asamblea Legislativa la responsabilidad de otorgarse un segundo aguinaldo

Asegura que no existe ilegalidad

“Somos los que menos ganamos”, se queja el magistrado

Raúl Llanos y Gabriela Romero

Ampliar la imagen Jaime Araiza, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, defendió los altos sueldos de magistrados Jaime Araiza, presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, defendió los altos sueldos de magistrados Foto: Luis Humberto González

El presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), Jaime Araiza Velázquez, calificó de acto de “justicia” el que los magistrados de este órgano autónomo ganen mensualmente 100 mil pesos; que reciban aguinaldos de 160 a 190 mil pesos, y que hayan podido asignarse este mes un apoyo económico, o bono, por 130 mil pesos.

Para Araiza –quien en diciembre próximo dejará su cargo– no se trata de “excesos”, sino de reconocerles los años que tienen como servidores públicos.

Interrogado respecto a la información publicada por La Jornada, que da cuenta de la reunión que tuvieron los siete magistrados de la Sala Superior del TCADF, en la que se autorizaron otorgarse un bono, con el concepto de “aguinaldo dos”, y subsidiarse 50 por ciento del impuesto sobre la renta (ISR), el servidor público responsabilizó a la Secretaría de Finanzas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de haberles autorizado, desde diciembre del año pasado, ese apoyo económico.

Incluso, fue más allá al argumentar que no existe ninguna ilegalidad en que con los ahorros obtenidos a noviembre los hayan enfocado a pagarles 30 días adicionales de salario tabular vigente, que también se dio a la base trabajadora, pero con la única obligación de que paguen el ciento por ciento del ISR.

Dijo que no fue decisión suya el subsidiarles la mitad del ISR a los 22 magistrados que integran las salas Superior, Auxiliares y Ordinarias: “No fue decisión mía, fue del pleno” de la Sala Superior.

De hecho, negó insistentemente que el “aguinaldo dos”, de 130 mil pesos, sea un bono. “No es eso, es una prestación laboral que ya existe desde hace muchísimos años”.

–¿En qué ley o normatividad lo sustentan para otorgárselo?

–Está en las Condiciones Generales de Trabajo (del Contencioso).

–¿Pero esos lineamientos son para proteger los derechos de los trabajadores de base, y los magistrados no son trabajadores de base?

–Sí, tiene razón, pero se hace extensivo y ya hay una jurisprudencia en la que dice que todos los beneficios que hay para los trabajadores de base los tienen los de confianza.

–¿Qué tan justo es que ustedes, ganando 100 mil pesos al mes y un aguinaldo de 200 mil, se autoricen un segundo aguinaldo?

–No es autorizar, sino que ya está autorizado desde el presupuesto que aprobó tanto la Secretaría de Finanzas como la Asamblea Legislativa.

Más adelante, consideró que son “sueldos decorosos” los que tienen los magistrados, de más de 100 mil pesos al mes, “y si se compara con todos los tribunales del país, somos de los que menos ganamos”. Además, “la ley marca que todos los emolumentos que tienen los magistrados de los tribunales contenciosos administrativos sean iguales a los del Tribunal Superior (de Justicia), y estamos en igualdad de circunstancias”.

Con relación a las opiniones de los diputados locales de que auditarán los recursos que maneja el TCADF y que podrían llegar a recortarle su presupuesto en diciembre próximo, Araiza Velázquez manifestó que respetarán la decisión que tomen los legisladores.

–¿No siente remordimiento o sentimiento de culpa frente a esos excesos, y teniendo enfrente tantos capitalinos en la pobreza?

–No creo que sean excesos. Es justicia. La gran mayoría… por ejemplo, en el caso de un servidor, voy a tener 49 años de servicio público”.

Respecto a esta entrega del bono, el diputado José Antonio Zepeda, integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y quien promueve reformas a ese órgano autónomo, dijo: “vemos preocupante ese asunto, porque la tendencia en el Distrito Federal era la de la austeridad, para hacer más con menos”.

El legislador panista dijo que si bien los magistrados están en los márgenes legales, “no se vale, por cuestión de ética”, e incluso mencionó que es la primera vez que se da una situación de este tipo en el Contencioso, pues recientemente también intentaron en la Sala Superior conformar un fondo para su propio beneficio, con recursos retenidos a los trabajadores de este organismo.

 
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