Presenta informe para “romper cerco oficial de silencio
En México hay 500 presos políticos, señala Década contra la Impunidad
La organización de defensa de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó ayer su informe La situación de los presos políticos en México, documento con el cual se pretende “romper el cerco de impunidad y que se termine con el ocultamiento y la distorsión de la realidad en que viven los presos y presas políticos”, aseveró Ernesto Rodríguez, miembro de esa organización.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad señaló que en el país hay más de 500 presos políticos, aunque precisa que es difícil saber el número real por la poca documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.
En ese informe se analizan los casos de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, y Gustavo Robles López, como probables responsables del delito de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en la modalidad de terrorismo. Llevan 22 meses detenidos y aún no se les dicta sentencia.
Asimismo, el de los hermanos Alejandro, Antonio y Héctor Cerezo Contreras, y el indígena nahua Pablo Alvarado Flores, a quienes se acusa de violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. “Alejandro fue exonerado en 2005 luego de cuatro años de prisión”.
También se estudia el de Gloria Arenas Agis y Jacobo Silva Nogales; ambos purgan una condena de 40 años por los delitos de rebelión, homicidio calificado y tentativa de homicidio.
La red señala que a los hermanos Marcial y Gerardo Tzempoaxtle se les detuvo porque su consanguíneo Andrés está preso, acusado de ser parte del Ejército Popular Revolucionario.
En este caso se demanda que el gobierno deje de criminalizar a los familiares de las personas que se asumen como integrantes de grupos rebeldes.
Por lo que se refiere a Gloria Arenas y Jacobo Silva, se señala que se les detuvo por integrar el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente. Desde su consignación comenzaron las violaciones a sus derechos humanos, fueron torturados y se les coartó su derecho a la defensa.
En el caso de los hermanos Cerezo, Década Contra la Impunidad destaca que les fueron fabricados delitos, se les torturó y acusó de asociación delictuosa, terrorismo, almacenamiento de armas y cartuchos. Se violó el derecho a un debido proceso y a un juicio justo.
El obispo emérito Samuel Ruiz manifestó que debería establecerse en la Constitución la presunción de inocencia, porque ahora se acusa a una persona y ya se le condena; “da tristeza y es una vergüenza que ocurran casos como los que se describen en el informe”.