Se abrieron 25 estaciones migratorias en estados del sureste, señala catedrático
Con Fox se recrudecieron las acciones contra migrantes centroamericanos
Denuncia el Centro Miguel Pro persecución oficial contra defensores de indocumentados
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Rodolfo Casillas, al participar ayer en la cátedra de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que en el gobierno del presidente Vicente Fox se duplicaron las estaciones migratorias, ya que en 2000 había 25 y para 2005 sumaban ya 52 los centros de detención de migrantes.
Abundó que 25 de esas “cárceles de los indocumentados extranjeros” se ubican en el sureste: Tabasco, Chiapas y Veracruz, porque es la zona por la que entran los migrantes centroamericanos. Actualmente, dijo el investigador, cuatro estaciones “han sido cerradas, porque la Comisión nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció los anomalías que se cometían en ellas, además de que organizaciones civiles también hicieron denuncias de abusos, malos tratos y violaciones sexuales contra migrantes”.
En su ponencia, el investigador señaló que el albergue Belem, ubicado en Saltillo, ha seguido desde 2004 las violaciones de garantías contra los migrantes. De mil entrevistas que se realizaron en 2004, se documentaron mil 600 violaciones a los derechos humanos que van desde robo, golpes hasta abuso sexual.
Casillas dijo que en los cinco años pasados San Luis Potosí se ha convertido en el estado con mayores abusos contra migrantes.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela, destacó que a su paso por México los migrantes centroamericanos enfrentan las más adversas condiciones, y a menudo son víctimas de violaciones de derechos humanos; no sólo deben protegerse de los polleros y explotadores, sino también de las autoridades mexicanas.
Señaló que en su tránsito por el país los migrantes centroamericanos encuentran la solidaridad de los mexicanos, pero las autoridades nacionales no reconocen la “legitimidad de esa acción, ya sea porque actúan con estrategias erróneas en la prevención del tráfico de personas o porque actúan en connivencia con los propios polleros, y a menudos los servidores públicos hostigan y amedrentan a los ciudadanos que asisten a los migrantes”.
Ejemplificó con tres casos: el del sacerdote Herman Vázquez, quien dirige el albergue Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas; “él ha intervenido para evitar los abusos policiacos en los operativos contra los migrantes. El 27 de abril de este año, un agente se presentó con el albergue y le dijo al padre que se le acusaba de ser pollero, y que por eso investigaba. Interrogó al sacerdote sobre sus estudios y servicios que presta en el albergue y tomó fotos del mismo y del vehículo que tiene”.
Ante la movilización de protesta que se generó por parte de activistas, Arriaga señaló que las autoridades admitieron que “que, en efecto, había una averiguación, pero que ya se había archivado porque se trataba de un mal entendido”.
Otro caso fue el del sacerdote Alejandro Solalinde, de Ixtepec, Oaxaca, quien es fundador del albergue Hermanos en el Camino de Dios. El 10 de enero de este año fue detenido cuando auxiliaba a un grupo de migrantes centroamericanos que denunciaron ante las autoridades la participación de servidores públicos en secuestro y extorsión. Finalmente, el cura fue liberado.
El último caso es el de Concepción Moreno Artega, de la comunidad de El Ahorcado, en el municipio de Pedro Escobedo. Ella es madre soltera, de 47 años, y cuando pasan migrantes por la comunidad y tocan a su puerta, ella les ofrece agua y comida.
El 9 de marzo de 2005 agentes de la AFI entraron a patadas a su casa cuando alimentaba a seis migrantes. Allanaron el domicilio y se llevaron a los migrantes y Doña Conchi, como le dicen en su comunidad.
Se le acusó de violar la Ley General de Población; fue sentenciada a seis años de prisión. El Centro Pro llevó su defensa, y el 23 de agosto de 2006 logró un amparo definitivo. El 31 de agosto, finalmente, fue absuelta.