En algunos países ocurrieron episodios peores, pero no tuvieron tal repercusión
Estupor en el mundo por la masacre
La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en el municipio de Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después
El agudizamiento de la violencia tiene que ver con la interrupción del diálogo: Samuel Ruiz
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Procesión de los sobrevivientes de la masacre por comunidades de Chenalhó
Foto: Notimex
La Nochebuena de 1997 todos los medios impresos y electrónicos hablan de la masacre. El mundo está azorado. Mucho más que con otras atrocidades similares del pasado y el presente. Tiempo después, hubo guatemaltecos y salvadoreños que externaron sorpresa ante las reacciones internacionales por Acteal. En sus países sucedieron episodios incluso peores y nunca tuvieron tal repercusión.
Diputados, senadores, obispos, observadores internacionales, abogados, funcionarios y periodistas habían conocido en persona a las víctimas. Todavía días antes eran parte de los indígenas desplazados que angustiaban a la sociedad civil. La fría parsimonia del gobierno mexicano ante lo que ocurría en Chenalhó se sigue viendo con pasmo una década después.
Aun el mismo día de la masacre, mientras ésta ocurría, el subsecretario de Gobierno de Chiapas, Uriel Jarquín Gálvez, se daba tiempo para desmentir –en inserción pagada– al suplemento Masiosare de La Jornada, que la víspera documentó la participación de diversas instancias oficiales en el financiamiento del grupo Paz y Justicia. “El gobierno federal y el estatal no apoyan la insurgencia ni la llamada ‘contrainsurgencia’. Combaten, eso sí, al enemigo común de todos los chiapanecos: la pobreza” (LJ, 23 de diciembre).
La información “negada” por las autoridades destacaba, con evidencias facsimilares, la presencia y firma como “testigo de honor” en la entrega de recursos a Paz y Justicia en la zona norte, del general Mario Renán Castillo Fernández, cuando aún era el comandante de la ocupación militar de los territorios indígenas de Chiapas (Masiosare, 21 de diciembre). Pocas veces un desmentido oficial ha caído en mayor vacío.
La Jornada registra también las opiniones del ex guerrillero y asesor gubernamental Gustavo Hirales, para quien referirse a Paz y Justicia como paramilitar “es un mito creado por los departamentos oficiosos de propaganda del EZLN, la diócesis de San Cristóbal y sus correas de transmisión”. Poco antes de la masacre, Hirales sostenía en El Nacional, diario de la Secretaría de Gobernación, que es una “fábula y un mito preconstruido” que en Chiapas “haya una guerra de baja intensidad orientada desde los más altos niveles del Estado”.
El presidente Ernesto Zedillo dirigió un mensaje a la nación el día 23, donde manifestaba que “no existe ninguna circunstancia que pueda justificar este cruel, absurdo, inaceptable acto criminal”. El hecho “llena de luto a toda la nación, es un hecho que nos duele y agravia a todos los mexicanos”. El mandatario se comprometió a que los responsables recibirían “todo el peso de la ley”.
El Ejército federal se declaró en “alerta máxima”. Argumentando un presunto “fuerte movimiento de tropas zapatistas”, desplazó miles de efectivos más hacia las montañas de Chiapas, y reinició patrullajes “en toda la zona controlada por el EZLN”. En pocas horas arribaron al estado más de cinco mil soldados; la mitad se instalaron inmediatamente en Chenalhó (LJ, 24 y 26 de diciembre).
El Congreso Nacional Indígena, el PAN y el PRD demandaron la desaparición de poderes en Chiapas (lo que nunca se cumplió). El secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, negó que el gobierno auspiciara acto ilegal alguno. El dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, diría y repetiría varias veces que su partido nada tuvo que ver con la matanza, y que si participaron priístas, fue “a título personal”.
La Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó (SRE) las “expresiones de voceros o funcionarios de gobiernos extranjeros u organismos internacionales” que demandaban acciones al gobierno mexicano en relación con “el homicidio colectivo de Acteal” (valga el eufemismo de la SRE). La cancillería de Ángel Gurría expuso: “ello constituye un inaceptable acto de injerencia en los asuntos internos de México, país que se ha caracterizado por su invariable respeto al principio de no intervención” (LJ, 26 de diciembre). Ahora sí, a defender la soberanía, aun de las reacciones de su amigo el mandatario estadunidense Bill Clinton, quien había manifestado su indignación. El primer ministro francés Lionel Jospin expresó “profunda consternación” y llamó al gobierno zedillista a “encontrar a los responsables de esta matanza que no debe quedar sin castigo”.
Detenidos, los primeros asesinos
Desde Chenalhó, La Jornada informa al detalle los eventos posteriores a la matanza. El 25 de diciembre se celebra el sepelio de las víctimas en Acteal mismo. A escasos 200 metros de donde fueron ejecutados, los 45 cuerpos mutilados, destrozados y descompuestos de los indígenas recibieron sepultura el jueves (LJ, 26 de diciembre).
El obispo Samuel Ruiz García apuntó que el agudizamiento de la violencia en Chiapas tiene que ver con la interrupción del diálogo en San Andrés Larráinzar entre el gobierno y los zapatistas, así como con el crecimiento de los “grupos paramilitares que nos dijeron que no existían, pero aparecieron en Chenalhó”.
A partir de las ocho de la mañana, vestidos con sus ropas tradicionales, cientos de tzotziles que la noche anterior velaron a sus muertos hicieron el recorrido fúnebre desde Polhó hasta Acteal. Al frente, dos niños cargaban una leyenda: “Herodes quiso, pero no pudo acabar con la criatura. Hoy tampoco lo logrará, aunque tantos inocentes tengan que fecundar con su sangre este suelo duro y árido”.
Habían caminado durante 20 minutos por la carretera entre las cabeceras municipales de Chenalhó y Pantelhó, cuando un camión de tres toneladas detuvo su marcha cerca de ellos. Familiares de los indígenas asesinados señalaron de inmediato a algunos de sus ocupantes como parte de los grupos paramilitares que acribillaron a las 45 personas de Las Abejas.
El camión fue registrado y 21 de sus pasajeros, entre ellos uno con chaleco antibalas, fueron obligados a bajar. Tres de ellos fueron arrastrados de los cabellos, para ser entregados como “asesinos” a Jorge García Sánchez, agente del Ministerio Público Federal.
Mireille Roccatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró durante el entierro en Acteal que el gobierno de Julio César Ruiz Ferro logró pocos avances en cuanto a las medidas cautelares que debió realizar con los desplazados por la violencia. Roccatti indicó que existió petición expresa al gobierno del estado para proporcionar, “en forma inmediata”, ayuda humanitaria a la población desplazada por la violencia política en el alteño municipio de Chenalhó.
La funcionaria recordó que también se solicitó realizar “las gestiones necesarias para que los desplazados pudieran regresar a sus comunidades de origen, con plenas garantías para su seguridad personal durante su retorno y permanencia en sus hogares”. Sin embargo, se negó a proporcionar informes sobre el avance de la investigación de la matanza, y señaló que se darían a conocer “en los próximos días”.
El alcalde agradecido
El alcalde Jacinto Arias Cruz agradeció al presidente Ernesto Zedillo “su apoyo e intervención para esclarecer los hechos violentos del pasado lunes en este municipio”. En una carta dirigida al jefe del Ejecutivo federal, el presidente municipal también dio las gracias al gobernador Ruiz Ferro por sus esfuerzos “para llegar al esclarecimiento de todos los hechos de violencia registrados en Chenalhó”.
El alcalde priísta recordó que desde mayo pasado han sido persistentes los enfrentamientos entre indígenas de la región, y manifestó que las 45 personas “fueron masacradas por criminales”. Poco después, él mismo sería apresado como cómplice y promotor de la masacre.
Después del día 22 afloraron muchos más detalles sobre la preparación del ataque. Vicente, indígena que participó en las últimas negociaciones entre autónomos y oficiales en Las Limas, relató su encuentro en Chimix con los paramilitares el día del último encuentro. Estaban bolos cuando lo amenazaron. “El alcohol huele de lejos”. En cambio, dijo, los atacantes en Acteal “no olían a nada. Echaban baba”, y se pasó la mano por las comisuras, con asco: “como perros que tienen rabia”. (LJ, 27 de diciembre). Otros testigos coincidían en que los agresores “parecían drogados” mientras ejecutaban su crimen culminante.
Vicente recordó que a principios de diciembre el gobierno de Chenalhó envió armas en costales de granos. Quiso obligar a un transportista a llevar la carga hasta Tzajalucum, pero éste la descargó en Majomut, luego de pasar sin problema un retén de la policía. Al llegar los costales a su destino, registra la nota, “los paramilitares vieron que había cuernos de chivo y escopetas de bajo calibre. Desecharon las segundas argumentando: ‘no sirven. Queremos armas que maten bien’. Días después recibieron armamento de las características que solicitaban”.