Editorial
Sucesión en la UNAM: aciertos y retos
El martes, en el edificio de la antigua Escuela de Medicina, José Narro Robles rindió protesta como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), tras haber sido seleccionado el pasado 13 de noviembre, de entre los ocho aspirantes al cargo, por la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios. En el discurso pronunciado durante la ceremonia, Narro Robles ofreció conducir a la UNAM por el sendero de la “calidad académica con compromiso social”, subrayó el carácter público y laico de la institución, y refrendó su importancia y significado en el contexto nacional: “estudiar y atender los grandes problemas del país”.
En torno a la llegada de Narro Robles a la rectoría confluyen un conjunto de elementos positivos y alentadores. En primer lugar, habrá que reconocer la atinada labor de Juan Ramón de la Fuente: durante la administración del ahora rector saliente, la UNAM recuperó el nivel que había perdido en términos de excelencia académica, así como presencia, prestigio y fuerza moral en el país y en el mundo; además, se restableció la armonía entre los integrantes de la comunidad universitaria, y se ejerció y se defendió, de manera resuelta, la autonomía de la institución. Por añadidura, la universidad desempeñó un activo papel en la defensa de la educación superior pública en general.
Lo anterior derivó en la consolidación de una Junta de Gobierno comprometida con la institución y en un proceso de sucesión impecable, que concluyó el martes con la toma de posesión de Narro Robles, un académico hecho y consolidado en las aulas de la UNAM, conocedor de sus valores y su problemática y, a juzgar por lo dicho durante su toma de protesta, defensor de la gratuidad y el carácter público de la educación superior.
De manera significativa, las instituciones universitarias del Estado han enfrentado, durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox y en lo que va de la presente administración, una implacable ofensiva gubernamental que ha tenido como principal expresión –aunque no la única– el acoso presupuestal, no obstante la importancia estratégica de estos planteles para un proyecto viable de país. No debe olvidarse que el actual gobierno se estrenó con un intento por reducir el presupuesto a la UNAM y que diversos representantes del partido en el poder han externado percepciones adversas e infundadas respecto de la máxima casa de estudios. La misma lógica fue retomada en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año entrante, presentada por el gobierno calderonista: en dicho proyecto, por ejemplo, el Ejecutivo federal planteó destinar al pago del Fobaproa –es decir, al enriquecimiento de empresas trasnacionales que prestan servicios financieros desproporcionadamente caros y que en muy poco contribuyen al desarrollo de la economía nacional– un monto muy superior al presupuesto asignado a la UNAM, que registró una disminución en términos reales.
Este panorama plantea un reto muy importante para el nuevo rector: Narro Robles deberá mantenerse alerta ante la amenaza que representa, tanto para los intereses de la UNAM como para la educación pública en general, la política económica que enarbola el actual grupo gobernante e impedir los intentos por allanar la autonomía universitaria y por disminuir a la institución en todos los sentidos para favorecer el florecimiento de universidades privadas y de esa forma excluir de la educación superior a los estudiantes de bajos recursos, que son la gran mayoría.