Sin perder soberanía, busca corregir el gasto corriente, explica Di Costanzo
Propone el “gobierno legítimo” proyecto alternativo para rescatar el sector energético
Frente al argumento del gobierno “espurio” de que no hay recursos para invertir en petróleo, gas y refinación, y que por lo tanto no queda otra alternativa más que vender Pemex, el “gobierno legítimo” propuso ayer un proyecto alternativo de rescate del sector energético sin perder soberanía, basado en la corrección del gasto corriente.
Luego de señalar que el gasto total con el que comenzó el gobierno de Vicente Fox fue de un billón 248 mil millones de pesos, y que para 2008 el Congreso aprobó un gasto de 2 billones 568 mil millones, Mario Di Costanzo, secretario de Economía del “gobierno legítimo”, estableció que el rubro con mayor crecimiento fue el gasto corriente, al pasar de 714 mil millones a un billón 321 mil millones de pesos.
Esto es, 607 mil millones de pesos que se financiaron parcialmente con excedentes petroleros por 404 mil millones. “El gobierno ha derrochado el excedente en gasto corriente, en lugar de invertirlo. El gasto corriente aumentó en el sexenio pasado en 606 mil millones de pesos, mientras la inversión física directa sólo subió 19 mil millones. Por cada peso que aumentó la inversión, el gasto corriente se incrementó en 32 pesos”, explicó.
Acompañado por la secretaria de Patrimonio Nacional, Claudia Sheinbaum, y por el secretario para la Honestidad y Austeridad Republicana, Octavio Romero, de Di Costanzo señaló que no por cuantiosa, la propuesta de reducción es utópica. Con ella se prevén ahorros por 200 mil millones de pesos en una primera instancia, y a partir de ahí someter el gasto corriente operacional a una regla de eficiencia que limite su crecimiento a la mitad de lo que crece la economía. “Esto es condición indispensable para redimensionar el tamaño del gobierno a nuestras circunstancias y necesidades, y ganar credibilidad frente a la sociedad”, indicó.
El funcionario recordó que México ha realizado estas reducciones en muchas instancias en el pasado reciente. En los años 80, el gasto se redujo en 2 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB); a principios de los 90 también se lograron 2 puntos, y a mediados de los 90 se tuvieron logros similares. “Pero a diferencia de la reducción de gasto que han hecho en el pasado los gobiernos neoliberales, basada en reducir el gasto de inversión y obra pública, nosotros proponemos reducir el gasto burocrático”, precisó.
Este ajuste, subrayó, no toca los salarios de los empleados públicos, aunque sí los de la alta burocracia; no reduce los gastos sociales en educación y salud ni en programas de apoyo a sectores desprotegidos, aunque sí disminuye el gasto en los costos operacionales del sector público, que en el pasado sexenio han mostrado el incremento más fuerte, propiciando el crecimiento de la burocracia.
“Los ahorros que hoy tendríamos mediante la aplicación de esta regla sumarían en todo el sexenio 487 mil millones de pesos. No hay justificación para argumentar pérdida de eficiencia en el sector público, ya que si estamos preparados para realizar inversiones públicas por un monto equivalente, habría dinero suficiente para tener mayor capacidad física y para el mantenimiento de la misma, incluyendo equipos y materiales. Lo que no habría sería dinero para dispendio, sobreprecios a contratistas o compras innecesarias”, puntualizó.
Propone además resolver errores como una política de precios equivocada, que maximiza el ingreso fiscal a corto plazo, sin mirar hacia el mediano y largo plazos; la falta de inversión en todas las áreas de Pemex, desde la exploración de crudo y producción de gas, refinación y petroquímica; la intención de los gobiernos neoliberales de privatizar la industria; la decisión de usar gas natural para todo el crecimiento de la industria eléctrica que ha redundado en precios muy altos.
El cambio en las modalidades de licitación en Pemex y la industria eléctrica han favorecido a los proveedores extranjeros, desplazando a los nacionales; la división de Pemex en empresas subsidiarias independientes aumentó el costo y la complejidad administrativa de la empresa, así como la falta de control del gasto corriente del gobierno ha reducido más las posibilidades de invertir en el sector energético, advirtió.