En el limbo, el reglamento de las estaciones de la SG
Atorada, la reforma a centros de detención de inmigrantes
En otro intento para que sea aprobado el nuevo reglamento para las estaciones migratorias, la Secretaría de Gobernación (SG) informó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) sobre la realización de una amplia consulta con diversas organizaciones nacionales e internacionales, y aseguró que la nueva norma cumple con los principios fundamentales de derechos humanos.
Aunque diversos grupos –promotores de las garantías fundamentales de los migrantes– han mostrado su desacuerdo con el proyecto de reglamento (el cual incluye un fichaje con huella digital para los indocumentados y la obligatoriedad a las organizaciones civiles de inscribirse en un padrón), la SG asegura que “revisó, analizó e integró aquellas propuestas que enriquecieron el proyecto”.
Afirma que, no obstante sus atribuciones legales (de la autoridad federal), la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos realizó una invitación abierta a los organismos de la sociedad civil, a efecto de conocer sus puntos de vista y enriquecer la regulación de dichas normas.
Desde el inicio de este sexenio, Gobernación intenta poner en marcha un nuevo reglamento para las 48 estaciones migratorias, con el argumento de que las actuales reglas están rebasadas debido al aumento en el flujo de extranjeros indocumentados en territorio nacional.
Pendiente, dictamen de la Cofemer
Sin embargo, a casi un año del arranque de este sexenio, el proyecto respectivo sigue en análisis de la Cofemer, cuya coordinadora, Martha Fabiola Carreón, ha informado que emitirá el dictamen correspondiente próximamente, es decir, 30 días hábiles contados después del pasado 26 de octubre, según lo estipulado en el oficio 07/3140.
En las respuestas ofrecidas a la comisión, la SG señala que el anteproyecto Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración incluye especial tratamiento para menores migrantes no acompañados y acota los márgenes de discrecionalidad de la autoridad.
También reitera los plazos máximos de estancia de un extranjero (90 días) y la separación del indocumentado del resto de la población será “por el tiempo mínimo necesario y hasta por cinco días, dependiendo de la gravedad” del caso.
Además, garantiza el acceso a la protección consular, la representación legal y la asistencia de las organizaciones de la sociedad civil y religiosas que atienden el fenómeno migratorio de todos los extranjeros custodiados.