Editorial

Miserias del Plan México

Ayer, en el contexto de la comparecencia del secretario de Estado asistente para el Hemisferio Occidental, Tom Shannon, ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los legisladores de la nación vecina –tanto demócratas como republicanos– criticaron con severidad al gobierno de George W. Bush por el acuerdo de asistencia militar y financiera para el combate al narcotráfico y al crimen organizado que oficialmente se denomina Iniciativa Mérida pero que es mejor conocido como Plan México, que aportará mil 400 millones de dólares en tres años al gobierno de nuestro país, y 50 millones a Guatemala, El Salvador y Honduras. En general, los reclamos del Legislativo estadunidense giraron en torno de la discrecionalidad con que se condujo la Casa Blanca durante las negociaciones que mantuvo con las autoridades mexicanas, salvadoreñas y hondureñas, principalmente por no haber proporcionado información respecto de las condiciones de distribución de los recursos. Al mismo tiempo, algunos congresistas externaron su preocupación porque los fondos fueran desviados por la corrupción que recorre los gobiernos de los países referidos. En referencia a México, el republicano Tom Tancredo aseguró que nuestro país “es en sí un cártel de droga”, por lo que “es difícil decir dónde termina el gobierno y dónde empieza el cártel”, declaración que fue calificada por su correligionaria Ileana Ros-Lehtinen como “un insulto a México y a su gobierno”.

Tales manifestaciones de rechazo en el Capitolio permiten percibir con claridad el grave error que cometió el gobierno mexicano al aceptar, de manera tan acrítica y sumisa, las condiciones contempladas en la Iniciativa Mérida, no sólo por el riesgo de que se rediten en el país los efectos del desastroso Plan Colombia –un convenio con el que guarda notables similitudes–, sino porque además los controles de su ejecución no dependen únicamente de la administración de Bush, sino también de la aprobación de un Poder Legislativo que, a juzgar por las reacciones referidas, no acaba por estar de acuerdo con su instrumentación. Del mismo modo, es por demás cuestionable que el gobierno de Felipe Calderón se empeñe en construir alianzas con una administración que va de salida en medio de una severa descomposición política e inmersa en el desprestigio internacional por la aventura bélica ilegal que emprendió en Afganistán e Irak. Por tanto, sería de lamentar que el actual equipo de gobierno pusiera en marcha un proyecto tan cuestionado por la opinión pública e incluso por algunos sectores de las fuerzas armadas, y que además está fundado en acuerdos con severas deficiencias de origen.

Por otra parte, la insistente preocupación del Congreso estadunidense por la corrupción que impera en el sistema político mexicano es fundada, pero hipócrita. Con respecto a los señalamientos de Tom Tancredo, hay que advertir que, más que un “insulto a México”, ellos encarnan una descripción cierta de la realidad nacional, pero también de la estadunidense. En efecto, los cárteles de la droga han logrado infiltrarse en las más altas esferas de los distintos niveles de gobierno del país, aunque otro tanto puede decirse de las autoridades de la nación vecina, por cuyas aduanas entran enormes cantidades de estupefacientes y en donde, según sus propios datos oficiales, se produce ya más de la mitad de la mariguana que consumen sus ciudadanos. La pretendida vocación anti narco de los gobiernos estadunidenses ha quedado en entredicho en diversas ocasiones. Basta con recordar el escándalo en que se vio envuelta la administración de Ronald Reagan, cuyo vicepresidente era George Bush padre, por haber negociado con los cárteles centroamericanos el traslado de narcóticos en aeronaves de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a fin de obtener fondos para financiar acciones terroristas contra el gobierno sandinista de Nicaragua al final de la década de los 80.

Sobre el riesgo, igualmente advertido por Tancredo, de que los dólares pudieran acabar en las arcas de la corrupción gubernamental, cabe señalar que el legislador republicano bien pudiera hacer extensiva esa preocupación a su ámbito doméstico, habida cuenta del manejo turbio que la administración Bush ha hecho de muchos millones de dólares destinados a la guerra en Irak.

Dentro de todo, ayer en la Cámara de Representantes hubo un planteamiento sensato: el congresista republicano Dana Rohrabacher criticó la Iniciativa Mérida por estar orientada a acabar con la oferta, cuando lo adecuado sería combatir el consumo de drogas ilícitas. Sería deseable que en ambos lados de la frontera esta propuesta, sin duda menos espectacular que el despliegue de operativos militares y el empleo de alta tecnología, fuera examinada con seriedad y convertida en una política oficial de combate a los estupefacientes, que tendría mejores perspectivas que la actual para reducir el poder económico, la capacidad de fuego y el vasto margen de cooptación de autoridades por parte del narcotráfico.