REPORTAJE /A diez años de Acteal
Desmantelar las desarmadas bases zapatistas, su propósito
Paramilitar: joven frustrado por las autoridades agrarias
Un trabajo de los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, difundido al día siguiente de la matanza, describía el perfil del “agente protagónico de la violencia”
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Dolor en Acteal
Foto: La Jornada
En los meses anteriores a la masacre de Acteal, los investigadores Andrés Aubry y Angélica Inda, buenos conocedores de los Altos, y particularmente de Chenalhó, se dieron a la tarea de indagar el fenómeno de violencia que sacudía la región. Por extraña coincidencia, habrían de publicar sus conclusiones iniciales el día que se difundieron las primeras informaciones de la matanza. Su documento fue elaborado antes, pero tuvo una oportunidad muy importante. Se titulaba “¿Quiénes son los ‘paramilitares’?” (La Jornada, 23 de diciembre). Vale la pena adelantar un poco el calendario y escuchar sus hallazgos en los mismos meses finales de 1997 que este reportaje recapitula:
“El conflicto de Chiapas cobró a los antropólogos una tarea más: la de identificar a un nuevo sujeto social, el agente protagónico de la violencia”, admiten de entrada. Los autores hacen un rastreo metódico de la información proporcionada por indígenas y precisan: “Sólo en Chenalhó, 17 parajes son afectados: la tercera parte de sus asentamientos y la mitad de su población”.
Por rutina histórica, explican Aubry e Inda, “se le llamó primero pistolero o guardia blanca, por las heridas que aquellos han plasmado en la memoria colectiva de Chiapas. Sin que ellos se hayan extinguido, los medios empezaron a darle la identidad de paramilitar para diferenciarlo de los anteriores (agentes externos a las comunidades, mientras que el nuevo brote de ellas), porque actúa con una relación ambigua y no confesada con las fuerzas del orden, e interviene con armas propias de ellas.
“Con repetidos desmentidos, el Estado ha negado la existencia de paramilitares, dando argumentos que fracciones del Congreso local y la opinión pública se resistieron a creer. Por carencia semántica y por respeto a las autoridades, seguiremos llamándolo como los medios, pero entrecomillado.”
Ni tierra ni trabajo
“¿Quiénes son?”, se preguntan. “Aparecen casi exclusivamente entre jóvenes frustrados por las autoridades agrarias. En los 17 parajes de Chenalhó en que logramos documentar la existencia de unos 246 de ellos, la inercia agraria combinada con el crecimiento demográfico no da ni tierra ni trabajo, aun no agrícola, a los jóvenes en edad de ser derechohabientes del ejido. Los ya casados y jefes de familia, a la par de sus padres, han vagado sin éxito en busca de empleo, sobrevivido de milagro, o de robos de parcelas y cosechas. Obligados a vivir como delincuentes, no sólo carecían de medio de subsistencia sino que, además, no tenían por qué sesionar en las asambleas y, por tanto, eran excluidos de las decisiones del ejido. Primera conclusión, estos criminales son productos del sistema y de sus opciones económicas, agrarias y laborales”.
De repente, la “paramilitarización” ofrece a estos campesinos solución y prestigio. “Solución porque el impuesto de guerra que cobran (25 pesos quincenales por adulto si es permanente, 375 pesos de una vez para quienes se niegan) les proporciona ingresos, y porque el botín de animales, cosechas y enseres (incluidas camionetas) legitima los hurtos humillantes de elotes, café y aves de corral. Prestigio porque las armas –que no son escopetas– les confieren un poder y un estatus que nunca han tenido, ni ellos ni sus padres sin tierras”.
Aquí, Aubry e Inda señalan: “Por haber tenido una vida itinerante en busca de trabajo, o no ser ejidatarios, nunca tuvieron la educación cívica que proporcionan las asambleas periódicas en las cuales se decide el destino colectivo de su paraje, colonia o municipio, y escaparon a toda responsabilidad comunitaria. Los ‘paramilitares’ no tienen proyecto social o político alguno. No pregonan nada, tan sólo se imponen. Los únicos maestros que han tenido son sus monitores del entrenamiento militar al que está condicionada la adquisición de las armas que exhiben.
“Sus mentores, ya sea en sus campamentos o en los patrullajes, tienen una conducta muy parecida a la de los kaibiles de Guatemala. ¿A qué le tiran? ¿Por qué están operando sólo en el estrecho perímetro de la zona de influencia en la cual gozan de perfecta impunidad? La razón es estratégica, y probablemente lo ignoran”. Los investigadores destacan que los parajes donde finalmente “prendieron” estos grupos armados forman una cuña entre los municipios colindantes de Chenalhó, Pantelhó, Cancuc y Tenajapa.
Hacen comparaciones con la ubicación de otros grupos paramilitares: “El estado mayor de Paz y Justicia, en torno a El Limar (Tila), controla los cinco municipios choles y el acceso a varios más. Hacen las veces de las políticas públicas en la casi totalidad de los municipios que administra la secretaría estatal de Atención a los Pueblos Indígenas. El objetivo de todos es el desmantelamiento de algún bastión de las bases –desarmadas– de apoyo zapatistas”.
Después del “golpe militar” contra las comunidades rebeldes el 9 de febrero de 1995, una de las tácticas militares denunciadas por las Misiones de Observación era la destrucción de instalaciones productivas, cosechas y aperos de cultivo “para quitar porvenir” a los disidentes, subrayan. “La táctica ‘paramilitar’ de Chenalhó es la misma: los operativos empezaron con el inicio de la tapizca del café, en un año de buen precio. Y se desplaza masivamente a los productores. Tal como a los indeseables se les corre el tapete, a los indígenas de Chiapas se les quita su futuro”.
Espiral imparable
Entre septiembre y diciembre, las comunidades del norte y el oriente de Chenalhó se ven atrapadas en un proceso que parece imparable. Los hechos criminales en Acteal el 22 de diciembre confirman que al menos el Estado mexicano no pudo, o más bien no quiso, detener esa espiral. De hecho, fue obra suya. Anuncios, denuncias y alarmas no faltaron. Lo que faltó fue otra cosa.
De los entrenamientos de la Seguridad Pública en la comunidad de Puebla no hubo testimonios directos, aparte de los tiros que todas las noches se escuchaban en el valle. Pero sí de lo que ocurría en Los Chorros. Desde julio, el edil Arias Cruz había encargado a sus agentes municipales que levantaran listas de quienes eran del PRI y quienes no, en cada paraje. Se hace asamblea. El agente toma nota. Casi nadie se apunta. Los de la “sociedad civil” instauran un debate y mandan decir a Arias Cruz que el agente no tiene derecho a dividir las comunidades. Lo mismo dicen muchos priístas que tampoco se apuntaron (La Jornada, 27 de septiembre).
En septiembre, los agentes exigen dinero a los pobladores de Puebla, Los Chorros y otros parajes para comprar armas y municiones. Se castiga a los que no colaboran. En algunos lugares, como Los Chorros, se les expulsa. El concejo autónomo de Polhó asegura que el promotor de la contra para dividir a las comunidades es el ex diputado priísta Antonio Pérez Hernández (significativamente, oriundo de Polhó), ahora secretario estatal de Atención a los Pueblos Indígenas, en sustitución del escritor Jacinto Arias Pérez. Entre pedranos te veas.
El 23 de octubre, La Jornada informa desde la cabecera municipal de San Andrés que grupos de tzotziles de los municipios de Chenalhó, San Andrés y Simojovel “reciben entrenamiento militar para oponerse a la permanencia de los simpatizantes del EZLN y evitar la formación de municipios autónomos en los Altos”, según autoridades civiles rebeldes y representantes de organizaciones independientes.
Las comunidades de Puebla y Santa Martha, en Chenalhó; Santiago el Pinar, en San Andrés, y cerca de Chitamulkum, en Simojovel, son consideradas por los concejos autónomos “como centros de entrenamiento de personas que posteriormente formarán parte de grupos paramilitares”. En todos esos lugares se suceden agresiones violentas contra las comunidades en resistencia.
Creciente trasiego de armas
Por su parte, Las Abejas denuncian que “el trasiego de armas en los municipios indígenas se incrementa y los grupos armados aparecen continuamente en los caminos del municipio de Chenalhó” (La Jornada, 24 de octubre).
Los días posteriores se suceden en cascada hechos muy graves en el camino a Los Chorros y las comunidades de Chimix, La Esperanza, Aurora Chica, Puebla, Canolal, Tzanembolom y Acteal. Los ataques armados de los paramilitares contra la población civil, con la intención de expulsarlos de las comunidades, producen un muerto y más de una decena de heridos; los primeros casos que se conocieron, contabilizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado y los representantes priístas de Los Chorros, fueron 13 priístas heridos, y estas fuentes insisten en que todos fueron “emboscados” por “presuntos simpatizantes del EZLN” (La Jornada, 26 y 28 de octubre). En los días posteriores se vería que las cosas no eran así de simples.