Advierten que la batalla por lograr la reasignación de fondos no ha concluido

Persiste la inconformidad de grupos campesinos con el presupuesto rural

Es necesario aplicar acciones para minimizar el impacto de la apertura comercial, señalan

Proponen mayor acceso al financiamiento y un plan contra el hambre y la desnutrición

Para los grupos aglutinados en el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros y en el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conorp) la batalla por mejoras en el presupuesto no ha concluido: ahora pugnarán por cambios en las reglas de operación de los programas, para que los recursos se entreguen a los sectores con menores recursos.

Lamentaron que la “inercia y los poderes fácticos” hayan prevalecido en la Cámara de Diputados y no se atendiera la propuesta de las organizaciones de llevar a cabo ajustes en la conformación del presupuesto, con una nueva directriz ante la liberación de los granos a partir de 2008, en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y el alza –al parecer incontenible– de los precios.

Carlos Ramos, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, comentó: “Estamos inconformes por el matrimonio que se gestó entre PAN y PRI, como se hizo con la reforma fiscal, y porque se atendió más la propuesta de la Confederación Nacional Campesina que la de otras agrupaciones. Los legisladores no aceptaron la sugerencia de reordenar el gasto para no caer en más de lo mismo”.

El siguiente paso en el caso de Conorp, dijo, es seguir insistiendo –en las mesas de negociación instaladas en las secretarías de Economía y de Agricultura– en la necesidad de crear un mecanismo de control de las importaciones y exportaciones de granos a partir del próximo año, y detener la agroinflación y los eventuales impactos en los consumidores.

“Para nosotros, la exigencia de cambio no ha concluido. Estamos con las máscaras de guerra para tratar de detener el golpe de la liberalización total de los granos y otros productos del campo en 2008”, asentó.

El presupuesto considerado para el sector rural no corresponde a un impulso a la productividad ni mejora la calidad de vida de la mayoría de los productores, y si bien en los últimos años se ha incrementado el gasto, no tiene la efectividad que requiere el sector “debido a las simulaciones, el dispendio de los recursos y la falta de objetivos claros y sin soporte”, agregó Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón.

Destacó que el actual sistema de distribución del gasto federal es “obsoleto, está desgastado y en crisis, además de que ya no sirve para fortalecer el desarrollo del campo ni la economía campesina, sin descontar que está sujeto a una distribución inercial”.

Para una mayor efectividad de los recursos es necesario crear una reserva estratégica de alimentos; establecer un sistema nacional de garantías para que los campesinos accedan al financiamiento, y un programa de empleo rural y otro para combatir el hambre y la desnutrición, destacó.

Max Correa Hernández, dirigente de la Central Campesina Cardenista, mencionó que si bien no se logró la reorientación del presupuesto rural, “el cabildeo no fue infructuoso, porque se incluyeron algunos de los programas considerados sensibles por los campesinos”.

Para el sector forestal el presupuesto aprobado también es insuficiente y equívoco, ya que casi 40 por ciento de los recursos serán para el programa de reforestación y plantaciones comerciales, y sólo 20 por ciento para el manejo sustentable de los bosques, expuso Greenpeace.