El presupuesto; injusto, disperso e ineficiente

• Escasos recursos productivos a los agricultores pobres
• A indígenas, mujeres y jornaleros, montos mínimos
• Necesario, focalizar el PEC

Héctor Robles

Con excepción de tres –Procampo, Oportunidades y Fomento Productivo Café−, los programas y recursos públicos dirigidos al medio rural presentan problemas de insuficiencia, dispersión y falta de equidad, además de que brindan pocas posibilidades para que los productores pobres cuenten con financiamiento y apoyos a capitalización, productividad y competitividad.

Un análisis basado en fuentes oficiales y hecho sobre una muestra de 30 programas del Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), que en 2007 contó con casi 177 mil millones de pesos, concluye así, y también evidencia que altos porcentajes del PEC en manos de las secretarías de Agricultura, Reforma Agraria y Economía, y de las instituciones de financiamiento rural, se destinan a municipios de baja y muy baja marginalidad o a municipios donde la población urbana es mayor que la rural, lo cual contesta con un “no” a la pregunta de si los recursos llegan a quienes más los necesitan.

Muchos de los programas no llegan a los sectores más necesitados, especialmente los que tienen que ver con actividades productivas.

El estudio, Impacto de las políticas públicas en el desarrollo rural (disponible en la página web www.cedrssa.gob.mx), fue realizado por la Dirección de Estudios sobre Soberanía Alimentaria y Nueva Ruralidad del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

Ínfima incidencia en los pobres. El documento muestra que la cobertura de los programas rurales es claramente insuficiente respecto de la población objetivo. Por ejemplo, en 2006 la Financiera Rural otorgó créditos sólo a 1.3 por ciento de sujetos con potencial productivo, el PROGAN apoyó a 12.3 por ciento de las Unidades de Producción (UP) bovinas en condiciones de pastoreo; Desarrollo Rural, a 24.4 por ciento de las UP con actividad agropecuaria, y Apoyos al Ingreso Objetivo, a 6.1 por ciento de los productores medios o comerciales.

La situación se agudiza en los programas dirigidos a población específica (pescadores, indígenas, jornaleros) debido a que sus presupuestos son muy bajos. Por ejemplo, los Fondos Regionales Indígenas atienden sólo uno por ciento de la Población Económicamente Activa de los municipios indígenas; los programas de pesca, a 13.4 por ciento de los productores; el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, a 1.8 por ciento de los productores organizados, y el Programa de Jornaleros Agrícolas atiende sólo a 14.4 por ciento de este sector.

Asimismo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales atiende apenas a 18.5 por ciento de las propietarias de tierra incluidas las privadas, y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), 2.8 por ciento de las ejidatarias y comuneras.

La falta de equidad del PEC es visible en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). En 13 programas analizados de esta dependencia (sin considerar Procampo) se observó que 63.5 por ciento de los beneficiarios viven en municipios de alta y muy alta marginación, y recibieron sólo 40.8 por ciento del presupuesto en 2006. En contraste, 19.6 por ciento de los beneficiarios viven en municipios de baja y muy baja marginalidad y captaron 25.6 por ciento del presupuesto.

Asimismo, en programas de perfil productivo de la Sagarpa, Competitividad, Inversión y Capitalización y Sistemas Producto, poco más de 70 por ciento de los recursos llega preferentemente a municipios de baja y muy baja marginalidad.

Y en esos programas, junto con Energía Eléctrica, Investigación y Transferencia Tecnológica, de la propia Sagarpa, la mayor parte de los recursos se va a municipios donde la población urbana es mayor a la rural y hay menos UP agropecuarias.

En el rubro de financiamiento, tanto lo otorgado por la Financiera Rural como lo que reporta el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura se otorgan siete de cada 10 pesos en municipios de baja marginalidad, lo que se puede explicar porque estas instituciones atienden preferentemente a productores rentables y comerciales que puedan pagar los préstamos que se les dan.

Llaman la atención los programas productivos del sector agrario. Sólo 60 por ciento de sus recursos se aplican en los municipios rurales, donde se concentran dos de cada tres ejidatarios y comuneros; el porcentaje restante se otorga a municipios con predominio de población urbana.

Se requiere focalizar. Debemos reconocer que si bien el presupuesto rural se ha incrementado en los años recientes, es insuficiente para resolver todos los problemas del campo, por lo que es indispensable direccionar los recursos a la población más pobre. Es momento de reflexionar también sobre opciones de financiamiento de las actividades productivas de la población pobre. El combate a la pobreza tendrá éxito siempre y cuando se promuevan las actividades de fomento productivo.

Los programas del PEC de mayor alcance son los que cuentan con un padrón de beneficiarios específico y definido. Oportunidades, cuya población objetivo son los hogares en condiciones de pobreza, atiende a 5 millones de familias y prácticamente a todos los hogares en municipios de alta y muy alta marginación; Fomento Productivo Café apoya a ocho de cada 10 productores de este cultivo, y Procampo a seis de cada 10 UP agrícolas

Ello debería reforzar la disposición de la Cámara de Diputados de establecer en el decreto de presupuesto de cada año la obligación de que los programas con subsidios cuenten con un padrón de productores, el cual pueda ser público, verificable y al menos construido a escala municipal.

De los resultados del estudio resalta que los apoyos productivos en zonas pobres son escasos y de mínimo impacto.

Además de Fomento Productivo Café, otros programas con enfoque productivo que al menos destinan la mitad de sus recursos a zonas marginadas son: PAPIR, PROGAN, Microrregiones, Opciones Productivas, los de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Programa de Infraestructura Básica de Albergues Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Mujeres Indígenas, Programa de Capacitación a Pueblos Indígenas y Turismo) y PROCYMAF. El problema es que a estos programas se les asignan escasos recursos, por lo que benefician a muy pocas personas.

Reducir el número de programas. Considerando esto y el hecho de que en general en los programas del PEC hay dispersión de la acción gubernamental y están disminuidos la concurrencia de acciones y los posibles impactos en el desarrollo de las zonas rurales, debemos reflexionar sobre la conveniencia de reducir aún más el número de programas que se presentaron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Tal reducción obligaría al conjunto de los actores rurales (gobiernos federal y estatales, Congreso de la Unión, organizaciones de productores y campesinas y agentes rurales) a definir con mayor claridad los ejes de la política de desarrollo rural y la estructura programática para el sector rural.

Investigador del CEDRSSA, Cámara de Diputados
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