Usted está aquí: martes 13 de noviembre de 2007 Capital Desoye Procuraduría Social alerta por riesgo de inundación en la GAM

Inquilino de la Unidad Ricardo Flores Magón denuncia instalación ilegal de cisterna

Desoye Procuraduría Social alerta por riesgo de inundación en la GAM

Tribunal de lo Contencioso ordenó a la dependencia atender el problema, pero ésta hace caso omiso

Lamenta afectado que las autoridades sólo atiendan cuando hay tragedias

Rocío González Alvarado

Aunque desde el año pasado personal de Protección Civil del gobierno capitalino dictaminó que existe el riesgo de una inundación por la instalación de un tanque cisterna con capacidad de cinco mil litros de agua en la unidad habitacional Ricardo Flores Magón, ubicada en la Gustavo A. Madero, la Procuraduría Social del DF ha hecho caso omiso para resolver esta situación.

Alejandro Roldán, quien presentó una demanda contra la dependencia capitalina, resuelta a su favor por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, indicó que es lamentable que las autoridades sólo presten atención cuando ocurre una tragedia o hechos masivos espectaculares, cuando su deber es atender todas las denuncias, así sea una sola persona la que se encuentra en peligro.

El afectado explicó que desde hace dos años, aun cuando la ley condominal prohíbe realizar obras en las áreas comunes que pongan en peligro o riesgo a los habitantes, un grupo de vecinos decidió de manera unilateral colocar la cisterna a ras de piso, sin contar con las instalaciones adecuadas.

Una inspección técnica realizada por la entonces dirección general de Protección Civil, en septiembre de 2006, advierte del riesgo para los habitantes del edificio de ocurrir un derrame o falla en el tanque, por lo que recomienda su reubicación con un dique alrededor del mismo.

Roldán detalló que además de estar a dos metros de dos edificios, la cisterna se encuentra a unos pasos de las conexiones eléctricas destinadas para todo el conjunto habitacional, que de ocurrir un derrame del líquido podría provocar un corto circuito con sus respectivas consecuencias.

Sin embargo, aunque ya es del conocimiento de las autoridades de la Procuraduría Social nada se ha hecho al respecto, agregó Alejandro Roldán, quien señaló que ante esta situación se vio obligado a presentar una queja, que la dependencia capitalina declaró improcedente.

Ante ello, el asunto se llevó al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del DF, que resolvió que es ilegal el procedimiento administrativo realizado por las autoridades demandadas, y las mandata a reponer el proceso con la debida valoración de las pruebas aportadas.

El condómino aseguró que las autoridades de la Prosoc se comprometieron a resolver esta problemática, pero a poco más de un mes de haberse dictaminado esta sentencia, nadie ha obligado a los vecinos a hacer el cambio correspondiente.

 
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