Derechos, políticas y marco legal

Víctor M. Quintana S.

La sabiduría campesina reza: “somos fuertes si producimos lo que nos comemos”. Esta experiencia vital sistematizada es lo que permite que la organización internacional Vía Campesinahaya desarrollado el concepto de soberanía alimentaria durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación, en 1996.

Foto: La Jornada / José Carlo González

1.- Los factores que integran la soberanía alimentaria:
a) Control del proceso de la propia producción.
b) Capacidad de autoabastecimiento de los alimentos básicos por parte de la unidad que los produce y consume: unidad familiar, comunidad, localidad, región y/o país.
c) Cualidades de los alimentos producidos-acopiados: suficientes en calidad y en cantidad, y culturalmente apropiados al contexto social.
d) Formas de producir dichos alimentos: respetando los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción, comercialización agropecuaria y de gestión de los espacios rurales. Sistemas diversificados de producción.
e) Finalidad social de la soberanía alimentaria: llevar una vida sana, digna y autónoma por parte de unidades familiares, comunidades, localidades, regiones y países.

2.- Definición de soberanía alimentaria:
El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables, apropiadas, de producción, abasto y consumo de alimentos para responder, efectivamente y con autonomía, al derecho de la población al acceso de alimentos sanos, nutritivos, apropiados en términos culturales y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma, todo esto basado sobre todo en la producción nacional diversificada de los campesinos, indígenas y pescadores.

3.- Los derechos implicados:
La soberanía alimentaria, pues, incluye tres derechos mutuamente implicados: el derecho de la población a acceder a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma. El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables y apropiadas de producción, abasto y consumo para responder al derecho de la población al acceso de alimentos. Y, por último, el derecho de los actores de los modos de producción autóctonos, es decir, de los campesinos, los indígenas, los pescadores, que pueden llamarse también “las agriculturas familiares”, a ser respetados como actores o productores principales de esta soberanía alimentaria.

4.- Un modelo agroalimentario contra la soberanía:
Desde principios de los años 80, los poderes económicos trasnacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, imponen un modelo de producción-comercio internacional y consumo que Blanca Rubio llama “la fase agroalimentaria global”. Bajo la égida de este modelo, los países desarrollados se apoderan del mercado agroalimentario del orbe mediante la producción y el control de los alimentos básicos. Mantienen una política de bajos precios internacionales subsidiando a sus grandes productores y presionan a los países pobres a abrir sus fronteras, mediante los tratados de libre comercio o los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Con esto atropellan los tres derechos que constituyen la soberanía alimentaria en los países que sojuzgan.

Cesión de derechos. México no es la excepción: con la apertura comercial hemos ido cediendo nuestro derecho a desarrollar una política agroalimentaria soberana. Se ha disparado nuestra dependencia de las importaciones de este tipo de bienes.

Foto: La Jornada / José Carlo González

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, en 2005 las importaciones de productos agrícolas y alimentos representaron 40 por ciento del consumo total de nuestro país, contra 15 por ciento en 1982 y 20 por ciento en 1994, y para 2008 se prevé que el porcentaje llegará a 50 para pasar a 60 en 2012.

Por otro lado, a consecuencia de no hacer efectivo este derecho fundamental del pueblo de México a definir sus políticas agroalimentarias soberanamente, tampoco se hace efectivo el derecho de los productores familiares a producir. Así, 600 campesinos tienen que abandonar el campo cada año al no hacerles efectivo el gobierno su derecho a producir, porque las políticas que aplica han derrumbado la rentabilidad de la agricultura.

El derecho a la alimentación tampoco lo hace efectivo el gobierno federal: según sus propias cifras, el número de personas que está dentro de lo que se considera “pobreza alimentaria”, es decir, que no tiene ni para comer lo suficiente, aumentó de 2004 a 2005 en un millón 39 mil 725 mexicanos. Hace tres años se contabilizaban 17 millones 914 mil 516 y en 2005 fueron 18 millones 954 mil 241. Las dos terceras partes están en el medio rural.

5.- Marco legal y políticas para la soberanía alimentaria:
La opción por la soberanía alimentaria es una opción de país, de sociedad. Para construirla se requieren la voluntad política eficiente del Estado y la participación activa de la sociedad; un espacio público donde los actores involucrados, gobierno, productores en toda su diversidad y consumidores, vayan dialogando racionalmente y con un sentido nacionalista y compromiso democrático para construir, en primer lugar un modelo alternativo de desarrollo rural y en el contexto de éste elegir las políticas de largo, mediano y corto plazos.

En este sentido, la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional –que está en manos del Senado, en espera de ser votada y aprobada− constituye un excelente marco e instrumento para construir la soberanía alimentaria como proyecto nacional. Y, como señala Armando Bartra, “define a grandes trazos un modelo alternativo de desarrollo rural”; su objetivo es “lograr y mantener la seguridad alimentaria”.

El desafío para las organizaciones campesinas es hacerse presentes, impulsar la aprobación de la ley, y luego participar y aprovechar los espacios y mecanismos que ésta prevé. Deben también organizarse para diseñar y proponer políticas y programas efectivos para construir la soberanía alimentaria nacional en varios aspectos: política macroeconómica de fomento a la agricultura campesina; fortalecimiento de las y los campesinos y sus comunidades como actores productivos; para facilitar su acceso a la tierra y recursos naturales, y para la dotación de infraestructura y tecnología.

Además, deben requerir políticas de precios adecuados en tarifas e insumos, de capitalización y financiamiento de las unidades productivas, de apoyos a la comercialización, de recuperación de la tecnología autóctona y desarrollo de innovaciones y políticas para garantizar alimentación sana y suficiente para todos.

Cuando sociedad y gobierno construyen la soberanía alimentaria, cimientan el círculo virtuoso de los derechos de todos.

¿Y el derecho al trabajo, qué?

Como la creciente dependencia alimentaria, el imparable éxodo de mexicanos testimonia la ausencia de políticas públicas que defiendan la producción y el empleo. Y si garantizar los alimentos a los ciudadanos es compromiso ineludible del Estado, lo es también asegurarles chambas decentes. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización del trabajo (...)”, mandata el artículo 123 de la Constitución, pero el resto se ocupa sólo de los derechos laborales y las relaciones obrero-patronales. Hace falta, entonces, una Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Laborales, que incorpore a la “rectoría del desarrollo” y la “planeación democrática”, que corresponden al Estado, criterios, estrategias e instrumentos que los vuelvan incluyentes y equitativos. Se trata de hacer exigible el derecho constitucional al “trabajo digno y socialmente útil”, que hoy no puede ejercer el medio millón de compatriotas que todos los años escapa a Estados Unidos ni el otro medio millón que se refugia en la economía subterránea.

Un muro de organización

La segunda semana de octubre, más de 80 directivos de 14 organizaciones campesinas de productores de granos básicos de 16 estados de la República, casi todos miembros de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, iniciaron una serie de talleres de formación que se prolongarán por cinco meses. Al final del primer módulo: Historia político-económica del movimiento agrario, se concluyó que “debemos construir un muro por la soberanía alimentaria y la soberanía laboral. No un muro de lamentaciones, ni tampoco como el gringo, para que no crucemos, sino un gran muro de organizaciones y proyectos productivos exitosos, que nos quiten de importar alimentos y exportar personas”.

Foro mundial de Mali

La expresión de “soberanía alimentaria” no tiene una definición reconocida en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero organizaciones civiles pugnan para que la institución la conceptualice como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”, según la declaración final del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, realizado en febrero, en Mali, África. La soberanía alimentaria, continúa la declaración, ”promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición”. Asimismo, “es un medio de garantizar que los derechos de acceso y gestión de la tierra y territorios, aguas, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos”.