Reorientar las asignaciones fiscales, demandan organizaciones

• ¿Renace El Campo no Aguanta Más?
• Exigen apoyos productivos para pobres
• ¿Para qué más dinero a burocracias ineptas, coludidas con trasnacionales?

Prácticamente todo el espectro de organizaciones campesinas nacionales −con excepción de la Confederación Nacional Campesina y las nacidas y alimentadas desde el PAN– decidieron unirse para exigir un cambio radical en el presupuesto rural, y pedir a los grupos parlamentarios de oposición que se comporten como eso, como oposición, “y no como comparsa de las políticas anticampesinas, entreguistas y hambreadoras”.

El énfasis de estas agrupaciones –las mismas que en 2002 conformaron El Campo no Aguanta Más– no es por más recursos públicos, sino que al Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2008 se le impongan candados y vigilancia desde el Congreso de la Unión, para que al menos 70 por ciento de sus montos, propuestos en 211 mil millones de pesos, se canalice a localidades y regiones rurales de alta y muy alta marginación; al desarrollo productivo de agricultores de pequeña y mediana escalas, y a actividades estratégicas que aseguren la soberanía alimentaria y erradiquen la desnutrición, anemia y obesidad en el país.

Otra vez unidos. El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA), La Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP-El Barzón), la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca) y el Frente Nacional Lechero (FNL), signaron el planteamiento. Desde 2004 no habían hecho bloque juntos.

“¿Para qué mayor presupuesto a la administración federal si cada año se incrementa el PEC y al mismo tiempo existe más pobreza rural; se incrementan las asimetrías entre norte y centro-sur-sureste y entre los diversos tipos de productores y pobladores rurales; aumenta el déficit comercial agroalimentario y la emigración rural; se encarecen los alimentos; aumenta la desnutrición y la obesidad, y se destruyen y mal manejan los recursos naturales vinculados al territorio rural?

“¿Para qué mayores recursos públicos a una Secretaría de Agricultura (Sagarpa) que los canaliza en más de 70 por ciento a los agricultores ricos, a los agroempresarios, a las localidades, municipios y estados más desarrollados, a sus compadres y correligionarios? ¿Para qué más recursos fiscales que alimentan una burocracia ignorante, inepta, indolente, desvinculada de los grandes problemas del campo y subordinada a las corporaciones agroalimentarias globales y a las élites y caciques rurales”, se preguntan las agrupaciones.
Llaman a los diputados de oposición a que aprovechen “la valiosa oportunidad” de modificar propuesta del Ejecutivo para el PEC 2008.

Este presupuesto, dicen, debe ser instrumento de una nueva política hacia el campo, con metas estratégicas precisas, y con una orientación verificable y con rendición de cuentas hacia la revalorización de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria; el cambio de la agricultura convencional hacia la agricultura sustentable; la disminución de la pobreza mediante de una estrategia productiva, principalmente, y luego vía programas compensatorios; la preservación y generación de empleo rural, con énfasis en el no agropecuario, y el ordenamiento de los mercados agropecuarios, forestales y pesqueros, por medio de la administración campesina de la oferta, entre otros.

Piden a los diputados que impongan obligatoriedad a las dependencias involucradas en el PEC (la Sagarpa como la principal) a ejercer en su totalidad los presupuestos por ramo, programa y subprograma tal y como se apruebe por el Congreso, sin recortes ni reasignaciones, y que establezcan con claridad las sanciones a imponerse a secretarios, subsecretarios y otros funcionarios que incumplan.

Las agrupaciones consideran que dentro del PEC los diputados deben incorporar un mecanismo de administración del comercio exterior de maíz blanco y frijol, para evitar los daños previstos por la liberalización total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de enero de 2008 (LER).