Empresario las despojó en 2003, con tolerancia de jueces
Recuperan tierras 308 familias de El Carmen, NL, tras fallo judicial
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Residentes de la colonia Emiliano Zapata de El Carmen, Nuevo León, festejan la recuperación de sus tierras. Con el apoyo de cientos de policías fueron desalojados hace cuatro años, y sus casas destruidas con maquinaria pesada y explosivos
Foto: Raúl Rubio
Monterrey, NL, 14 de diciembre. Vecinos de la colonia agropecuaria Emiliano Zapata de El Carmen, Nuevo León, retomaron el control de sus tierras este domingo, después de una resolución judicial. Los campesinos fueron desalojados de sus propiedades hace cuatro años, con el apoyo de cientos de policías, y sus casas destruidas con maquinaria pesada y explosivos.
María Teresa Martínez González, una de las dirigentes de los vecinos, destacó que los magistrados de la segunda sala del tribunal colegiado en materia civil del cuarto circuito judicial determinaron que las 308 familias desalojadas en octubre de 2003 y meses posteriores, son las legítimas propietarias de 263 hectáreas, de las cuales las despojó el empresario pedrero Alfredo Villarreal Elizondo, “con la complicidad de funcionarios estatales y jueces civiles”.
Martínez González explicó que los magistrados declararon inválidas las escrituras que presentó Villarreal Elizondo ante el Registro Público de la Propiedad, pues las obtuvo mediante una operación de ilegal remate.
Agregó que Ramón Aguilar Guevara, quien vendió los terrenos a los campesinos en 1991, en lugar de entregarles las escrituras las dio en garantía a Banca Serfin (hoy Santander), por un crédito que recibió y después el banco se las entregó a Villarreal Elizondo por 630 mil pesos, al ser el único postor en un remate.
El operativo de desalojo, con gran despliegue policiaco, en octubre de 2003, se realizó por orden del juez tercero civil, Raúl Farfán Bocanegra, sin que los colonos fueran oídos en juicio, pues el demandado era el propietario original, Ramón Guevara, y no los nuevos dueños.
El actuario enviado por el juez asentó que los predios estaban desocupados y no tenían construcciones, afirmación desmentida en los juicios que promovieron los colonos, mediante fotografías de sus casas antes y después del desalojo; incluso estaban registradas ante el Instituto Federal Electoral.
Los afectados reconocieron que se les empieza a hacer justicia, sin embargo, exigirán que también se les paguen los daños y perjuicios causados, pues sufrieron la destrucción de 200 casas, muebles, tala de árboles frutales y el robo de animales domésticos, como cerdos y gallinas.