Prioridades y coyuntura
El aplazamiento en la Cámara de Diputados de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), en la sesión del pasado jueves 8, luego de que fue enviado formalmente por el Poder Ejecutivo el primero de septiembre, es decir, hace 69 días, denota la complejidad en las negociaciones, pero también la ausencia de prioridades en la agenda nacional, al menos de forma explícita.
A partir de los supuestos del sistema político, en un régimen presidencialista como el nuestro la primacía en la propuesta la lleva el Poder Ejecutivo; por su parte, el Congreso de la Unión, y en específico la Cámara de Diputados, tiene la función para operar decisiones para convertirlas en leyes, y atiende la intensidad y exigencia de las expectativas de la sociedad y del sector productivo. Al faltar ambos requisitos –la iniciativa presidencial y el debate cameral– la conducción del país queda ausente de prioridades, estrategia, método y dirección. Sometida a la agenda electoral federal y a los resultados estatales, la dinámica de la política nacional resulta cada vez más compleja (el número de jugadores aumenta y fracciona los escenarios de negociación).
Es así como la seducción de la coyuntura y la frivolidad e inconsistencia del sensacionalismo ganan ampliamente el espacio a cualquier intento por ordenar la discusión: cuáles son los principios a reforzar que como sociedad y nación fomentan la convivencia; cuáles son y cómo hacer frente a las presiones tanto internas como externas al país que propician la confrontación.
Los anaqueles y las computadoras están saturados de diagnósticos y propuestas para hacer frente a la pobreza, a la marginación, a la delincuencia, a la violencia contra las mujeres. Entonces ¿por qué se atrasa y pospone la toma de decisiones?
Los rendimientos de la siguiente encuesta de opinión, así como la reacción hipotética de los medios de comunicación, sojuzgan la disposición del quehacer político, la propuesta y la iniciativa.
El recurso del tiempo en la actividad política es el más apreciado y probablemente el más dilapidado. Con frecuencia nos hemos acostumbrado a las posposiciones que evitan o pretenden evitar las definiciones. Sin embargo, las opciones para solventar los conflictos se ven reducidas y el margen de maniobra también, pues la presión para actuar abre las puertas a la improvisación. Ese escenario es al que nos hemos acostumbrado. Gobernar significa tomar decisiones y, por tanto, afectar intereses particulares y/o de grupo en beneficio de la nación y la sociedad. Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen en este proceso de reforma del Estado la oportunidad de evidenciar qué acuerdos y prioridades sí pueden sobreponerse a las apetencias de la coyuntura.
En medio de la tragedia de Tabasco y Chiapas, la disposición a atender la urgencia quedó plenamente justificada. Prever y anticipar es una responsabilidad de los gobernantes. Fue la pérdida de tiempo la causa fundamental de que los efectos fueran menos dramáticos. Decidir a tiempo puede aminorar la fuerza de la tragedia. O, al menos, abrir la opción del acuerdo base para mejores condiciones de convivencia política y social. Dentro de esa lógica, dejar hasta el último momento la aprobación del PEF no propicia, sino tensiones y conflictos, donde los principales afectados son los segmentos desprotegidos y marginados, por cierto, la gran mayoría de los mexicanos.