Encubrimiento en Acteal
El pasado martes el ex presidente Ernesto Zedillo declaró en Madrid que recordaba “con mucha tristeza” la masacre de Acteal. Ello no obstante, casi tres años antes de la matanza, el 9 de febrero de 1995, salía en cadena nacional anunciando la incursión del Ejército Mexicano en las Cañadas de Chiapas, para capturar a la comandancia del EZLN, mientras mediante un juego de fotografías unas manos “desenmascaraban” al subcomandante Marcos.
Esa fecha, que se recuerda en Chiapas como “el día de la traición de Zedillo”, se inauguraba la campaña militar Chiapas 94, implementada por la Fuerza de Tarea Arco Iris, bajo el mando del general Mario Renán Castillo. Este plan contrainsurgente tendría tres años después uno de sus peores frutos: la masacre de Acteal.
En su declaración el ex presidente afirmó también que recordaba que “el procurador general de la República llevó a cabo unas investigaciones serias”. Sin embargo, las investigaciones de Acteal llevaron a concluir que lo ocurrido fue producto de divisiones intracomunitarias, y se ocuparon de cortar los eslabones de responsabilidad en el punto en el que se vincula al entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro y al Ejército Mexicano. Tanto es así que desde marzo de 1999 la organización Amnistía Internacional, que por algo nunca gozó de las simpatías del ex presidente, expresó lo siguiente en un informe que ya lleva como significativo título el de México bajo la sombra de la impunidad: “En diciembre de 1998 un fiscal especial, nombrado con el fin de investigar la matanza, publicó el Libro blanco sobre Acteal, Chiapas, que no aclaró completamente las circunstancias en las que se produjeron los homicidios, ni investigó la responsabilidad de los funcionarios del Estado, a pesar de la negligencia que demostraron algunos altos cargos, tanto el día en que se produjeron los hechos, como durante todo el año anterior (...) A pesar de que el informe (Libro Blanco) detalla la participación de funcionarios de la Seguridad Pública local –sigue diciendo–, que contribuyeron a armar a los grupos paramilitares responsables de la matanza, vinculados a las autoridades, no analiza hasta dónde llega la responsabilidad oficial por estos vínculos”.
El uso y abuso de la procuración y administración de justicia ha tenido en efecto ese encargo hasta la fecha. En los procesos abiertos por la masacre, en contra de los autores materiales, hay 15 funcionarios y 87 indígenas procesados por diversos delitos (homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo del Ejército), pero ninguno es procesado por crimen organizado o asociación delictuosa, previstos y sancionados en el artículo 164 del Código Penal Federal y en la Ley contra la Delincuencia Organizada, porque no se les integraron esos cargos o porque los jueces les otorgaron amparos.
La verdad jurídica de la masacre es, entonces, la versión más aberrante de los hechos, según la cual se entendería que ese 22 de diciembre de 1997 los atacantes se encontraron casualmente en el mismo lugar y a la misma hora, para cometer el mismo delito y sin un plan acordado de antemano.
Esta acción de la procuración y administración de justicia es ya un patrón cuando se trata de procesar a miembros de grupos paramilitares. Sabelino Torres Martínez, Diego Vázquez Pérez, Samuel Sánchez Sánchez y Marcos Albino Torres, entre otros, son los líderes del grupo paramilitar Paz y Justicia, que como en la región de los Altos asoló con sospechosa similitud la Selva Norte de Chiapas en la zona chol. Aunque los procesos siguen abiertos, y algunas decisiones se encuentran en revisión, a todos ellos sistemáticamente se les ha otorgado amparo por delincuencia organizada. Los delitos, los procesos y las sentencias parecen cortados con la misma tijera, y todo parece indicar que existe consigna.
Si no hay crimen organizado, o al menos asociación delictuosa, mucho menos hay paramilitares, y si no hay paramilitares, entonces no hay Ejército que los cree e instituciones públicas que los mantengan.
Como expresa el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas en su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 18 de febrero de 2005, lo anterior refleja “la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales federales, a pesar de que este derecho se encuentra reconocido en la Constitución mexicana y en diversos tratados internacionales”. Muestra asimismo que las instancias de procuración de justicia “no están al servicio del estado de derecho, sino de intereses militares, políticos y particulares, al grado de tolerar y proteger a grupos claramente transgresores de la ley y, en el caso de la masacre de Acteal, a auténticos criminales”.
La impunidad de los altos responsables, que se suma a la de las matanzas de Aguas Blancas, en Guerrero, en 1995; El Charco, igualmente en Guerrero, en 1998, y a los más de 600 casos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen durante la guerra sucia de los años 60 y 70, es parte del proyecto de llevar a cabo una política deliberada de ataques contra la población civil que reivindica pacíficamente sus derechos postergados y negados desde hace muchos años.