Pese al gobierno mexiquense, se logró la absolución, dice la abogada Bárbara Zamora

Exige mazahua liberada que “primero se investigue y luego lo encarcelen a uno”

Javier Salinas y Gustavo Castillo (Corresponsal y enviado)

Lo que “yo pediría al gobierno, lo que me gustaría ver en el país, es que primero se investigaran las cosas y luego lo metieran a uno a la cárcel, porque no es justo que te priven de la libertad y luego te digan que eres inocente”, afirmó Magdalena García Durán, indígena mazahua que fue considerada hace unos días presa de conciencia por Amnistía Internacional, tras obtener su libertad absoluta al no acreditarse ninguna de las acusaciones que el gobierno del estado de México le imputó por su supuesta participación en el movimiento social de San Salvador Atenco en mayo de 2006.

García Durán permaneció encarcelada 18 meses cinco días, acusada inicialmente de delincuencia organizada. Como las autoridades no pudieron comprobarle esa acusación, la involucraron en otros ilícitos, como privación ilegal de la libertad, pero resultó inocente, y ante eso le atribuyeron dos delitos más, pero tampoco se acreditó su responsabilidad, porque fue detenida el 4 de mayo de 2006, cuando se preparaba para vender fruta y frituras a los atenquenses.

Ayer, al salir de la prisión de Molino de Flores, en Texcoco, su primer deseo fue quedarse en el plantón que mantienen habitantes de Atenco fuera del penal, y demandar que las autoridades primero indaguen y luego encarcelen, porque, si bien dijo que no será la primera ni la única, “hay gente que tras 10, 15 o más años, sale absuelta”.

“Salgo contenta, pero también triste, porque adentro se quedó gente a la que no conocía, con la que no tuve ningún contacto en Atenco, pero que aquí conocí, y con la cual compartí muchas cosas.” García Durán reside en el municipio de Chimalhuacán; su error fue haber ido a comerciar el 4 de mayo de 2006 a Atenco.

“He perdido mucho tiempo, me lo robaron a mí y a mi familia, a mis seis hijos, a la menor que tiene 13 años, y mis nietos que nacieron mientras estuve presa”, señaló al ser entrevistada al traspasar la aduana de vehículos del penal.

Entre lágrimas, pidió que se haga justicia para los 184 detenidos en San Salvador Atenco, de los cuales 23 siguen presos (tres en el penal de máxima seguridad del Altiplano, antes La Palma, en Almoloya de Juárez), mientras los otros 160, aunque están en libertad bajo fianza, siguen sujetos a proceso penal.

La mazahua abandonó la prisión con el puño en alto, y tras ser recibida por su abogada, Bárbara Zamora, recordó cómo fue detenida: “Yo estaba dentro de la camioneta en que transportaba mi mercancía. Llevaba papas, chicharrones, sandía, mango, piña. Ya iba a empezar a preparar mi mercancía, cuando de repente muchos granaderos –parecían hormigas corriendo– golpearon la camioneta con sus armas y toletes. Me bajaron, me patearon, me amenazaron, me dieron de toletazos, hasta me robaron mi cadena con la imagen de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo.

“Me dijeron que me iban a matar como un perro, que me iban a cortar la cabeza. Luego me agarraron de la trenza y arrastraron por la calle hasta una camioneta.

“Luego me pasaron a un camión que ya traía gente tirada. No quería pisarlos porque estaban ensangrentados. El olor era penetrante. Entonces dos mujeres policías me dijeron ‘pásale para acá, ahorita te vamos a cortar la cabeza’. Me arrastraron a la parte trasera del camión. Así como iba, encima de varios, muchos fueron echados arriba de nosotros. Ya no podía respirar y le pedía mucho a Dios que se movieran un poco. Un comandante subió al camión y ordenó a los policías que ya dejaran de hacer su desmadre, pero también les dijo ‘si alguien se mueve, mátenlo’.”

Tras la liberación de García Durán, la abogada Bárbara Zamora recordó que la excarcelación se logró luego de promover cuatro amparos y la celebración de 100 audiencias “manipuladas y con actuaciones parciales de los jueces locales que obedecieron consignas del gobierno estatal”; por lo que tuvo que ser la decisión del titular del juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl, Mauricio Torres, la que obligó a las autoridades mexiquenses a reconocer la inocencia absoluta de la mazahua.