Existe el riesgo de que miembros de las fuerzas armadas sean corrompidos, advierte
Cuestiona especialista la estrategia federal contra el crimen organizado
La militarización es parcial e ineficiente, plantea el experto Felipe Espinosa Torres
Son insuficientes las acciones de inteligencia, señala en investigación sobre seguridad
Las acciones que ha emprendido el gobierno contra el crimen organizado, que “son de tipo militar” y no policiacas, están dirigidas únicamente a lograr el control territorial de las áreas en las que se están aplicando los llamados operativos conjuntos, y aunque esto puede tener un efecto disuasivo de la criminalidad, las medidas resultan parciales e ineficientes, señala un estudio elaborado por el doctor en salud pública Felipe Espinosa Torres, difundido por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi).
El documento, que puede consultarse en la página web del Icesi, señala que “aunque el gobierno federal ha reiterado que la estrategia llevada a cabo contra el crimen organizado, específicamente los operativos conjuntos, es integral y preventiva, dicha estrategia ha respondido más a acciones punitivas y de reacción”, y se “han basado en operativos militares de tipo presencial, de vigilancia y control territorial”.
Asimismo, Espinosa Torres señala que el gobierno federal carece “de una política preventiva e integral”, lo cual ha llevado a que los resultados de los operativos conjuntos contra el crimen, que se llevan a cabo en nueve entidades, “se ubiquen por debajo de las expectativas generadas, ya que se han realizado estrategias basadas fundamentalmente en acciones punitivas de carácter militar –no policial–, con una labor de inteligencia insuficiente, sin coordinación con otras áreas de gobierno tanto del orden federal como estatal y municipal, sin contar con elementos que permitan el intercambio de información y, finalmente, sin la participación activa de la sociedad civil”.
El estudio, denominado Análisis de la seguridad pública y la seguridad nacional en el primer Informe de gobierno, considera “altamente probable que miembros de las fuerzas armadas –mandos y tropa– sean corrompidos, afectando a sus instituciones de manera perniciosa”.