El ex gobernador de QR cuenta con 15 días para impugnar la resolución
Conceden extradición de Villanueva
Una corte de Nueva York lo reclama por conspiración e introducción de cocaína
En México fue absuelto de narcotráfico, pero se le halló culpable de lavado de dinero
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) concedió la extradición del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva a Estados Unidos, donde será juzgado por el delito de narcotráfico, aunque dicho proceso no será inmediato, pues el ex funcionario priísta cuenta con 15 días hábiles para impugnar el fallo mediante una demanda de amparo indirecto.
Funcionarios de la cancillería notificaron a Villanueva de esta resolución alrededor de las 16 horas en su celda del Reclusorio Norte. La decisión se dio con base en la opinión jurídica que el pasado 9 de octubre emitió la juez primera de distrito de procesos penales federales en la capital de la República.
“Es importante destacar que la SRE no determina si el reclamado es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, dado que esto será materia de los procesos penales que se iniciaron ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, que es la autoridad que libró las órdenes de aprehensión en contra del señor Mario Ernesto Villanueva Madrid”, indicó la cancillería en un comunicado nocturno.
La corte federal del distrito sur de Nueva York reclama al ex gobernador (1993-1999) por delitos como conspiración e introducción de cocaína a Estados Unidos desde 2001, año en que se emitió la orden de aprehensión en aquel país.
Las pruebas en que se basa la fiscalía estadunidense están sustentadas en las declaraciones de tres testigos protegidos que ya habían declarado (en 1988) contra Villanueva en el juicio en México, donde fue absuelto de narcotráfico pero condenado por lavado de dinero.
En entrevista con La Jornada, el penalista Horacio García Vallejo, defensor de Villanueva, adelantó que una vez que analice la resolución de la cancillería interpondrá la demanda de amparo correspondiente, por lo que se prevé que el ex gobernador permanezca en territorio mexicano varios meses más, ya que su juicio podría terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según el litigante, tanto la juez que emitió la opinión jurídica como la cancillería mexicana violaron las garantías constitucionales de Villanueva, específicamente el artículo 15 de la Carta Magna, ya que “la ley dice que primero se deben ofrecer las pruebas y después emitirse una orden de aprehensión por una autoridad competente; pero en este caso, primero en 2001, se emitió la orden de captura en Estados Unidos, y después, en 2007, se recabaron las declaraciones de los testigos que imputan cargos a mi defendido”.
El gobierno de Estados Unidos formalizó a la media noche del 17 de agosto pasado su solicitud de extradición contra Villanueva, cuando faltaban sólo 32 horas para que venciera el plazo de 60 días que tenía ese país para efectuar la solicitud correspondiente.
Según consta en el expediente de extradición S301CR21, en poder de este diario, Estados Unidos sustentó la solicitud de captura contra Villanueva en declaraciones de tres testigos protegidos que comparecieron bajo juramento entre el 3 y el 9 de agosto de 2007, es decir, apenas la semana pasada se obtuvieron las imputaciones.
Los testigos son José Alfredo Ávila Loureiro Enrique, Ramón Gumaro Garza de la Garza y Noé Carlos Laguna Sánchez. Los tres declararon entre octubre y diciembre de 1998 ante la Procuraduría General de la República. Ahora lo hicieron ante las autoridades del país vecino.
Al rendir testimonio, Ávila Loureiro dijo a las autoridades estadunidenses que “debido a mi cargo en la organización (del narcotraficante) Alcides Ramón Magaña, El Metro, tengo conocimiento de que éste realizaba pagos en efectivo con regularidad a Mario Villanueva, entonces gobernador de Quintana Roo, a cambio de protección y ayuda.
“A Villanueva se le pagaron aproximadamente entre 400 y 500 mil dólares en efectivo por cada cargamento de cocaína, que solía variar entre 500 y mil kilogramos por cargamento que el cártel (de Juárez) se encargaba de llevar y enviar a través de Quintana Roo.
“A cambio, Villanueva Madrid ponía a disposición miembros de la policía estatal y federal, y otros recursos para poder descargar, transportar, almacenar y proteger dichos cargamentos de cocaína”.