Se destinarán 29 mil millones de pesos para la aplicación de la ley en la materia
Presupuesto especial en 2008 para combatir la violencia contra la mujer
En 2008, por primera vez habrá un presupuesto específico, de 29 mil millones de pesos, para la aplicación de la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aseguró Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres.
Al menos, dijo, ésa fue la propuesta elaborada de manera conjunta por el instituto, la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda para incluirla en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008. Sin embargo, señaló que son múltiples los obstáculos que deben enfrentarse antes de que los planteamientos de la ley puedan ser realidad.
Al participar en la Cátedra de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Navarrete explicó que en el proceso para homogeneizar las legislaciones estatales con la federal tendrán que modificarse, por ejemplo, los códigos penales de Campeche, Chihuahua y Nayarit, que tipifican delitos como el de “homicidio por razón de honor”, en el que prácticamente se exime de toda responsabilidad a la persona que mate a su pareja si la encuentra en “un acto carnal o próximo a su consumación”. Algo parecido ocurre con el rapto, cuya sanción es mínima y la acción penal se extingue si el raptor se casa con la víctima. Los códigos de 13 estados contienen esta figura.
Desde febrero de 2007, cuando se publicó la ley general en el Diario Oficial de la Federación, sólo ocho estados de la República han emitido una local. Navarrete dijo que el proceso ha sido lento y se ha extendido a la elaboración del reglamento por la complejidad del tema y por tratarse de una innovación legal, apuntó.
Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, resaltó que el problema de la violencia contra las mujeres es una de las deudas más importantes que el país tiene con ese sector de la población, y lejos de resolverse cada día hay mayor evidencia del creciente número de hechos que atentan contra la seguridad femenina.
En un periodo de 17 años la violencia contra las mujeres aumentó de 30 a 72 por ciento, y ahora es más evidente la de tipo institucional. A pesar de acciones, denuncias y exigencias de organizaciones civiles, y de los exhortos de organismos internacionales para que el gobierno de México atienda los feminicidios en Ciudad Juárez, la impunidad sigue rampante, apuntó la activista. Prueba de ello es que 70 por ciento de los casos denunciados entre 1993 y 2006 siguen sin resolverse.
El padre Miguel Concha, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que se trata de un asunto de Estado y la autoridad federal no puede eludir su obligación. El país asumió ante la comunidad internacional la responsabilidad de hacer valer los instrumentos de protección de los derechos humanos, y lo que se ve es que las autoridades “se pelotean” el problema y nadie le da solución. Eso pasó en el sexenio de Vicente Fox y puede pasar con el gobierno calderonista, alertó.