Editorial

Tabasco: caos y deslindes

El saldo que han arrojado las inundaciones en el estado de Tabasco, a más de una semana de las tormentas que tuvieron lugar en esa entidad, es por demás desalentador: más de un millón de personas han perdido todas o casi todas sus pertenencias; en las zonas dañadas escasean el agua potable y víveres, al tiempo que proliferan los saqueos, lo que ha hecho que muchos de los afectados prefieran pernoctar en domicilios anegados para resguardar lo que les queda; además, aunque el nivel de las aguas parece ir en descenso, la población se enfrenta, con preocupación, a la posibilidad de un nuevo frente frío, que estaría acompañado de más lluvias y, en consecuencia, de mayores peligros y pérdidas.

En tanto, las autoridades de los distintos niveles de gobierno se han enfrascado en una vergonzosa cadena de acusaciones y deslindes: en tono de reclamo, el gobernador de la entidad, Andrés Granier Melo, demanda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cierre inmediato de la presa Peñitas para que baje el nivel de las corrientes; la CFE se deslinda de la responsabilidad al señalar que dicha presa sólo aportó 3 por ciento del total del agua que anegó la planicie tabasqueña; la Conagua da explicaciones confusas y contradictorias sobre la realización del Programa Integral Contra Inundaciones (PICI), y el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón, señala al cambio climático como principal causa de la tragedia. Calderón afirmó ayer que “no debe haber protagonismos” en el contexto de la tragedia tabasqueña, mientras la Presidencia lo coloca en los medios como máximo protagonista del esfuerzo humanitario para asistir a los afectados.

La catástrofe de Tabasco ha puesto en evidencia un doble conflicto. Por un lado, la acción lenta, confusa, descoordinada e ineficiente de las autoridades –tanto estatales como federales– para atender la situación: como consecuencia, hay zonas enteras de la entidad en donde la ayuda humanitaria aún no ha llegado, o bien ha fluido a cuentagotas. A este conjunto de ineptitudes hay que añadir el duelo de recriminaciones entre panistas y priístas aliados en el ejercicio del poder.

Por otra parte, la crisis de credibilidad por la que atraviesan las instituciones gubernamentales siembra escepticismos, por desgracia fundamentados, acerca de la eficacia, la justicia y la probidad con la que se distribuye la ayuda recaudada. Es decir, los distintos niveles de gobierno no sólo se estorban entre sí para dar una respuesta eficaz a la complicada situación, sino que además obstaculizan la solidaridad del resto del país para con los afectados.

Las responsabilidades morales, políticas, administrativas o penales que han salido a relucir son de tal magnitud que exigen una tarea, monumental pero imprescindible, de esclarecimiento, de deslinde de culpas y de imposición de sanciones.

A estas alturas, la dolorosa circunstancia tabasqueña demanda dos operativos de rescate: el de las regines inundadas y el de las instituciones, hundidas éstas en su propio descrédito, en su ineficacia y en su falta de coordinación.

En suma, el deplorable manejo de esa crisis entrega una radiografía del gravísimo fracaso de las autoridades federales y estatales en el ejercicio de su tarea más elemental: salvaguardar la integridad física, habitacional, patrimonial, de sus gobernados.