Exigen diputados que se auditen fondos canalizados por Pemex y Hacienda desde 2003
Se desconoce el uso de casi $2 mil millones destinados a obras hidráulicas de Tabasco
La infraestructura de control de ríos, bordos y drenes no se vio en la tragedia que vive el estado
En los pasados cuatro años, el gobierno federal destinó, por medio de la Secretaría de Hacienda, mil 802 millones 337 mil 905 pesos al estado de Tabasco para la construcción de estructuras de control de ríos, formación de bordos, edificación de drenes y rehabilitación de márgenes de afluentes, obras de las que no existe registro alguno, denunció Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados.
Asimismo, documentó que de los casi 2 mil millones de pesos que de 1999 a la fecha destinó Petróleos Mexicanos (Pemex) a la construcción de infraestructura y vivienda social en las márgenes de los ríos en Tabasco, la Secretaría de Hacienda, mediante el ramo 16 del Presupuesto de Egresos, autorizó mil 802 millones para obras de infraestructura. Tal situación propició que el legislador perredista adelantara el envío de una “solicitud de revisión excepcional” al gobierno de aquella entidad, la cual estaría a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El representante del sol azteca explicó que los mil 802 millones 337 mil pesos se otorgaron mediante el ramo 16 del presupuesto, destinado a medio ambiente y recursos naturales, con la clave 0316B000146, denominada Proyecto para protección de centros de población y áreas productivas en la cuenca del río Grijalva en el estado de Tabasco.
Expuso que sólo en 2003 la Secretaría de Hacienda dio a conocer un listado de fondos que se autorizaron a las arcas del gobierno estatal para que los invirtiera en la construcción de estructuras de control de ríos en la cuenca del Grijalva.
En aquel año (2003) se autorizaron 287 millones 431 mil 630 pesos; en 2004, 214 millones 38 mil; en 2005, 288 millones 299 mil 250; en 2006, 346 millones 518 mil; en 2007, 342 millones 792 mil, y para 2008 se contemplan 262 millones 310 mil 400, lo que en suma arroja mil 741 millones 389 mil 280 pesos.
El diputado Ortega consideró de “suma gravedad” que los gobiernos del estado de Tabasco hayan recibido casi 4 mil millones de pesos, aportados por Pemex y la Secretaría de Hacienda, para infraestructura, formación de bordos, construcción de drenes y rehabilitación de márgenes de los ríos, sin que se haya logrado demostrar que esos recursos fueron utilizados.
“La situación que priva en la entidad sólo puede describirse como una tragedia nacional, y no debe haber reparo alguno en aclarar el destino de recursos tan cuantiosos. El problema para los tabasqueños es que en su estado gobernaron políticos tradicionales, no estadistas con visión de futuro. Desde la Comisión de Vigilancia vamos a insistir ante la Auditoría Superior de la Federación para que con un esfuerzo muy importante revise a fondo los recursos públicos que habrían sido malversados en perjuicio de miles de personas”.
El legislador perredista describió que las obras –que aún no se han hecho– tienen un horizonte estimado de operación de 30 años. Incluso, refirió que el costo total de la infraestructura para proteger centros de población contra inundaciones, que se encargaría de preservar a 295 mil habitantes y 46 mil hectáreas de zonas urbanas, sería de 5 mil 260 millones 698 mil pesos.
A decir del presidente de la Comisión de Vigilancia, auditorías aplicadas al gasto de los recursos públicos destinados a infraestructura hidráulica manifiestan fallas de control interno en la documentación contable que soportan las pólizas, “ya que en los registros de los proyectos de inversión sólo hay copias y no se logró verificar ciento por ciento de los originales al momento de solicitarlos; deficiencias en el manejo de caja chica por falta de comprobación y no justificación de gastos; inexistencia de un inventario físico de las adquisiciones de materiales que se realizan, por lo que no se podría determinar y verificar el adecuado uso de los bienes adquiridos y proporcionados a cada área; no se cuenta con inventario físico de los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo estatal encargado de atender la problemática del agua, y se desconoce el número real de unidades y el monto de los activos asignados”.