Resultado de un monitoreo ciudadano a la labor de los representantes populares
Sin transparencia, gasto de la Asamblea Legislativa
No hay transparencia en el manejo presupuestal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, concluyó Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con base en los resultados obtenidos durante un monitoreo ciudadano a la labor de los representantes populares.
Estos datos fueron dados a conocer ayer por los diputados perredistas Tomás Pliego, Leticia Quezada, Ramón Jiménez, Humberto Morgan, Arturo Santana, Enrique Vargas y Avelino Méndez, quienes propusieron a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa suscribir un “convenio con el Observatorio Ciudadano de la ciudad de México, a fin de que este órgano sea monitoreado en materia de transparencia y rendición de cuentas en todas sus acciones”.
Pliego Calvo señaló que en el documento denominado La IV Legislatura de la ALDF: déficit en transparencia y derechos humanos, Fundar asevera: “no existe transparencia en la forma en que se ejercen los 901 millones de pesos que recibe la Asamblea Legislativa como presupuesto y, en especial, los 421 millones que reciben los diputados directamente para sus labores”.
En el apartado de productividad, el Centro de Análisis e Investigación advierte que son “escasos los avances en la labor legislativa”, por lo que recomienda a la ALDF “cumplir con sus obligaciones de transparencia, revertir la opacidad en el manejo presupuestal”.
El lunes, la Comisión de Gobierno de la ALDF anunció que promoverá una profunda reforma para que, entre otros puntos, se incluya a los partidos políticos y sindicatos de la ciudad de México, como sujetos obligados a la transparencia.
En ese sentido, los diputados antes citados subrayaron que el “buen juez empieza por su casa”, por lo que la Comisión de Gobierno debe transparentar el manejo de su presupuesto.
“Hoy en día, alrededor de 60 por ciento del presupuesto de la Asamblea Legislativa se maneja en forma oscura”, estimó el vicecoordinador de la fracción perredista Ramón Jiménez. “No sabemos si hay licitaciones o no, o cuánto personal hay en cada área, por ejemplo”, acotó Quezada.