Con un acuerdo por 394 mdd, Ems Group trabajará sobre 3 mil kilómetros de la red
Asigna Pemex a empresa privada contrato para mantener ductos
Esta semana el consejo de administración cuestionará al contratista de la plataforma Usumacinta
Subsecretario de Energía reconoce que la gravedad de la corrupción en el sector impide reformas
Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó un contrato de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo para unos 3 mil kilómetros de ductos, a la empresa Ems de México, la cual estará encargada de atender la infraestructura durante un periodo de 10 años.
El contrato por 394 millones de dólares es apenas una tercera parte del programa de mantenimiento que la empresa tiene previsto para atender la red de ductos en todo el país con financiamiento privado.
La licitación lanzada por Pemex fue severamente cuestionada por miembros del Congreso de la Unión, quienes consideraron que este programa, con un alcance de mil millones de dólares, es la puerta de entrada al capital privado en el manejo de los ductos de Pemex.
Ayer la paraestatal informó sobre la adjudicación de la licitación pública internacional 18575111-006-07 “para la ejecución de los trabajos de aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de PEP (Pemex Exploración y Producción), sistema 4”.
La licitación comprende la ejecución de trabajos de mantenimiento –preventivo, predictivo y correctivo–, asistencia técnica y mejora en aproximadamente 3 mil kilómetros de ductos en Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, “que permitirán a la paraestatal logros en seguridad, eficiencia y ahorros”, calculados en 200 millones de dólares al término de los contratos.
De acuerdo con la información difundida por Pemex, la ganadora, Ems Group, es una empresa de servicios integrados para el mantenimiento de ductos, constituida por 10 empresas cuyas especialidades ofrecen los servicios que el sistema 4 de PEP requiere, y presta servicios a más de 200 clientes en México, Estados Unidos y Canadá.
Suspicacia legislativa
Las críticas más severas a la licitación para el mantenimiento de ductos se refiere a que las firmas ganadoras de los contratos estarían en condiciones de subcontratar todos los servicios no centrales, desplazando al personal especializado de Pemex, además que el financiamiento se llevará a cabo mediante endeudamiento con particulares bajo la figura de los Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), ahora conocidos como obra pública financiada.
Para la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, principales críticos de esta operación, la licitación representa un “nuevo instrumento de privatización de la actividad petrolera”, al entregarse la administración de ductos a empresas privadas. Por la naturaleza de los trabajos, las únicas con posibilidades de adjudicarse los contratos son grandes corporaciones internacionales.
Este tipo de contratos, alertaron los legisladores perredistas, dejará fuera de la industria a decenas de pequeñas y medianas empresas nacionales que hoy realizan las labores que Pemex lanzó a licitación.
Informes internos de Pemex señalan que la “dimensión de la oportunidad de negocio” equivale a una longitud de ductos de 5 mil 372 kilómetros, y a 3.8 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente.
Investigación del contratista encargado de Usumacinta
A dos semanas de ocurrido el accidente de la plataforma Usumacinta de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la sonda de Campeche, la petrolera citó a la empresa Perforadora Central para que explique en breve las circunstancias en que se encontraba esa infraestructura al momento del percance donde murieron 22 trabajadores.
Según el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Energía (Sener), Jordi Herrera Flores, esta semana se reunirá el consejo de administración de Pemex para exigir cuentas a la empresa contratista y definir si se encontraba en condiciones de cumplir el protocolo de seguridad que se exige a ese tipo de prestadores de servicios.
El funcionario participó en el ciclo de conferencias Sector energético, mercado laboral y estabilidad macroeconómica, organizado por la Universidad Iberoamericana, donde hizo un planteamiento del actual reto energético para el país. Al término de su exposición informó sobre la reunión que se realizará esta semana entre el consejo de administración de Pemex con representantes de la empresa Perforadora Central, como parte de las investigaciones que realiza la paraestatal sobre el accidente ocurrido el 23 de octubre.
En otro orden, el funcionario reconoció que en el sector energético la corrupción es un tema que ha llegado a niveles de gravedad, que impiden avanzar en una reforma estructural. “El problema es tan grave que lo primero es determinar por dónde entrarle”, comentó.
Petróleo más caro y escaso
Antes, durante su exposición, Herrera Flores se refirió a la problemática económica que plantea para el país la conjunción de un declive en la producción de crudo por alrededor de 300 mil barriles diarios este año, frente a un mayor costo de extracción que pasó de seis a 11 dólares por barril, y que continuará elevándose hasta los 25 dólares.
El impacto de la declinación de la producción de crudo, dijo, fácilmente se puede determinar al multiplicar el margen de utilidad de producir cada barril, unos 70 dólares. Esto equivale a que el país deja de percibir alrededor de 21 millones de dólares al día, los cuales se traducen en 7 mil 665 millones de dólares al año.
Aclaró que esta situación está siendo parcialmente compensada por los altos precios internacionales del petróleo, aunque advirtió que el mayor precio de producción será una constante a futuro, porque cada vez es más difícil tener acceso a los yacimientos, los que requieren infraestructura y tecnología cada vez más avanzada, “y eso cuesta más dinero”.
Otro problema que mencionó Herrera Flores fue el de la ineficiencia que se presenta en el sector eléctrico, donde se calcula que al menos 32 por ciento del consumo nacional no se factura por problemas de cobranza, lo que se traduce en pérdidas por más de 17 mil millones de pesos anuales.
En materia eléctrica también reconoció que las tarifas son altas, cuando por mandato constitucional no debieran ser mayores al costo de producción, y los consumidores no tendrían porqué pagar ineficiencias en las empresas del ramo. Sin embargo, matizó, en las tarifas eléctricas están reflejados los altos precios de los hidrocarburos.