El jefe militar suspende los derechos constitucionales y destituye al presidente de la Corte
Decreta Pervez Musharraf el estado de excepción en Pakistán
La medida, para responder a la amenaza de una “peligrosa situación” y a la inestabilidad, dice
Estados Unidos y la Unión Europea reaccionan con duras críticas a la decisión del mandatario
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Soldados paquistaníes resguardan el centro administrativo de Islamabad, poco después del decreto de estado de excepción del gobernante militar
Foto: Ap
Islamabad, 3 de noviembre. El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, decretó hoy el estado de excepción en este país de 169 millones de habitantes, suspendió la vigencia de los derechos constitucionales y ordenó la destitución del titular de la Corte Suprema, so pretexto de que el Poder Judicial se ha entrometido en la política “antiterrorista” del gobierno.
En un discurso televisado al filo de la medianoche, Musharraf dijo que las medidas tienen el objetivo de responder a la amenaza de una “peligrosa situación” que pone al país asiático al borde de la inestabilidad.
El anuncio oficial del mandatario –en el poder desde octubre de 1999, tras imponerse mediante un golpe de Estado– estuvo antecedido de rumores, movimientos precipitados de tropas en la capital e interrupción intempestiva de las señales de televisión privada.
Los puntos principales del decreto presidencial fueron difundidos la noche de este sábado por la televisión estatal, después de que Musharraf sostuvo una larga reunión con el gabinete, incluido el primer ministro Shaukat Aziz, quien permanece en su cargo.
En el lugar de Iftikhar Chaudhry fue designado como nuevo presidente de la Corte Suprema el jurista Abduk Hamid Dogar, quien asumió su cargo en una ceremonia encabezada por Musharraf.
Además de cesar a Chaudhry, para neutralizar totalmente el poder del máximo tribunal, el decreto presidencial prohibió a los tribunales emitir fallos contra el mandatario de facto.
En un primer momento, la Corte Suprema reaccionó al decreto que impuso el estado de excepción con una declaración de “invalidez”, que sin embargo fue ignorado por el gobierno.
El ejército ocupó esta noche las instalaciones del órgano judicial y agentes de seguridad gubernamental detuvieron a diversos críticos y opositores al régimen, incluido Aitzaz Ahsan, un abogado que destacó recientemente por argumentar la ilegalidad de la relección de Musharraf.
El presidente consiguió un nuevo mandato de cinco años –el primero lo inició formalmente en 2002– mediante el apoyo de legisladores incondicionales en el Parlamento y las legislaturas provinciales durante los primeros días de octubre pasado.
Esta administración terminaba oficialmente el 15 de noviembre, pero la Corte Suprema debía ratificar la elección de Musharraf.
Con la instauración del estado de excepción queda en duda la posibilidad de que se celebren las elecciones legislativas previstas para enero próximo.
Musharraf es aliado clave de Estados Unidos en la guerra contra combatientes del talibán afgano –la llamada guerra contra el terrorismo–, que se refugiaron en la zona fronteriza con Pakistán a raíz de la invasión de Estados Unidos a ese país.
En semanas recientes, Musharraf ha tenido que enfrentar la movilización de grupos armados paquistaníes ideológicamente cercanos al talibán afgano, e inclusive el gobierno los ha acusado de generar disturbios y atentados.
También debió encarar actos políticos de protesta. Primero fueron las manifestaciones de miles de simpatizantes de Chaudhry –destituido en marzo pasado por órdenes de Musharraf, pero reinstalado después en su puesto de presidente del máximo tribunal– y luego las expresiones de apoyo a la ex primera ministra Benazir Bhutto, en octubre pasado.
En un mensaje televisado, Musharraf pidió a sus “amigos” de Estados Unidos, la Unión Europea y la Commonwealth que “traten de entender el dramatismo de la situación en Pakistán y el entorno de este país, que está al borde de la desestabilización. La pasividad sería en este momento un suicidio para Pakistán, y no puedo permitirlo”.
Occidente, “decepcionado”
Estados Unidos y la Unión Europea reaccionaron con duras críticas a la decisión de Musharraf de suspender derechos constitucionales.
Un portavoz de la Casa Blanca la calificó de “decepcionante” las acciones del mandatario paquistaní, a quien le pidió convocar a elecciones libres y justas, además de sugerirle que deje el cargo de jefe máximo de las fuerzas armadas, una de las quejas recurrentes de la oposición paquistaní.
La secretaria de Estado estadunidense, Condoleezza Rice, dijo que “Estados Unidos está profundamente perturbado” por las acciones “extraconstitucionales”, porque desvían a Pakistán de la democracia y el gobierno civil.
Pese a los señalamientos de la Casa Blanca y de Rice, el secretario de prensa del Departamento de Defensa, Geof Morrell, dijo que “en este momento la declaración (de estado de excepción) no afecta nuestro apoyo militar a los esfuerzos paquistaníes en la guerra contra el terrorismo”.
Además de la suspensión de señales de la televisión privada, los servicios telefónicos celulares y fijos fueron cortados.
Pelotones militares cerraron los accesos a los edificios que albergan la Corte Suprema y la Presidencia y las calles de Islamabad quedaron prácticamente vacías.
En Lahore, la movilización de fuerzas de seguridad incluyó acciones contra Imran Khan, líder del Partido del Movimiento por la Justicia, prominente opositor al gobernante militar.
En Karachi, la principal ciudad y un activo puerto comercial en el sur del país, se escucharon disparos en algunos barrios, especialmente en Lyari, habitado por muchos de los simpatizantes del Partido del Pueblo de Pakistán, encabezado por Benazir Bhutto, quien estaba hoy en Dubai pero por la noche volvió a su país.