El Estado es el responsable, señalan investigaciones de los sobrevivientes

Campaña mediática del gobierno en favor de los culpables de la masacre de Acteal

Hermann Bellinghausen

El Estado mexicano “es responsable de la masacre de Acteal”, según se desprende de las denuncias, investigaciones y diligencias emprendidas por los sobrevivientes del ataque paramilitar del 22 de diciembre de 1997 y sus representantes legales, y de los numerosos hechos previos relacionados que condujeron a la muerte de decenas de indígenas y el desplazamiento de miles más en el municipio de Chenalhó, Chiapas, a partir del 19 de agosto de 1996, cuando fueron asesinados seis jóvenes bases de apoyo del EZLN (las primeras víctimas), y durante la segunda mitad de 1997.

La sociedad civil Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) han asumido desde entonces la defensa de los sobrevivientes, efectuando todos los procedimientos para que se ejerza justicia contra los autores materiales e intelectuales de la violencia que asoló el territorio tzotzil hace ya 10 años.

De acuerdo con Las Abejas y el CDHFBC, los acontecimientos fueron responsabilidad del Estado mexicano por acción, “porque la masacre fue producto de una política de Estado deliberada y encaminada a exterminar al EZLN, a sus bases de apoyo y a cualquier persona u organización de la sociedad civil cuyas demandas incomodaran al gobierno”.

Además, hubo responsabilidad por omisión, “porque mientras ocurría la masacre, la policía de Seguridad Pública se encontraba a escasos 200 metros del lugar de los hechos, sin que interviniera para evitar su consumación, y porque autoridades del gobierno de Chiapas fueron advertidas del inminente riesgo de la masacre y no actuaron en consecuencia”.

En un reporte jurídico dado a conocer este jueves, el CDHFBC destaca asimismo la responsabilidad gubernamental por dilación y denegación de justicia, “porque ha negado el derecho de conocer la verdad de los hechos, pues no se han agotado las líneas de investigación relativas a la implementación de una estrategia contrainsurgente”.

También porque los recursos legales interpuestos “han resultado totalmente ineficaces”. A 10 años de la masacre, aún hay causas penales abiertas, y los juicios se han extendido excesivamente, lo que ha desgastado a los familiares y testigos, precisa el informe.

A esto se añade que los autores intelectuales no han sido castigados, aún existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y “no han sido tomadas las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, entre las que estaría el desarme de los grupos paramilitares”. Sólo una de las sentencias que han quedado firmes condena a uno de los acusados a pagar reparación del daño a los familiares de los extintos.

El caso ha llevado un seguimiento internacional, particularmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2005 fue presentada ante la CIDH la petición contra el Estado mexicano por la masacre ocurrida en Acteal. Los peticionarios fueron sobrevivientes y lesionados de la masacre, familiares de las personas fallecidas, la sociedad civil Las Abejas a través de su mesa directiva y el CDHFBC, organismo que preside el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García. En marzo de 2005, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH informó que la petición había sido recibida “y que se encontraba bajo estudio para posteriormente trasmitir el documento al Estado mexicano a fin de que éste emita su respuesta”.

En febrero de 2006, la CIDH informó que había trasmitido las partes pertinentes de la petición al gobierno de nuestro país, fijando un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. Ahora, desde agosto del presente año, Las Abejas y el CDHFBC están en espera de que la CIDH “se pronuncie por admitir el caso para entonces pasar al estudio de fondo”.

Lejos de estar cerrado el caso, como pretendieron los sucesivos gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox, ahora surge una campaña jurídica y mediática, al parecer animada por el actual gobierno de Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional, que busca exculpar a los autores materiales de la masacre (muchos de ellos en prisión, pero no todos), y sobre todo liberar de responsabilidades al Estado mexicano. En particular se beneficiarían el ex presidente Zedillo y los funcionarios federales y mandos militares que los denunciantes consideran responsables. Esto alcanza al gobierno chiapaneco de Julio César Ruiz Ferro (1995-1998) y numerosos funcionarios suyos que renunciaron a sus cargos luego de la matanza pero que no han rendido cuentas ante la justicia federal ni los organismos internacionales competentes.