El ex presidente argentino firmó decretos para esa operación entre 1991 y 1995
Investigan a Carlos Menem por un atentado para encubrir la venta ilegal de armas
Para “borrar huellas” fue dinamitada la fábrica militar de Río Tercero, que dejó siete muertos
Buenos Aires, 2 de noviembre. El ex presidente Carlos Menem será indagado el mes próximo en el contexto de la causa que investiga la trágica explosión de la fábrica militar de Río Tercero, que en 1995 dejó siete muertos, más de 300 heridos y destrucción de casas, en una acción destinada a “borrar huellas” sobre la venta ilegal de armas y proyectiles desviados a Bosnia y Ecuador, para violar normas internacionales.
El 3 de noviembre de ese año, la explosión de la fábrica militar ocurrió cuando ya se sabía que el gobierno había incurrido en un delito a escala internacional al vender armas mediante triangulaciones falsas a países que estaban en conflicto.
Las armas y proyectiles fueron vendidas entre 1991 y 1995 y se presentaron certificados sobre su presunta venta a Bolivia y Panamá, que se demostró eran falsos.
El escándalo sacudió al gobierno de Menem, cuya firma figura en los “decretos secretos” que autorizaban esta venta ilegal. Durante las investigaciones en esos años, además, varios testigos claves murieron en forma violenta.
Menem comparecerá ante un juez federal en Río Cuarto, Córdoba. También está citado Norberto Emmanuel, ex subinterventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
En octubre pasado se procesó a otros oficiales militares, como Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Antonio Cornejo Torino, Oscar Nicolás Quiroga y Marcelo Diego Gatto.
Esta causa tuvo muchos altibajos incluso un intento por prescribirla cuando el juez, Diego Estévez, intentó terminar con los procesos y fue suspendido por el Consejo de la Magistratura, que cuestionó los fundamentos básicos de su resolución que declaraba “accidental” la explosión, cuando todas las investigaciones apuntaron a que fue provocada.
También esperan a Menem y varios de sus allegados otros juicios como el que pretende esclarecer su responsabilidad al desviar la investigación sobre el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, en 1994, que dejó más de 80 muertos.
En otro orden, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido en el mundo por su trabajo para identificar detenidos desaparecidos, está recibiendo decenas de llamadas de familiares de víctimas pues el grupo anunció la puesta en marcha de la Iniciativa Latinoamericana para Identificación de Desaparecidos, después de un acuerdo aquí con el gobierno nacional.
No sólo esperan recoger estas muestras para el banco sino entablar un mayor contacto con los familiares para tener mejor información sobre las víctimas.
En estos momentos hay 600 restos que serán sometidos a identificación por los profesionales del EAAF. Hay gran expectativa entre los familiares de unos 30 mil desaparecidos en Argentina.
La campaña gratuita asegura también la confidencialidad necesaria en estos casos. “La difusión pública de una identificación depende exclusivamente de la decisión de los familiares”, señalan voceros de EAAf.
Otro tema clave en estas horas en derechos humanos es el doloroso desfile de testigos y víctimas sobrevivientes del centro clandestino de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) –donde desaparecieron unas 5 mil personas– en el primer juicio oral que se realiza en esta capital, caso en que es acusado el prefecto Héctor Febres, que tiene en su haber secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
Los testimonios son impactantes. La maestra Cristina Inés Aldini fue secuestrada junto con su pareja, Alejo Alberto Mallea. Entre las torturas a las que fue sometida figuró la presentación del cadáver de su compañero que fue asesinado en la Esma donde ella estaba detenida, a quien además de los signos de tortura que mostraba le habían disparado dos tiros en la cara, uno “ de gracia” en la frente .
Por el tribunal desfilan cada día las víctimas en un trámite desgarrante. Algunos abogados piden que se unifiquen las causas, porque los mismos testigos deberán volver a revivir su calvario cuando otros marinos de la Esma sean juzgados.
En este juicio surgió también el tema de cómo los sobrevivientes de las torturas fueron utilizados para trabajos esclavos. Uno de los más aberrantes fue el traslado desde la Esma a una casa del horror llamada El Silencio en una isla del Tigre, donde fueron asesinados muchos de los desaparecidos.
A las víctimas se les hizo reacondicionar el lugar para que no hubiera huellas de que había funcionado otro centro clandestino, cuando lo iba a visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El predio perteneció a la Iglesia católica.