El discreto encanto de la restauración
El tribunal y la calificación. El momento clave de los conflictos poselectorales el año pasado no fue el 5 de septiembre, cuando el TEPJF declaró válidas las elecciones y por tanto presidente electo a Felipe Calderón. Tampoco lo fue cuando la coalición que se articuló alrededor de AMLO consideró ilegítimo a Calderón, impulsó la Convención Nacional Democrática el 15 y 16 de septiembre y nombró a López Obrador presidente legítimo con un gabinete paralelo. Antes, el 5 de agosto el TEPJF dictaminó respecto de los alegatos del PRD sobre irregularidades en las elecciones presidenciales y su solicitud de un recuento total de votos. A través del voto unánime de los siete magistrados, el TEPJF aceptó realizar un recuento parcial. Como sabemos, el resultado del recuento parcial fue la anulación de 237 mil 736 votos de un total de 4 millones de votos recontados. Más importante, de acuerdo con su dictamen, fue que no encontró base alguna para inferir un patrón deliberado y determinante de fraude que hubiera alterado los resultados finales.
El momento clave no se jugó ni en las calles ni en los tribunales, sino durante el mes de agosto, en los cafés, las cantinas, las reuniones privadas –el llamado smoking-room de los estadunidenses. Un espectro atrapó la fantasía de parte de la clase política. ¿Qué tal un interinato?
El interinato. Para muchos parecía una solución idónea frente a lo que aparecía desde entonces como una verdad incontrovertible. Calderón encabezaría un extremadamente debilitado gobierno. Debilitado por la forma en que había desmadejado Fox al poder del Estado durante su sexenio. Debilitado porque no había ganado con una coalición armada y articulada en un horizonte de largo plazo; sino como consecuencia de una estampida histérica de un pequeñísimo y poderoso sector del empresariado. El rechazo al posible triunfo de AMLO generó también una poderosa reacción en un segmento de gobernadores priístas que veían naufragar a su candidato y su campaña, e igualmente temían el triunfo de la coalición amloísta. Por su parte, el poderoso SNTE y su lideresa, quien desde las elecciones de 2000 había asumido su nuevo papel de pretendido fiel de la balanza, encontró en la debilidad de Calderón una entrada para aumentar su poder en el Estado mismo. Algo similar ocurrió con la jerarquía eclesiástica católica, nunca conforme con la existencia de un Estado laico.
El acuerdo imposible, pero a la mejor no tanto. Pero para el interinato se requería dos condiciones. Uno, que el TEPJF recurriera a la “causa genérica de anulación” de las elecciones presidenciales. Dos, que el Congreso de la Unión se instalara y conforme con los artículos 84 y 85 constitucionales nombrara a un presidente interino y después convocara en un periodo no menor a 14 meses ni mayor a 18 meses a nuevas elecciones para que el entonces Presidente asumiera el gobierno por el resto del mandato de seis años. Es decir, se requería un acuerdo entre el PRD y el PRI. Pero la dirigencia priísta traumada por su fuerte derrota en las elecciones temía aun más el acuerdo con el PRD de López Obrador. Porque el potencial de la movilización de masas ha sido siempre más preocupante para el PRI que incluso para el PAN. El PRI en su largo gobierno presidencial sabe bien de qué se trata.
En cambio la enseñanza que obtuvieron muchos actores de ese momento fue única. ¿Qué tal si se modifica la correlación de fuerzas y se gobierna desde el Congreso jugando la tercera fuerza electoral el papel aglutinante? ¿Querían parlamentarismo? Pues ahí les va envuelto en la toga de la restauración conservadora.
Pero hay otra narrativa posible. Habiendo logrado un acuerdo decisivo con la reforma electoral producto de incentivos de distinta naturaleza, las principales fuerzas se encaminan a establecer condiciones de gobernabilidad en un contexto de alta competencia electoral, partidos políticos débilmente implantados nacionalmente, condiciones económicas marcadas por el estancamiento de más de dos décadas. Vale la pena expresar algunas posibles razones por la cuales se arribó al consenso respecto a la ley electoral. Hay desde luego un componente de venganza contra la actuación de algunos consejeros del IFE tanto de parte del PRD como del PRI, y también de un sector del PAN. Por otra parte la llamada de alerta para toda la clase política debido al creciente poder de los medios de comunicación que todos los actores políticos prohijaron de distintas formas. Finalmente el mismo desprestigio que aparecía en los sondeos de opinión respecto de los partidos y del Congreso. A lo anterior cabría un elemento adicional. Quizás es suponer demasiada sofisticación de estas dirigencias políticas, pero ante el cálculo de la imposibilidad que emerja una fuerza mayoritaria y confrontados por mayor parálisis y desgaste como la existente desde 1997; decidieron avanzar en un terreno en el cual los tres agrupamientos tenían algo que ganar. El problema ahora es desde cuál terreno continuar el nuevo diseño de gobernabilidad y que les permita mantener el consenso de las tres fuerzas principales.
Desde el lado del Congreso se atisban dos ámbitos de deliberación relacionados con la reforma penal y con la continuación de la reforma del Estado particularmente en lo que se refiere al balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. Siguen estando pendientes en la agenda de muchos las cruciales reformas fiscal, energética y laboral. Pero también para muchos otros el punto de partida es una política económica que ponga en el centro la atención a las necesidades fundamentales de la ciudadanía. Pobreza y desigualdad social serían aquí los temas centrales.
Pero el hecho es que mientras la restauración conservadora como propósito y guía política está bien enraizada en nuestra historia y nuestras prácticas políticas, la consolidación democrática apenas atisba en nuestras fantasías y en nuestros muchos pero dispersos aprendizajes ciudadanos. Sólo un conjunto de acciones dramáticas pueden cambiar esta inercia. Es lo que he venido llamando el compromiso histórico.