Procuraduría Social del pueblo
La Procuraduría Social del Distrito Federal surgió en 1989, como un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, y con un elevado nivel de autonomía legal, frente a las demás autoridades del gobierno. Tiene entre sus atribuciones incluso la de sancionar económicamente a las instituciones y funcionarios públicos que no cumplan con sus recomendaciones.
Considerando que uno de cada tres habitantes en la ciudad de México vive en condominio, su labor es muy importante para la mejor organización condominal y para la creación de una cultura basada en una convivencia solidaria y en un manejo constructivo de los conflictos que surgen en la vida cotidiana entre vecinos.
En la etapa iniciada con el actual gobierno, se pretende fortalecerla en su mandato de coadyuvancia en la aplicación de la Ley del Régimen de Propiedad en Condominio para la Ciudad. Por ello, en coordinación con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en las próximas semanas realizará una consulta en las unidades habitacionales de interés social, para conocer las principales propuestas de modificación a la ley condominal, que le permitan fortalecer sus facultades y mejorar su capacidad de intervención y mediación.
La procuraduría es también la institución encargada de llevar adelante uno de los programas más importantes del gobierno de la ciudad, para hacer realidad el derecho a una vivienda digna: el denominado Ollin Callan, de apoyo a las unidades habitacionales de interés social.
Sin embargo, lo más importante de la nueva gestión estriba en retomar a plenitud todas y cada una de la facultades que la ley le otorga como defensoría del pueblo. La procuraduría no busca con ello competir con las instituciones ya existentes para proteger los derechos humanos, sino más bien ocupar el espacio que le corresponde y llenar el vacío que existe con respecto a la necesidad de una institución que promueva y proteja los derechos sociales de los habitantes de la ciudad de México.
Para ello está desarrollando dos líneas de trabajo fundamentales: la promoción de los derechos sociales (su difusión y transversalidad en los programas y políticas sociales), y su defensa mediante la modernización de los procesos de recepción y resolución de quejas, para garantizar su cumplimiento y la prestación oportuna y eficiente de los servicios públicos.
La procuraduría es, en efecto, la institución a la que pueden acudir los ciudadanos para presentar sus quejas e inconformidades por actos u omisiones relativas a la prestación de los servicios a cargo de las autoridades y dependencias de la administración pública del Distrito Federal, e incluso de concesionarios y permisionarios. Puede orientarlos en asuntos administrativos, jurídicos, sociales e inmobiliarios, así como en trámites relativos al desarrollo urbano, la salud, la educación y cualquier otro servicio público.
Es también autoridad frente a otras dependencias para requerir información e instrumentar las investigaciones requeridas por el trámite de las quejas, y tiene facultades para formular recomendaciones, si la autoridad no justifica su actuación conforme a derecho, o cuando la repercusión de una problemática social y/o la actuación de una autoridad produzca irritabilidad generalizada. Tiene también facultades para promover cambios administrativos y regular o desregular las funciones de la administración pública en el ámbito de su competencia, por medio de la simplificación de trámites o requisitos que no son esenciales conforme a la normatividad vigente.
En un contexto lleno de retos y desafíos para la construcción de un proyecto alternativo de nación, que tenga como centro y eje transversal la vigencia y exigibilidad de todos los derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas del país, la procuraduría busca ahora retomar y proyectar su carácter de defensoría social del pueblo, asumiendo plenamente su mandato. Por su naturaleza legal, quiere reforzar sus atribuciones de ser coadyuvante para orientar y defender a la ciudadanía en el cumplimiento de sus derechos sociales, y mejorar e impulsar todos aquellos cambios necesarios que permitan mejorar los servicios y programas del gobierno, entre ellos aquellos que se le transfieran en virtud del programa de descentralización nacional y por disposición legal, como son, de manera señalada, los relativos a la salud y la educación.
El Consejo Ciudadano, instalado el pasado 18 de septiembre, y del que forman parte académicos, militantes de organizaciones civiles y líderes sociales, será sin duda un espacio de trabajo colectivo que permitirá a la Procuraduría alcanzar estos fines, que son coincidentes con los objetivos por los que han trabajado por años las organizaciones defensoras y promotoras de los derechos humanos.