Acteal: volver a morir
Para quienes vivimos de cerca los acontecimientos en Chiapas, es doloroso e insultante que se “reviva” la matanza de Acteal en una discusión centrada en la responsabilidad de los autores materiales, la mayoría encarcelados, y no en la de los autores intelectuales, todos libres, o en las instituciones que fallaron en contra de las víctimas.
Ha sido ampliamente documentada la existencia de grupos paramilitares en Chiapas. En su formación y funcionamiento tuvieron gran responsabilidad los más altos niveles de mando en el país y las autoridades estatales. Hay que recordar que desde 1994 las autoridades de todas las jerarquías usaron un lenguaje que desembocaba en lo mismo: destruir al EZLN y su influencia en otros movimientos que resurgían en todo Chiapas.
En 1995, mientras Ernesto Zedillo enviaba a su secretario de Gobernación a la selva con una carta en la que decía “queremos dialogar”, se trató de aprehender a la dirigencia del EZLN. Las consecuencias de esta acción no se hicieron esperar: cientos de simpatizantes zapatistas fueron desplazados, la presencia militar en la región creció hasta alcanzar 250 posiciones militares.
Julio César Ruiz Ferro gobernó para una región de Chiapas, mientras que en la del “conflicto” lo hicieron los mandos militares. Se diseñó una estrategia de guerra, donde las fuerzas de la seguridad pública y el Ejército toleraban y preparaban a los grupos paramilitares en todo el estado. El Ejército los protegía. Se agredió a los simpatizantes zapatistas más débiles, tal y como indican los manuales de GBI (guerra de baja intensidad).
Los miembros de estos grupos fueron vistos armados y uniformados, y adiestrados por ex militares o ex policías, algo comprobado incluso por la PGR, como consta con el autodenominado Máscara Roja en el informe sobre Acteal.
Simultáneamente se apoyaron proyectos productivos, como el de 4 millones 600 mil pesos que el gobierno de Ruiz Ferro otorgó a la organización Paz y Justicia en la zona norte. En el acto desarrollado en El Limar, en julio de 1997, estuvo como testigo de honor el comandante de la séptima región militar, Mario Renán Castillo. El dinero sirvió para comprar armas, como ha sido denunciado por militantes de Paz y Justicia que decidieron abandonar la organización cuando se enteraron de las intenciones “verdaderas” de la organización.
Con esta estrategia la organización se fortaleció, pero también el número de desplazados creció a 8 mil. En Chenalhó llegó a 12 mil, porque todos aquellos que no aceptaron convertirse en agresores de los zapatistas prefirieron huir para evitar las represalias. De ahí nació el concepto oficial de “autodesplazados”.
En Chenalhó y el Norte, el partido del Frente Cardenista está “casualmente” involucrado en la formación de los grupos paramilitares. Manuel Anzaldo aparece en constantes referencias de los campesinos cuando cuentan cómo dejaron de ser priístas y se convierten en cardenistas y luego en enemigos de los zapatistas.
El cierre de los templos, la agresión a don Samuel Ruiz, los discursos de los líderes de Paz y Justicia que repetían a sus seguidores que “no debían dejarse influenciar por ideas externas que les llevaba la Iglesia y debían rescatar su pasado chol”, eran el reflejo de lo que ocurría en el norte de Chiapas. También fue expresión de esta situación la agresión constante contra Las Abejas o los simpatizantes zapatistas y perredistas de Chenalhó, estas últimas, acciones ocurridas de mayo a diciembre de 1997 en la región de Yabjteklum, Polhó y Los Chorros.
Ahora se pretende afirmar, tal como hizo la PGR, que el hecho de que los muertos previos a la masacre son mayoritariamente cardenistas o priístas prueba que los responsables son los zapatistas. Sostener esa versión es muestra del desconocimiento de lo que sucedió, o un intento por liberar a los responsables materiales y evitar que se involucre a los intelectuales.
Los sobrevivientes de Acteal y los habitantes del municipio autónomo de Polhó, así como antiguos cardenistas que no aceptaron la presión para convertirse en enemigos zapatistas, comentan que “los cardenistas y priístas muertos fueron asesinados por los propios caciques priístas y cardenistas. Los mataron porque no quisieron cooperar y armarse para enfrentar a los zapatistas o porque había que matarlos para responsabilizar a los zapatistas y así hacer creer que éstos era asesinos y malos”. Esto encaja con la versión de Las Abejas, cuando aseguran que fueron amenazados por los grupos armados para no ser asesinados; incluso tuvieron que robar a sus propios compañeros y entregarles el fruto del robo a los líderes paramilitares. Vivieron esta agresión durante muchos meses hasta que se resistieron a continuar con esta práctica y sus casas fueron quemadas y tuvieron que huir para no ser asesinados.
La policía estatal protegió a los priístas y cardenistas como ellos mismos declararon ante la PGR. Las historias de los sobrevivientes, que estuvieron 12 horas escondidos para no ser asesinados, demuestra la complicidad de la policía y el Ejército, que estaban a unas cuantos metros de la masacre.
¿Cómo explicar que las víctimas de esta matanza eran simpatizantes zapatistas, pero no zapatistas, más relacionados con la Iglesia y la oración que con grupos proactivos de derechos políticos y sociales? Si, como indican las conclusiones de la PGR, los grupos se armaron para la autodefensa y sus defensores, ¿por qué los muertos no fueron integrantes de los supuestos grupos armados zapatistas?
Es cierto: no están todos los culpables en la cárcel, pero los que están confesaron su culpabilidad y fueron señalados por las víctimas o se denunciaron unos a otros. Los culpables intelectuales de la matanza en todos los niveles deberían acompañar a los asesinos materiales, pero parece ser que, para algunos, eso es secundario.
* Dolores Camacho es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México-PROIMMSE y Arturo Lomelí profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas-Facultad de Ciencias Sociales