Pretende desviar señalamientos contra su titular por pederastia, asegura Vizcarra Mayorga

“Complot” de la PGJ de Jalisco, los delitos que me imputa: edil panista

El alcalde de Tonalá confirma vigilancia de agentes encubiertos en casa de su madre y en sus negocios

La dependencia se deslinda de usar de “chivo expiatorio” al presidente municipal

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 30 de octubre. El presidente municipal de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, acusó este martes al procurador de Justicia del estado, Tomás Coronado Olmos, de montarle “un complot” para involucrarlo en homicidio calificado y control de mafias dedicadas al uso ilegal de máquinas tragamonedas y venta de droga al menudeo. Con lo anterior, Coronado Olmos supuestamente alejaría de sí los reflectores tras los señalamientos que lo involucran en presuntos actos de pederastia.

En agosto pasado, el procurador fue señalado dentro de la averiguación previa contra Martín Aguirre Aguirre –entonces funcionario del ayuntamiento de Guadalajara, actualmente prófugo–, quien es acusado de violar a una menor. El fiscal estatal al parecer acudió a una fiesta donde otra menor de edad le practicó sexo oral, según el testimonio de la joven que supuestamente sufrió el estupro por parte de Aguirre.

La averiguación continúa abierta porque aún se desconoce el paradero del funcionario del municipio capitalino, quien de entrada obtuvo licencia al cargo, pero ya no se presentó cuando hace unas semanas se cumplió el periodo solicitado. Al no existir acusaciones directas contra el procurador Coronado Olmos, el gobernador Emilio González Márquez ha evitado integrar una fiscalía especial, como se comprometió a hacer si las evidencias lo requerían o si existía denuncia formal.

El gobernador, quien el lunes por la noche hizo una aparición en los canales locales de televisión para decir que el gobierno “no es tapadera de nadie”, declaró también que por mandato constitucional no habrá vigilancia sobre Vizcarra Mayorga para impedir que escape mientras se realiza el juicio de procedencia para desaforarlo, lo que podría programarse este jueves en sesión extraordinaria del Congreso del estado.

No obstante, el alcalde tonalteca confirmó que en casa de su madre y en sus negocios personales, él y su equipo de seguridad han detectado la presencia de agentes encubiertos que lo vigilan; afirmó que las actuaciones que se consiguieron con los detenidos, en las que él que resulta incriminado, fueron obtenidas mediante tortura.

“Panismo avergonzado”

El presidente local del blanquiazul, Eduardo Rosales, dijo que el panismo jalisciense se siente avergonzado por lo que sucede en Tonalá, donde el 24 de abril fue asesinado Carlos Romo Guízar, quien fue director de Mejoramiento Urbano, homicidio que, según concluyó la procuraduría, tiene marcas claras de la participación del alcalde.

Rosales informó que además se inició un procedimiento interno para expulsar del PAN a Vizcarra Mayorga y al secretario general del ayuntamiento, Ricardo Sigala Orozco –también presidente del comité municipal del albiazul en Tonalá, quien actualmente está prófugo–, ambos acusados del asesinato, y la instrucción a los diputados blanquiazules es que voten en favor del desafuero.

Rueda de prensa incómoda

“Yo soy chivo expiatorio de la procuraduría del estado (…) yo señalo directamente al procurador (Tomás Coronado Olmos), y si no es él, es la gente que depende de él y que de alguna manera está tapando con una cortina de humo los asuntos que se están ventilando en la procuraduría, y a todos nos ha dejado en claro que es un distractor por el asunto del señor procurador (los señalamientos de pederastia)”, dijo el alcalde en rueda de prensa esta mañana.

Tratando de mantener serenidad, el alcalde tonalteca agregó: “Las declaraciones (a los cinco detenidos) fueron conseguidas con tortura; existen los elementos para determinar que las personas que están haciendo un señalamiento de su servidor fueron torturadas; además quiero hacer público que se encuentra desaparecido el ciudadano Rubén Darío Gómez Madrid, quien fungió como director de Inspección y Reglamentos hasta el pasado 15 de octubre, donde también fue víctima de tortura, se le obligó a firmar hojas en blanco por parte de la procuraduría, bajo amenazas de que le iba a pasar algo a él y a su familia si no cooperaba”.

Las declaraciones de Gómez Madrid y el detenido Omar Melquiades Fajardo (quien fue director de Inspección y Reglamentos hasta julio pasado) son los indicios más fuertes que tiene la PGJE para implicar al edil de Tonalá en hechos delictivos.

Según las aseveraciones, el alcalde y el secretario general Fernando Sigala, además del entonces director de la policía de Tonalá, Miguel Magaña, se reunieron el 12 de abril pasado en un restaurante de ese municipio, donde el alcalde ordenó directamente el asesinato de Carlos Romo Guízar. El edil dijo que en esa fecha él se encontraba en Los Angeles, California, como se puede comprobar al revisar su agenda pública.

“La verdad es que no confío en la PGJE, no confío cómo se integró la averiguación previa, no solicito licencia al cargo de presidente municipal porque no he cometido absolutamente ningún delito, ni ahora, ni antes, ni a lo largo de mi vida. Me crié en una familia de valores, de honestidad, y eso es para lo que nos preparamos toda nuestra vida, para poder hacer de Tonalá, cuando se nos diera la oportunidad de ser alcalde, un municipio de vanguardia”, asentó.

También manifestó que, contrariamente a lo declarado por el gobernador González Márquez de que se respetaría el fuero del que goza actualmente, “en la casa de mi mamá ha habido rondines de la PGJE, en los negocios también; me ha tocado ver a personal en vehículos no oficiales en los alrededores de la presidencia municipal, pero en ese sentido por mí no se apuren; creo que sí hay delincuentes afuera en las calles, que son a los que deben aprehender, y no a un servidor”.

Previamente a la sesión de preguntas y respuestas, Vizcarra Mayorga leyó una carta de su abogado Urías González Esqueda, quien anunciaba su renuncia a continuar como su defensor, entre otros motivos, por tratarse de un juicio sumario con “las acusaciones más perversas, los señalamientos más ruines, las bajezas más horrendas”, y por haber sido amenazado por supuestos elementos de la PGJE.

No fue una investigación amañada: procuraduría

Por la tarde, mediante un comunicado, la PGJ del estado se deslindó de encabezar un complot para incriminar al alcalde.

Carlos Alberto Rayas Rodríguez, jefe de la división de homicidios intencionales, dijo que la indagatoria fue integrada con cerca de cien testimonios e indicios que incriminaban al alcalde.

“El Ministerio Público ha ejercitado acción penal contra otros de los presuntos involucrados; las consignaciones han sido avaladas por jueces de lo penal mediante el otorgamiento de las órdenes de aprehensión solicitadas por la fiscalía. Se resalta también que durante las investigaciones se dio derecho de defensa a los inculpados y en todo momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos con personal médico calificado supervisó el estado de salud de los arraigados y respeto a las garantías fundamentales”, dijo al dar lectura al documento.