La Cámara, casi sin tiempo para cumplir el relevo
Frenado, el proceso para elegir a sustitutos de Ugalde y otros dos consejeros del IFE
La Cámara de Diputados se estancó en la definición de las reglas para elegir al sustituto de Luis Carlos Ugalde en la presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral y de dos consejeros más, pues los legisladores cayeron en cuenta de que los tiempos para cumplir el relevo están muy apretados.
Ayer, en la reunión de diputados que debían resolver el tema, se insistió en que al reformar la Constitución, el Senado sólo dejó un plazo de 30 días para el cambio de los consejeros, pero en ese periodo debe reformarse el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para modificar los requisitos de elegibilidad y establecer las normas para la “amplia consulta ciudadana” que debe realizarse para que la sociedad presente propuestas.
También se planteó la dificultad que implicará definir el nombre de los dos consejeros que deberán sustituirse, además de Ugalde. Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN, Héctor Larios Córdova, aseguró que él habló personalmente con ellos y están dispuestos a renunciar.
En el encuentro, los legisladores determinaron resolver el conflicto por tres vías. Primero, solicitar al Ejecutivo, cuando se le envíen los documentos con la aprobación de la reforma constitucional por los congresos estatales, que no publique el decreto de inmediato, sino que utilice los 10 días que concede la Constitución para hacerlo. En este caso, sería la primera vez que la Cámara pida al Ejecutivo retrasar la publicación de una reforma.
Ello permitiría a los diputados avanzar en la redacción de un dictamen en comisiones, que daría paso a la segunda vía: una reforma a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para determinar los requisitos de elegibilidad de los consejeros y que ello permita a la Cámara expedir la convocatoria para la inscripción de candidatos.
En tercer lugar, tendría que modificarse exclusivamente el apartado en el Cofipe para reglamentar la consulta ciudadana.
Sin embargo, ambos dictámenes tendrían que ser aprobados en comisiones y, posteriormente en el pleno, en el lapso en que el Ejecutivo publique el decreto, para cumplir a su vez con el plazo constitucional de 30 días para la consulta y la elección.
Se trataría, explicó el diputado Juan Guerra Ochoa, de dos reformas fast track, que deberán estar aprobadas a más tardar el 10 u 11 de noviembre, pues se espera que este miércoles la mesa directiva de la Cámara envíe al presidente Felipe Calderón la declaratoria de reforma por el Constituyente Permanente.
Respaldó la opción de la reforma a la Ley Orgánica del Congreso, para que ello garantice la “amplia consulta ciudadana”, pues si la convocatoria se retrasa y no se ha emitido cuando el Ejecutivo publique el decreto, ésta se acortará y la opinión será limitada.