Autonomía
Mañana concluye el plazo en que la Junta de Gobierno recibe las propuestas razonadas de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre quién podría ser designado rector. A reserva de conocer la evaluación final de esta parte del proceso, creo no equivocarme al afirmar que ha sido uno de los más tranquilos y con la más numerosa participación de los universitarios. Significa que nuestra casa de estudios enfrenta con madurez el cambio de sus autoridades, combinando una intensa actividad académica y científica, con marcado interés e intensa discusión entre sus integrantes sobre su futuro.
La semana pasada estuvo caracterizada por una importante presencia del gobierno federal en un momento clave del proceso de sucesión en la UNAM. El doctor Juan Ramón de la Fuente tuvo encuentros con el Ejecutivo y el Poder Legislativo. En los últimos días de su gestión, el rector ha buscado garantizar el respeto del gobierno hacia la institución que aún dirige. Asistió a un acto en el que Felipe Calderón reconoció sus logros y los de la Universidad Nacional. También, ante integrantes del Congreso de la Unión, De la Fuente solicitó un incremento del presupuesto no sólo para la UNAM, sino para el conjunto de las universidades públicas.
En el primer caso, a mi juicio, Calderón gana en su búsqueda de legitimidad, y la universidad en el respeto a sus procesos internos y su autonomía. En el segundo, queda claro que, aun cuando su gestión está por concluir, la máxima autoridad universitaria trabaja con responsabilidad para que la institución cuente con los recursos suficientes para arrancar el siguiente periodo. Lo anterior muestra cuáles son algunas de las tareas de un rector que, en ocasiones, dicho coloquialmente, tiene que comer sapos.
Algunos analistas han criticado las reuniones de aspirantes a la rectoría con integrantes del gobierno de Calderón. En particular, se ha especulado sobre los significados de los encuentros de José Antonio de la Peña y José Narro Robles con Juan Camilo Mouriño, jefe de la oficina de la Presidencia. La conclusión simplista es que con ello se compromete la autonomía. Yo creo que no. Hay que identificar primero de dónde vino la iniciativa para sostener esas reuniones. Resulta claro que al calderonismo le interesa lo que ocurre en la UNAM y quiere identificar algunos escenarios futuros de su relación con ella. ¿Por qué? Porque las universidades son vistas como fuentes potenciales de conflicto. Se trata de uno de los sectores más críticos de nuestra sociedad, cuyo peso en las transformaciones del país se hace patente con la apertura reciente del Centro Cultural Tlatelolco, a unos pasos de la Plaza de las Tres Culturas.
El gobierno de Calderón no tiene posibilidades de intervenir en este proceso de sucesión de rector, aunque lo va a intentar. Puede decirse que la universidad está blindada. Conozco a algunos integrantes de la Junta de Gobierno y han dicho que no están recibiendo presiones, y de haberlas serían rechazadas. Así lo ha afirmado públicamente Manuel Peimbert, presidente de la junta, y le creo. Además, de existir esa injerencia, dadas las actuales relaciones entre la UNAM y el gobierno, se harían, de una u otra forma, del conocimiento público. Los candidatos a la rectoría acuden o no a las reuniones a las que son invitados, escuchan los planteamientos que se les formulan y están obligados a defender los principios universitarios, en particular el de la autonomía.
Por ejemplo, Narro Robles, en reunión sostenida hace dos semanas con investigadores en el Instituto de Astronomía, señaló que uno de los significados de la autonomía es la distancia de los poderes. En una parte de su intervención señaló que quienes lo conocen saben que en la defensa de los principios universitarios él hablaría “hasta con el diablo”. Estuve en esa reunión junto con muchos otros universitarios.
No soy adivino, pero los intentos del gobierno de Felipe Calderón por intervenir en el proceso de cambio de rector se manifestarán en los próximos días con expresiones en los medios de comunicación, en los que el elemento central será la combinación entre la descalificación y el chantaje en un momento en el que todo queda en manos de la Junta de Gobierno.