Homicidio, delincuencia organizada y abuso de autoridad, cargos que se imputan al panista

Promueve la PGJ de Jalisco juicio para desaforar al alcalde de Tonalá

Hecho lamentable, pero el gobierno no será tapadera de nadie, afirma González Márquez

No tengo de qué avergonzarme ni me voy a esconder porque son puras mentiras, dice el edil

Juan Carlos G. Partida (Corresponsal)

Guadalajara, Jal., 29 de octubre. Por tener evidencias sobre la posible responsabilidad intelectual del presidente municipal panista de Tonalá, Jorge Vizcarra Mayorga, en el asesinato cometido el 24 de abril pasado contra Carlos Romo Guízar –quien fue director de mejoramiento urbano de ese municipio–, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) pidió este lunes al Congreso del estado juicio de procedencia para desaforarlo y poder ejercitar acción penal contra él, tras acusarlo además de delincuencia organizada y abuso de autoridad en agravio de la sociedad.

El gobernador Emilio González Márquez, después de lamentar el rumbo que ha tomado el caso pues “yo participé en campaña con muchos de los que ahora están señalados”, indicó que la solicitud hecha es porque “queremos dar el mensaje hacia adentro del Ejecutivo local de que este gobierno no se presta a ningún acto irregular, y a la sociedad de que este gobierno no es tapadera de nadie”.

Afirmó que mientras el Congreso resuelve si procede el juicio de desafuero, no habrá vigilancia especial sobre el presidente municipal para evitar su posible desaparición, porque “el alcalde goza de fuero constitucional y nosotros no hemos de violarlo”.

El homicidio a balazos perpetrado contra Romo Guízar abrió de par en par las puertas del escándalo que a partir de entonces ha sacudido los cimientos del municipio ubicado al extremo oriente de la zona metropolitana de Guadalajara.

La actual administración comenzó sus funciones con el año; el 8 de febrero empezaron a verse indicios de que algo ocurría con sus funcionarios, luego de que el síndico Leonel Andrade Padilla sufrió un atentado a las afueras de su casa.

En abril asesinaron a Romo Guízar y días después capturaron a varios funcionarios del municipio y presuntos sicarios, quienes fueron arraigados y ya se les dictó orden de aprehensión; hasta la fecha se encuentran confinados en el penal de Puente Grande.

Las actuaciones que se consiguieron con las declaraciones de estos personajes desembocaron en la posible participación del presidente municipal Vizcarra Mayorga y su secretario general, Ricardo Sigala Orozco, actualmente prófugo y, no solamente en el atentado y el crimen, sino en una red de mafias internas en el ayuntamiento que producían cuantiosas ganancias a diversos funcionarios por la operación ilegal de máquinas tragamonedas, la entrega de permisos municipales a vinaterías y hasta el tráfico de enervantes al menudeo.

Este lunes, el procurador Tomás Coronado Olmos informó que la solicitud de desafuero se daba en virtud de los indicios que apuntaban a la responsabilidad de Vizcarra Mayorga en homicidio calificado en agravio de Romo Guízar, y por el perjuicio contra la sociedad también se incluyó delincuencia organizada y abuso de autoridad.

“La procuraduría tomó la determinación de solicitar al Congreso del Estado el juicio de procedencia (penal) contra el alcalde de Tonalá, Jorge Vizcarra, y les quiero informar que en estos momentos va a presentar la solicitud ante el Congreso del estado. De la averiguación previa se desprende que hay participación y una probable responsabilidad (de Vizcarra Mayorga) en el homicidio del señor Carlos Romo Guízar”, dijo Coronado Olmos.

Poco antes de las 14 horas llegó al Congreso la solicitud del juicio de procedencia en dos cajas, que también contienen copias certificadas del total de las actuaciones levantadas y anexos que forman la averiguación previa.

Según el procurador, Romo Guízar fue asesinado durante una disputa por el control de las máquinas tragamonedas y la venta de droga, lo que también abre la posibilidad que la Procuraduría General de la República integre un expediente al tratarse de un delito federal.

La averiguación que ya está en el Congreso fue recibida en la oficialía de partes, de donde el presidente de la mesa directiva, el priísta Jaime Prieto Pérez, la retomará para informar a la junta de coordinación política, donde los líderes de partido determinarán si se cita a una sesión extraordinaria del pleno o se turna a la Comisión de Responsabilidades el miércoles próximo, durante la sesión ordinaria.

El presidente de la Comisión de Responsabilidades, el panista César Madrigal Díaz, detalló que a más tardar en diez días hábiles y no en 40 como estipula la ley, se propondrá presentar el dictamen al pleno para la decisión definitiva, donde bastará mayoría simple para aprobarlo.

Los implicados

El abogado defensor del secretario general de Tonalá, Ricardo Sigala Orozco –contra quien existe orden de aprehensión por las mismas causas y hoy buscó ampliar por un mes más la licencia a su cargo municipal de que goza por “problemas de salud”–, dijo que en tres días más definirán si solicitan amparo contra el requerimiento penal o se presenta ante las autoridades.

En tanto, el alcalde tonalteca, quien reiteró que no dejará el cargo a pesar de todo lo que se ha señalado en su contra, dijo que en cuanto demuestre que no tiene nada que ver en el asesinato de Romo Guízar, automáticamente quedará liberado de los otros dos cargos.

“Yo no me voy a esconder ni a la prensa, ni a los ciudadanos, ni a nadie, porque no tengo nada de que avergonzarme, nunca hemos hecho alguna situación que pueda empañar ni la imagen de mi familia, ni la del municipio, ni la de su servidor.

“Y vuelvo a insistir, si hay alguna responsabilidad por algún servidor público actual que ha estado en el pasado o de alguna otra persona, que se castigue con todo el peso de la ley, porque el homicidio de Carlos Romo no puede quedar impune”.

Lamentó la manera en que la PGJE ha manejado el caso, pues de lo que se ha enterado ha sido por los medios de comunicación, a pesar de que, dijo, se solicitó en dos ocasiones información al procurador para conocer si estaba implicado en la averiguación previa, petición a la que nunca recibió respuesta.

“Si alguien comete un delito lo va a pagar, si alguien malversa fondos del erario lo va a pagar, sin importar los colores”, dijo el gobernador Emilio González Márquez, entrevistado en una gira realizada hoy en Tepatitlán, donde aceptó que le dolía como panista que un correligionario estuviera con presunta participación en hechos delictivos, pero “Jalisco necesita este tipo de medidas”.

–¿Se tomaron medidas para evitar una posible desaparición de Jorge Vizcarra mientras se resuelve el desafuero y evitar que pase lo mismo que con el secretario Ricardo Sigala, quien está desaparecido? –se le preguntó.

–No nos corresponde; nosotros solamente enviamos la solicitud al Congreso, es lo que le corresponde al gobierno del estado, porque una acción de esta naturaleza implicaría que el Ejecutivo se convierta en juez y estar sancionando antes de que se le escuche. Nosotros actuamos según las competencias que tenemos por ley, y éstas nos indican lo que nos corresponde mediante el Ministerio Público: solicitar al Legislativo el inicio de este procedimiento.