Gobierno y Congreso estatales impugnan entrega de agua a Estados Unidos
La SCJN admite controversia de Tamaulipas contra el Ejecutivo federal
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la demanda interpuesta por el gobierno y el Congreso de Tamaulipas contra el Presidente de la República por la presunta venta ilícita de 277 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos almacenados en la presa internacional Amistad, a pesar de que este líquido no forma parte del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y el país vecino.
Las autoridades tamaulipecas acudieron ante el máximo tribunal del país para denunciar, mediante una controversia constitucional contra el Presidente, actos ocurridos en la última semana de septiembre y la primera de octubre.
Dada la trascendencia del asunto, la ministra instructora Olga Sánchez Cordero reconoció además como terceros interesados en el asunto a Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Durango, para que aleguen lo que a su derecho convenga.
Apenas el 4 de septiembre pasado la SCJN decidió ejercer su facultad de atracción para conocer un recurso de revisión presentado el 11 de abril de 2005 por agricultores de Tamaulipas –quienes tienen concesiones para utilizar agua del Río Bravo– contra una propuesta del gobierno mexicano de entregar recursos hídricos a Estados Unidos en cumplimiento de dicho tratado.
De acuerdo con esa demanda, la SCJN debe revisar si la entrega de líquido (510 millones de metros cúbicos) excedía la cantidad pactada entre ambos gobiernos; el pleno decidirá si los agricultores de la asociación civil Hidráulica Los Ángeles y otras agrupaciones campesinas tienen razón al reclamar que el convenio no establece la obligación de entregar el volumen de agua que pretende dar el gobierno mexicano y la fecha señalada por la autoridad.
El recurso de amparo de los agricultores de Tamaulipas fue desechado inicialmente por un juez de distrito, con el argumento de que los quejosos no tenían “interés jurídico”, y cuando iba a ser revisado por un tribunal colegiado, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo propuso que la Corte ejerciera la facultad de atracción, lo cual fue avalado por el pleno.
Por otra parte, la controversia constitucional que presentaron el gobierno y el Congreso de Tamaulipas impugna directamente al Ejecutivo federal “el cierre del ciclo 27 del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre México y Estados Unidos”, mediante el cual dispuso la entrega de 277 millones de metros cúbicos de aguas superficiales “propiedad de la nación mexicana a Estados Unidos, almacenadas en la presa internacional Amistad, no previstas en dicho tratado”.
La demanda cuestiona “la indebida retención y el almacenamiento de los escurrimientos tributarios” a que se refiere el artículo 4 párrafo B del citado tratado, respecto de las presas San Gabriel, Pico de Águila, la Boquilla, Francisco I. Madero (Las Vírgenes), Luis León (El Granero), Chihuahua y El Rejón, ubicadas en la subregión hidrológica 24A, en los estados de Chihuahua y Durango, que forman parte de la región hidrológica 24 Bravo-Conchos, la cual comprende los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Impugna también el acta 234 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, suscrita por México y Estados Unidos el 2 de diciembre de 1969, así como sus actos de aplicación.