El GDF imputa fraude a Marco Antonio Álvarez
Temen funcionarios protección de la PGR a empresario prófugo
El empresario mexicano Marco Antonio Rodrigo Álvarez Alonso, acusado por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) de fraude genérico por más de 18 millones de pesos en perjuicio del Gobierno del Distrito Federal (GDF), litiga su caso desde San Antonio, Texas, donde se encuentra prófugo de la justicia, sin que hasta el momento la Procuraduría General de la República (PGR) haya pedido a Estados Unidos su detención con fines de extradición, revelan documentos oficiales y versiones de funcionarios ministeriales cercanos al caso.
Desde allá, el hermano de Luis Miguel Álvarez Alonso, titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tramitó una demanda de amparo ante una juez federal.
El quejoso obtuvo una suspensión provisional que, sin embargo, no le garantiza evitar la cárcel en caso de que sea detenido en México, porque el delito que se le imputa es grave.
En su demanda de amparo (juicio 989/07), Marco Antonio Rodrigo Álvarez informó a la juez federal Gabriela Sánchez Alonso que teme perder su libertad, y por ello se encuentra fuera del país, en espera de que se le conceda la protección de la justicia.
En tanto, documentos de la PGJDF –de los cuales tiene copia La Jornada– revelan que el inculpado –quien también posee desde 1994 un autorización de la SHCP para fungir de agente aduanal, bajo la cédula o patente número 3251–, junto con Juan Antonio Zárate García, ex director de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas del GDF, habría alterado los precios de la compra de cinco unidades móviles que serían utilizadas por esa dependencia para el cobro de la tenencia.
Zárate fue aprehendido en julio pasado por agentes judiciales y está sujeto a proceso bajo la causa 333/2005 del juzgado 52 penal.
Fuentes gubernamentales federales y del GDF indicaron a este diario que por alguna “extraña razón” la PGR no ha iniciado los trámites de extradición contra Marco Antonio Rodrigo Álvarez, pese a que la procuraduría capitalina ya entregó la documentación necesaria para realizar las diligencias correspondientes.
Entre los funcionarios consultados existe la sospecha de que los lazos familiares del empresario prófugo con el titular del SAE influyan para que el procurador Eduardo Medina Mora y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, no realicen los trámites respectivos ante el gobierno estadunidense para solicitar la captura.
La acusación
En el pliego de consignación de la averiguación previa FAF/163/01-09 por el delito de fraude genérico contra Álvarez Alonso y de Juan Antonio Zárate, la PGJDF informó al juez de la causa que los inculpados “son probables responsables de ese delito y de delito fiscal cometido por servidor público en agravio de la Secretaría de Finanzas del GDF”.
De acuerdo con el Ministerio Público, en 2002 se cometió un fraude por 18 millones 391 mil 591 pesos, en complicidad con la empresa El Cartujo, por la licitación para la compra y el equipamiento de blindajes de vehículos, presentando presupuestos más elevados.
“Se exhibieron recibos de compra de bases de cuatro empresas, y en el acto de aclaración de bases se registraron solamente dos, y curiosamente en el acto de presentación de propuestas y apertura del sobre legal administrativo y técnico la única empresa registrada fue El Cartujo, por lo que se presume la inexistencia” de las otras compañías, refiere el documento de la PGJDF.
“Es fuente principal del engaño que desplegó Marco Antonio Álvarez Alonso para hacerse ilícitamente de un lucro en perjuicio (del GDF) el hecho de que durante el procedimiento de licitación manifestó que el objeto social de El Cartujo contempla la distribución de bienes (para blindaje y seguridad) señalados en el anexo de la licitación pública internacional arriba indicada; situación que se aleja totalmente a la realidad (…), ya que antes del 14 de marzo de 2000 la actividad predominante de El Cartujo era la comercialización y, en general, la explotación de toda clase de productos agrícolas y ganaderos”, agrega el pliego consignatorio.