La promesa incumpida de Sabines
En Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (el Frayba) y la Asamblea Popular de Pueblos (APPCH) han logrado llevar registro de los 78 “presos políticos” de los 14 Centros de Readaptación Social (Cereso) y 10 cárceles distritales de la entidad. Los presos tienen un alto nivel organizativo, agrupados en La Voz del Amate en el penal de Cintalapa, y La Voz de los Llanos en San Cristóbal.
Sus denuncias han permitido rastrear lo que el Frayba denunció en marzo de este año y que revela una situación aterradora dentro de los penales. En los pasados dos años, siete presos han muerto bajo custodia: tres en El Amate, uno en Chiapa de Corzo, un chico de 16 años en el Centro Tutelar de Berriozábal, uno en Tapachula y uno en los separos de la policía de San Cristóbal.
A raíz de los hechos de Viejo Velasco y Nuevo Tila, en los que comunidades de bases zapatistas fueron atacadas por grupos paramilitares que pretenden desalojarlos de sus tierras, ocurridos este año, el Frayba lamenta que con el gobernador perredista Juan Sabines “se inaugura un nuevo capítulo de impunidad y falta de garantías en contra de las poblaciones indígenas”.
Denuncia, asimismo, que el mandatario ha incumplido su promesa de decretar una amnistía; lo que ha promovido es una “ley de libertad con sentencia suspendida”, más limitada que decretos similares, emitidos por sus antecesores Patrocinio González y Pablo Salazar. “Con este tipo de leyes –indican– se evidencia que la persecución y la represión política es facilitada por el sistema y que se ofrece su uso a los gobernantes en turno”.