Tribunal estatal reclasificó delito imputado, señalan
Llevarán a la CIDH caso de pederastia en Oaxaca
Sospechan que hay red de pornografía infantil en la entidad
Oaxaca, Oax., 28 de octubre. La defensa jurídica de tres niños presuntamente violados por el propietario del instituto Miguel de Cervantes –colegio privado ubicado en el municipio Villa de Etla–, Domingo Ramírez Ramírez, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en uno de los casos, reclasificó el delito imputado.
El presunto pederasta Domingo Ramírez, detenido en julio anterior en cumplimiento de la orden de aprehensión 121/2007 girada por el juez penal de Villa de Etla, fue acusado inicialmente de violación equiparada en agravio de los tres menores, ocurrida, según las acusaciones, el 30 de abril de este año.
Ahora, en uno de los casos solamente es procesado por abuso sexual tras la apelación que presentó por conducto de sus abogados Juan Carlos de la Huerta y Félix Pizarro, este último ex delegado en Oaxaca del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en México.
En mayo, Ramírez había sido arrestado en cumplimiento al mandato de aprehensión 64/2007, por el delito de abuso sexual que habría perpetrado contra otro niño, pero salió libre bajo fianza.
“A uno de los menores agraviados (el tribunal superior) lo deja casi en estado de indefensión, a pesar de las pruebas, y no nos queda otra más que recurrir a la CIDH”, aseveró el litigante Juan José Meixueiro Orozco.
El abogado explicó que la primera sala penal del tribunal reclasificó el delito a Ramírez Ramírez, porque supuestamente no se acreditó la violación equiparada, a pesar de que el menor denunció ante el Ministerio Público que se le introdujo vía anal un jabón y una jerga.
En su resolución, a los magistrados “supuestamente no les quedó claro que el procesado introducía esos objetos al niño y, así, modifican el delito imputado por uno de menor penalidad, porque a su juicio solamente eran tocados lascivamente”, señaló Meixueiro Orozco.
Antes de la determinación del TSJE, subrayó, “me entrevisté con su presidente (el magistrado Héctor Anuar Mafud Mafud), para que se cuidara el sentido de la resolución, pero con lo que salió, evidentemente se demuestra que no revisaron bien el caso”.
Descartó que la resolución del tribunal fuera resultado del tráfico de influencias o por corrupción de los magistrados de la primera sala penal.
“Hasta ahora no tenemos pruebas de alguna irregularidad; (creo que) esto obedeció a que no se estudió a fondo la declaración del niño”, comentó.
Demandarán a la PGR atraer casos
El litigante resaltó que, independientemente de recurrir a la CIDH, también solicitará formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que se atraiga este asunto y el del menor presuntamente violado en el instituto San Felipe de esta ciudad, así como otros casos documentados, porque los inculpados, cada vez que cometieron los abusos –según denunciaron los agraviados–, utilizaron cámaras de video y de fotografía para captar los actos.
Aparentemente, señaló, “en Oaxaca existe un red de pornografía y pederastia, y en esto la PGR tiene competencia”.
A su vez, la madre de uno de los menores, quien pidió ser identificada solamente como Soledad, dijo que no presentó la denuncia oportunamente porque la justicia “favorece en muchas ocasiones a quienes tienen dinero. (Pero) ya estoy en esto y voy a seguir hasta donde se pueda, porque no tengo dinero ni influencias”.
Por su parte, la organización no gubernamental Huaxyacac lamentó que en Oaxaca no existan cifras oficiales sobre violencia sexual contra menores.
Informó que mediante un monitoreo en cinco municipios conurbados a esta capital se documentaron 10 casos de violación y embarazos de menores de 13 años.
Señaló que el estudio La necesidad del procedimiento legal de aborto, monitoreo de 10 casos de violación y embarazos a menores de 13 años, elaborado entre abril y julio pasados, surgió tras conocerse la historia de Lucía, de 10 años, embarazada a consecuencia de una violación.
Según el informe, tres niñas de 13 años violadas en los municipios de Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán y Villa de Etla resultaron embarazadas, y una abortó. El monitoreo también incluye testimonios de menores abusadas entre 1999 y 2000.